Más de 150 intelectuales reivindican en Estados Unidos el derecho a discrepar

Autores y académicos como Noam Chomsky, Gloria Steinem, Ian Buruma, Margaret Atwood, Mark Lilla o Martin Amis firman una carta contra la "intolerancia” de cierto activismo progresista. “Debemos preservar la posibilidad de discrepar sin consecuencias profesionales funestas”

Manifestante de la marcha Roll4Justice el 4 de julio en Minneapolis (Minnesota), una protesta que criticaba la celebración de ese día.
Manifestante de la marcha Roll4Justice el 4 de julio en Minneapolis (Minnesota), una protesta que criticaba la celebración de ese día.Stephen Maturen / AFP

Más de 150 escritores, académicos e intelectuales ―entre los que figuran Noam Chomsky, Salman Rushdie, Gloria Steinem, Margaret Atwood o Martin Amis, entre otros― han firmado una carta abierta en la que denuncian una creciente “intolerancia” por parte del activismo progresista estadounidense hacia ideas discrepantes. Tal y como expone el escrito, consideran que esto hace mella en ambientes académicos y culturales, donde hay señalamiento y boicoteo, “castigos desproporcionados” y una consiguiente “aversión al riesgo” o autocensura que empobrece el debate público. “Debemos preservar la posibilidad de discrepar de buena fe sin consecuencias profesionales funestas”, señalan.

El texto, publicado este martes en la revista Harper’s bajo el título Una carta sobre la justicia y el debate abierto, aplaude las protestas por la justicia racial y social, por una mayor igualdad e inclusión, pero alerta de que este “necesario ajuste de cuentas” ha intensificado también “un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y de tolerancia de las diferencias en favor de una conformidad ideológica”. “Las fuerzas del iliberalismo están ganando terreno en el mundo y tienen a un poderoso aliado en Donald Trump, quien representa una verdadera amenaza a la democracia, pero no se puede permitir que la resistencia imponga su propio estilo de dogma y coerción”, señalan los autores.

La carta aborda una polémica candente en Estados Unidos, sobre si el nuevo umbral de tolerancia cero hacia inequidades como el racismo, el sexismo o la homofobia está alimentando también algunos excesos que buscan silenciar cualquier disidencia. Los críticos suelen referirse a esto como cancel culture, cuya traducción literal sería “cultura de la cancelación” y que hace referencia a los vetos y señalamiento a creadores o docentes por cualquier desvío de la norma; o woke culture (derivado del inglés, despertar), que hace referencia a una actitud de alerta permanente.

“El libre intercambio de información e ideas, la savia de una sociedad liberal, está volviéndose cada día más limitado. Era esperable de la derecha radical, pero la actitud censora está expandiéndose en nuestra cultura”, señala la carta, que no menciona directamente recientes polémicas concretas con nombres y apellidos, pero sí se explaya en describir situaciones. “Los responsables de instituciones, en una actitud de pánico y control de riesgos, están aplicando castigos raudos y desproporcionados en lugar de aplicar reformas pensadas. Hay editores despedidos por publicar piezas controvertidas; libros retirados por supuesta poca autenticidad; periodistas vetados para escribir sobre ciertos asuntos; profesores investigados por citar determinados trabajos”, describe el texto, entre otros ejemplos.

Uno de las polémicas recientes fue la dimisión de James Bennet como jefe de opinión de The New York Times, a principios de este mes. El motivo fue la publicación de una tribuna del senador republicano Tom Cotton, en la que el político pedía una respuesta militar a las protestas y disturbios por la muerte del afroamericano George Floyd. El torrente de críticas dentro y fuera de la redacción llevó a Bennet a ofrecer su renuncia y pedir disculpas. Este admitió que no debía haber publicado esa tribuna y que no había sido editada con suficiente rigor.

A raíz del mismo conflicto, el 10 de junio, la Poetry Foundation anunció la dimisión de dos de sus dirigentes después de una carta de protesta de 30 autores que consideraron tibio el comunicado de denuncia de la violencia policial. También dimitieron la presidenta del Círculo Nacional de Críticos de Libros y otros cinco miembros entre críticas de racismo y violaciones de la privacidad por un rifirrafe en las redes sociales. Un analista electoral, David Shor, fue despedido de la plataforma Civis Analytics tras la tormenta que se generó por haber tuiteado el estudio académico de un profesor de Princeton que alertaba de los efectos perversos de las protestas violentas. Según relató The New York Magazine, algunos empleados de la firma consideraron que el tuit de Shor “ponía en riesgo su seguridad”.

Guerra cultural

El debate sobre dónde acaba la tolerancia cero hacia los abusos y dónde empieza a “cancelarse” la discrepancia también se extiende a la actual revisión de las estatuas y los monumentos nacionales. El presidente Donald Trump, que ha abrazado la guerra cultural como uno de sus argumentos de campaña, se centró en este asunto en un largo discurso del pasado viernes por la noche, en la víspera de la fiesta nacional del 4 de julio. “En nuestras escuelas, nuestras redacciones, hasta en nuestros consejos de administración hay un nuevo fascismo de extrema izquierda que pide lealtad absoluta. Si no hablas su idioma, practicas sus rituales, recitas sus mantras y sigues sus mandamientos, serás censurado, perseguido y castigado”, dijo.

Los intelectuales en su carta califican al presidente de “amenaza para la democracia”, pero advierten: “La restricción del debate, la lleva a cabo un Gobierno represivo o una sociedad intolerante, perjudica a aquellos sin poder y merma la capacidad para la participación democrática de todos”. “La manera de derrotar malas ideas es la exposición, el argumento y la persuasión, no tratar de silenciarlas o desear expulsarlas. Como escritores necesitamos una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la asunción de riesgos e incluso los errores. Debemos preservar la posibilidad de discrepar de buena fe sin consecuencias profesionales funestas”, concluyen.

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