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COLUMNA

El Cabanyal: patrimonio y especulación

La batalla en torno a la muy interesante barriada marítima de Valencia, el barrio de El Cabanyal, se prolonga desde hace 10 años y se ha convertido en verdadero estandarte, a nivel estatal, de las iniciativas ciudadanas en defensa del patrimonio histórico-artístico de sus ciudades frente a los especulativos proyectos de algunas administraciones municipales. En el caso de Valencia se trata de una retícula viaria consolidada en el XVIII y ampliada en el XIX de largas manzanas paralelas al mar; íntimamente relacionada con algunos otros pocos ejemplos españoles igualmente relevantes (la Barceloneta, Ferrol, Mahón). Originalmente se trataba de una construcción de barracas que desde finales del XIX se fueron sustituyendo por edificaciones residenciales de 2-3 plantas, incorporando interesantes elementos arquitectónicos y decorativos (mosaicos) de filiación modernista. En las décadas del desarrollismo franquista una parte de esta edificación fue sustituida por vulgares bloques de 5-6 plantas que rompían el tipo arquitectónico y la escala de las calles. En todo caso el barrio conserva a día de hoy un paisaje urbano muy específico y una identidad social marcadamente popular.

Está clarísimo que las instituciones estatales lo único que han hecho es cumplir con su obligación

El valor del barrio fue reconocido por el propio Gobierno autonómico, que lo declaró Bien de Interés Cultural (con categoría de conjunto histórico) en 1993. Pero la situación del barrio, inmediato a la playa de la Malva-rosa, cuyo paseo marítimo se reurbanizó por esos años, despertaba progresivamente intereses inmobiliarios de claro corte especulativo. La coartada la facilitó una iniciativa de tipo viario, la prolongación del paseo de Blasco Ibáñez hasta el mar, atravesando el barrio y partiéndolo en dos. El proyecto afecta a una banda de entre 100 y 158 metros de ancho por 800 metros de longitud (la totalidad del espesor del tejido urbano). Un total de 11,5 hectáreas que supone el derribo de 450 edificios y de unas 1.600 viviendas.

El instrumento elegido por el Ayuntamiento para llevar a cabo la operación fue un Plan Especial aprobado en el 2000, falazmente denominado de Protección y Reforma Interior. Cuando de hecho lo que venía era a destruir una parte significativa del barrio rompiendo su unidad y su carácter y afectando a numerosos edificios catalogados.

Ante esta amenaza el barrio se organiza creando la Plataforma Salvem El Cabanyal y más tarde el Instituto de Defensa de los Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal-Canyamelar. Después de un proceloso recorrido legal, en el que el Ayuntamiento se ha enrocado en su iniciativa de destrucción y reconfiguración social de la zona, ha sido una reciente orden del Ministerio de Cultura (29 de diciembre de 2009) la que ha determinado que el plan especial supone la expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal y ordenando la suspensión inmediata de dicho plan especial en tanto no se lleve a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos. Con esta orden el ministerio no hace más que cumplir una sentencia de mayo 2009 del Tribunal Supremo que expresaba la obligación de aquél de dictar resolución motivada.

La reacción durante estos últimos días del Ayuntamiento de Rita Barberá y del Gobierno de Camps ha sido furibunda, llegando a calificar la orden ministerial de agresión masiva al autogobierno valenciano. Sin embargo, está clarísimo -como han argumentado en diversos informes el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Real Academia de Historia y significados profesionales del urbanismo- que las instituciones estatales lo único que han hecho es cumplir con su obligación. En este caso, proteger un valioso patrimonio arquitectónico, urbanístico y cultural (de acuerdo con la ley 6/1985 del Patrimonio Histórico Español) de las desfasadas pretensiones de intervención urbanística agresiva sobre un tejido antiguo. Pretensiones ancladas en pleno siglo XIX, el siglo de las grandes vías trazadas sin respeto alguno sobre los cascos viejos. Así como de las apenas encubiertas intenciones especulativas por apropiarse de un espacio especialmente atractivo para edificar viviendas de lujo frente al mar.

Ramón López de Lucio es arquitecto, catedrático de Planeamiento Urbanístico de la Escuela de Arquitectura de Madrid y firmante del dictamen sobre el PEPRI de El Cabanyal de febrero 2001.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de enero de 2010