Las telefónicas se suman a la lucha contra la piratería cultural

Cómplices. Incluso aliados. Desde luego, ya no obstáculos. Hubo un tiempo en que las empresas culturales acusaban a las telefónicas, al menos en privado, de sabotear la lucha contra la piratería. Sostenían que Telefónica, Orange o Vodafone proporcionaban Internet a sus clientes , pero se despreocupaban ante los miles de usuarios que aprovechaban su servicio para difundir contenidos no autorizados. Algo, sin embargo, está cambiando. Tras presiones, negociaciones y diálogo, la cultura parece haber reclutado un nuevo guardián frente a los piratas. La prueba más clara son media docena de sentencias desde 2017. Y, sobre todo, el segundo proceso judicial idéntico en pocos meses. Las grandes distribuidoras de cine presentan una demanda contra los proveedores de Internet, para que el juez les obligue a bloquear el acceso de sus usuarios a varias webs piratas. Y estas compañías, lejos de plantear objeciones o recurrir, “se allanan íntegramente” a la estimación de la demanda, como reza la sentencia del juzgado de lo mercantil n.º 9 de Barcelona, del pasado 16 de mayo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

La propia magistrada, Bárbara María Córdoba Ardao, aclara en el fallo por qué este es importante y refuerza una vía alternativa para frenar la piratería. El texto se remite a otras sentencias “favorables a permitir que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan dirigir su acción directamente contra los proveedores de los servicios de la información, sin necesidad de demandar simultáneamente al infractor, para conseguir el bloqueo de aquellas webs a través de las cuales se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual, al tratarse de un medio y mecanismo más rápido y eficaz para poner fin a este tipo de actividad infractora”, ante las dificultades habituales para dar con el responsable de la página y pedirle a un juez que la tumbe.

Es decir, en vez de cazar al pirata hasta el fondo de la cueva donde se oculta, la industria cultural intenta cortarle el suministro. “Las telefónicas no están acusadas de nada malo de por sí, pero se les avisa porque se accede a contenidos no autorizados a través de su servicio”, matiza Stan McCoy, presidente de MPAA (la asociación de las majors de Hollywood) para Europa, Oriente Medio y África. Precisamente los principales colosos de su organización son los demandantes del caso resuelto en Barcelona: Disney, Columbia, Universal, Paramount, 20th Century Fox, Warner Bros y Universal Cable.

"Nuestra postura no ha cambiado en absoluto. Simplemente, no depende de nosotros, sino que para bloquear un acceso hace falta que lo establezca un juez", explican desde Telefónica. Algo que reiteran en Orange: "Cualquier acción por parte de una operadora debe ejecutarse con un mandamiento judicial". Aún así, las tres telefónicas contactadas por EL PAÍS hacen hincapié en su "compromiso total" por la defensa de la propiedad intelectual e incluso expresan su deseo de que el procedimiento se agilice más en el futuro. "Mantenemos reuniones tanto con Cultura como con los autores para asegurar la rápida y eficiente implementación de las medidas judiciales ordenadas", agrega un portavoz de Vodafone.

La sentencia del 16 de mayo, de cuatro páginas, ordena a Telefónica, Vodafone, Ono y Orange “impedir el acceso de sus clientes desde el territorio español” a las webs Exvagos1.com, Seriesdanko.to, Seriespapaya.com, Cinecalidad.to, Repelis.live, Pelispedia.tv, Cliver.tv, Descagasdd.com y Pepecine.me, a través de las cuales “se están cometiendo actos de infracción de derechos de propiedad intelectual”. Para ser efectiva, la medida se amplía a otros "dominios, subdominios y direcciones IP" que resuciten las páginas afectadas u ofrezcan atajos para llegar hasta ellas esquivando el bloqueo, algo muy frecuente en Internet.

Justo lo que ocurrió en marzo, en el mismo juzgado, con el bloqueo a Elitetorrenz.biz, Mejortorrent1.com, Gnula.nu, Mejortorrent.org y Gnula.se. O en febrero, siempre ante un juez de Barcelona, aunque en este caso los demandantes procedían de la industria musical. Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores —que ejerce como grupo de presión en defensa de la propiedad intelectual—, pone el punto de partida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 2015. Subraya que esta reconoció que "los intermediarios que prestan servicios a terceros infractores tienen un importante papel en la lucha contra la piratería, debiendo suspender dichos servicios para evitar que se sigan produciendo las infracciones". Navarrete estima que, desde 2017, ha habido al menos seis sentencias favorables en este sentido, entre industria musical y cinematográfica.

Así que ambas tiene razones para sonreír. Por un lado, hasta los estudios de la Coalición detectan una disminución de la piratería. Por otro, el cierre de webs por la vía judicial también se ha simplificado, tanto por las modificaciones legales que facilitan el castigo inmediato a una página reincidente, como por la mayor eficacia del procedimiento administrativo. Y, ahora, además, cuentan con esta nueva flecha en su arco.

El tiempo breve que suele pasar entre las demandas de este tipo y la sentencia favorable es otra alegría para la Coalición. Aunque todavía los creadores echan en falta unos cuantos ausentes en la trinchera. McCoy prefiere mantenerse genérico: “Hay un sistema que permite que funcione la piratería y todos deben trabajar juntos para evitarlo. Telefónicas, buscadores, anunciantes, compañías que ofrecen métodos de pago...”. La invitación a sumarse a la alianza está siempre abierta.