Alerta internacional para salvar un cine donostiarra de 1914

Uno de los cines más antiguos de España se levanta en una esquina donde el metro cuadrado se vende por encima de los 6.700 euros. Es el Palacio Bellas Artes, construido en 1914, y es uno de los escasos ejemplos en Europa anteriores a la Primera Guerra Mundial y está en San Sebastián, el municipio que, según los datos del Ministerio de Fomento, tiene el metro cuadrado más caro de España (3.327 euros). Desde 2014 este hito del patrimonio histórico vive amenazado por una operación inmobiliaria que aspira a derribarlo. Por ello el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, la mayor red internacional de conservación, ligada a la Unesco) acaba de lanzar una alerta internacional como “última opción para salvar” el monumento. Es la primera que se emite sobre España, a pesar de casos como Canalejas, Cabanyal o Edificio España.

Icomos, con sede en París y sucursal en 106 países, incluido España, registro la petición el pasado lunes en el Ayuntamiento de San Sebastián para pedir a su alcalde, Eneko Goia (PNV), que proteja la integridad, autenticidad y singularidad del que consideran “el cinematógrafo más antiguo que se conserva de España”, que dejó de proyectar películas en 1982. Es el más veterano aún en pie de los destinados originalmente a ese uso (el Alfonsetti, de 1882, en Betanzos, fue teatro en origen; y el Doré, inaugurado en 1912, no conserva su diseño original).

Ruina económica, no técnica

El Palacio Bellas Artes ha sobrevivido hasta 2014 como un edificio de referencia por sus “valores histórico-artísticos”. Pero en 2014 el Plan Espacial para la Preservación del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC) autorizó la demolición de segmentos completos de la fachada. La ciudadanía se movilizó y logró la protección del edificio y la suspensión de la demolición.

En 2015, Gobierno vasco, del PNV otorgó categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) al Palacio, la máxima protección. Pero el propio Gobierno la retiró dos años después. Ya no lo consideraba un conjunto relevante. Mikel Aizpuru (PNV), director de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, explica a EL PAÍS que la ruina económica “y el hecho de que el edificio no posee valores especialmente relevantes” son los motivos para “no inscribir el Palacio como BIC”. Icomos reclama que se devuelva la consideración de BIC y que se restaure “como se merece este hito del patrimonio cultural español”.

Mínima protección

El propietario del inmueble, la Sociedad Anónima de Deportes y Espectáculos (SADE), no comparte esa idea: presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una apelación contra la declaración BIC y la magistrada consideró que debía estudiarse el lucro cesante por la conservación del edificio. La jueza no cuestionó el valor monumental del edificio ni lo calificó en ruina técnica, pero sí en “ruina económica”. Sin embargo, pero el PNV decidió retirar la máxima protección. Ahora se mantiene en una protección “C”, que es la mínima: el propietario puede acabar con todo menos con la fachada delantera.

La jueza aclaró que la ruina económica no era un inconveniente para las obras de conservación si el bien tiene valores relevantes o excepcionales. “No creemos que se dé esa situación”, añade Aizpuru. Si reconocieran sus valores -tal y como defiende Icomos en su informe técnico- tendrían que asumir los gastos de la protección (derivados de un pleito de 17 años). El responsable de Patrimonio vasco, además, lamenta que Icomos “haya lanzado una alerta internacional sin haberse puesto en contacto con nosotros hasta la semana pasada”.

Tanto SADE como el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento comparten el argumento de la ruina del edificio. Sin embargo, un informe la empresa Técnicas de Restauración SA (TEUSA) -encargado en 2015 por el Gobierno Vasco- concluyó que “no se encuentra en estado de ruina y puede ser utilizado para su explotación lucrativa”. SADE podría convertirlo en hotel mañana mismo, pero quiere un uso residencial (cuyo permiso depende del Ayuntamiento). La empresa propietaria ha preferido no responder a las preguntas de EL PAÍS.

Mejor, un hotel

Iñaki Gurrutxaga (PNV), jefe de gabinete del alcalde y responsable del urbanismo, señala que “el propietario no tiene obligación de mantenerlo”, pero que el Ayuntamiento se opone convertirlo en apartamentos. “La mejor solución es darle un uso. Pero el uso cultural no es el único: no tiene por qué ser un cinematógrafo”, añade Gurrutxaga.

Contrario a estas tesis del PNV, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco (PSE), asegura que el palacio puede recuperarse como sede del Festival Internacional de cine o escuela de danza. Reclama implicación del Ministerio de Cultura: “Es el primer cinematógrafo de España, es importante que el Ministerio se comprometa para mover de su posición al Gobierno Vasco”, cuenta Gasco.

Desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio explican que no pueden hacer nada, ya no es BIC. Sin embargo, “ante la denuncia notificada por Icomos, hemos solicitado informe a las administraciones para evaluar el caso”, aseguran a este periódico.

El edificio no se conserva en su integridad. El Ayuntamiento concedió el permiso para destruir la cúpula y SADE no la ha reemplazado. El Bellas Artes vive envuelto en una malla y desmochado. “SADE está alargando la agonía del edificio a base de pleitos, juega a largo plazo para que caiga en ruina. Preferimos el diálogo y una colaboración público-privada, para buscar una salida sostenible a este espacio”, explica Alicia Castillo, presidenta de Icomos España. “Es un escándalo, pero estamos a tiempo de resolverlo”, añade Castillo.

Cultura del pelotazo

Alberto Fernández-D’Arlas es el presidente de la agrupación cívica Áncora y considera que “es una operación descarada de especulación inmobiliaria y eso es inadmisible”. “Los técnicos municipales han concluido en todos sus informes que no está en ruinas”, añade. Cuenta que SADE ha pedido una indemnización de 13 millones de euros en concepto de vinculación singular, para sufragar el menoscabo del aprovechamiento de su uso residencial, “pero es un edificio con consideración de uso terciario”.

Recuerda el vecino de Donostia que SADE tenía participación en la propiedad del frontón Beti Jai de Madrid, que fue expropiado por el Ayuntamiento de Madrid, en 2016, previo pago de casi 31 millones de euros. SADE también es propietaria del antiguo cine Benlliure de Madrid, que derribó para alquilarlo a Media Markt.

Si el Ayuntamiento no tiene en consideración la alarma, Icomos avisa que no tendrá fácil alcanzar sus planes de declarar las esculturas del Peine del Viento, de Eduardo Chillida, Patrimonio de la Humanidad. La organización internacional es asesor de la UNESCO en esta decisión. “No es lo más recomendable si se mantiene esta situación”, asegura Alicia Castillo, que apunta que en sus informes “se reflejará la voluntad política en el caso del Bellas Artes”.