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El Congreso se une contra la rueda de la SGAE

Los principales grupos pactan una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que refuerce el control sobre las entidades de gestión e imponga la trazabilidad de los ingresos

Asistentes al FIB 2018.
Asistentes al FIB 2018.

El Congreso ha llegado a una nueva unanimidad cultural: hay que salvar la gestión colectiva de los derechos de autor. Los grupos parlamentarios acaban de presentar sus enmiendas que modificarán —otra vez— la Ley de Propiedad Intelectual, para incorporar la orden del Parlamento Europeo, con dos años de retraso. Falta por saber el día de la votación en la Comisión de Cultura, pero los cuatro partidos principales han coincidido en reforzar las exigencias democráticas y mecanismos de control de la SGAE.

Tras el escándalo de “la rueda”, los estatutos presentados por su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y las quejas de los autores ante la opacidad de los mecanismos de recaudación y reparto, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos han creado un articulado con el que pretenden acabar con las malas formas que han llevado a la entidad de gestión de derechos más grande de España a los tribunales.

“Es una buena señal”, dice José Andrés Torres Mora, portavoz de cultura del PSOE. “Es un acuerdo en el que es muy difícil no estar, porque queremos defender la gestión y sus entidades y todos los grupos vamos a despejar las dudas que hay sobre alguna. Es una forma de intervenir en ella con la ley”, añade, para aclarar que los artículos incorporados son una manera de actuar respecto a la SGAE sin que intervenga directamente el Ministerio de Cultura.

Algunos de los portavoces consultados han coincidido en llamarla “reforma anti-Sastrón”. Al leer las propuestas de modificación de los artículos más sensibles a la gestión de los derechos —a falta de su votación en los próximos días— se puede entender el apelativo. La propuesta de Unidos Podemos del artículo 175 obliga a las entidades a “garantizar la trazabilidad del proceso de recaudación y reparto de los derechos”. Por primera vez los titulares de los derechos podrán identificar y seguir todas las etapas de la recaudación, desde el origen al reparto.

De esta manera, explican desde Podemos, la “trazabilidad” impide ocultar la trampa, que es lo que sucede en el mecanismo instalado y consentido de “la rueda”, una trama que generaba ingresos millonarios gracias a la música emitida en televisión de madrugada, que ahora investiga la justicia. “Un sistema de digital de localización de repertorio es lo normal en las entidades serias y ya funciona en las europeas. Queremos que no se recaude a bulto, de manera genérica, que se detalle todo, para evitar las malas prácticas”, añaden.

El objetivo de este artículo es que hacer de la recaudación de los derechos sean “objeto de un reparto directo, independiente y diferenciado para cada repertorio”. La enmienda aclara que para ello, “las entidades de gestión constituirán bolsas separadas de derechos, velando por la transparencia y la eficacia de la gestión”. Esta medida aclarará lo recaudado en la SGAE por los titulares de derechos musicales, teatrales y audiovisuales. El artículo pone punto final a un reparto injusto y está reforzado en el artículo 177, que garantiza “el cumplimiento de los principios de equidad y transparencia”.

El PP no cree que la reforma sea tan drástica. “No partimos de cero, ni es una enmienda a la ley del Gobierno Rajoy. No me parece nada extraordinario respecto a la que presentamos nosotros. Se ha mejorado algo, claro, se refuerzan la transparencia y los mecanismos de control”, explica Emilio del Río, portavoz de Cultura del PP, que destaca que la unanimidad que declararán los principales partidos en las votaciones es un “mérito sobresaliente, sobre todo en tiempos de ruido y furia”. Para Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, esta reforma es producto de haber trabajado “mucho tiempo”.

Además de la trazabilidad, se incluyen dos nuevos conceptos importantes: por un lado, se facilita la movilidad de los autores entre entidades. Hasta ahora, el trámite era similar a apostatar, pero con el nuevo artículo los titulares quedan libres (no de carga). Es decir, si nadie puede ser preso de un banco por haber contratado una hipoteca, los autores podrán negociar la salida de la entidad que gestiona sus derechos sin que la deuda sea un motivo de cautiverio.

Ciudadanos es el autor de la propuesta de enmienda a este artículo (el 158), que dice lo siguiente: “La entidad de gestión no conservará la gestión de los derechos, categorías de derechos, tipos de obras o prestaciones y territorios objeto de la revocación total o parcial aunque la deuda no haya quedado cancelada”.

Esto va a beneficiar a otras entidades, como DAMA, porque los anticipos de derechos adelantados por la SGAE a los titulares los convertía en presos de sus deudas hasta saldarlas. “Se abre la puerta a la negociación. Ahora, la nueva entidad puede asumir la deuda”, explican desde DAMA, cuyos beneficios por la facturación de 2018 pueden verse multiplicados por diez, según las previsiones de la entidad, en su primer año de gestión del repertorio audiovisual en los EE UU, del que antes se ocupaba la SGAE. DAMA ya ha multiplicado sus socios en los últimos años, y confía en que más den el salto a partir de ahora.

El último apartado que refuerza los mecanismos democráticos de las sociedades de gestión de derechos es el 162. Obliga a las entidades que recauden más de 100 millones al año (sólo la SGAE) a la creación de un órgano de control que audita desde dentro a la entidad. Esta medida tiene una cláusula esencial: debe contar con tantos miembros independientes como de la propia entidad. El objetivo es garantizar la independencia en el control y eliminar los conflictos de intereses que puedan alejar a la entidad de sus objetivos pactados.

Sanciones ejemplares

Uno de los apartados más calientes de esta modificación es el artículo 195, en sus apartados 6 y 3, donde se aclara que “las resoluciones dictadas por la Sección Segunda ponen fin a la vía administrativa” en caso de reiteración en el robo de los derechos de autor. Y así es como el Ministerio de Cultura ejecutará por su cuenta a la segunda, tras la primera sentencia del juez. Así lo interpretan PP, PSOE y Ciudadanos. Podemos no lo ve de esa manera: considera que la vía judicial es siempre la adecuada.

No habrá segundas oportunidades contra quienes pretendan lucrarse (sin consentimiento) de obras ajenas. Se considerará una infracción administrativa “muy grave” reiterar en el robo, de las mismas obras o de otras del mismo autor. Y estará penalizado con una multa de entre 150.000 a 600.000 euros.

Para iniciar del trámite sancionador bastará con que el titular de los mismos escriba un correo electrónico al sitio web donde está alojada la obra sin su permiso, para que la retire. El prestador de servicios tiene tres días para la retirada voluntaria. Si no hay correo electrónico, también se ejecutará. Y si no contesta, lo mismo. Además, la Sección Segunda tiene la potestad de pedir colaboración para bloquear las fuentes de financiación del sitio web infractor, como publicidad y plataformas de pago.