Pilar Jurado presidirá la SGAE tras el cese de José Ángel Hevia

Varios guionistas han abandonado la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en los últimos años. Se marcharon a otra entidad, Dama, hartos de una gestión más que discutible. Y, también, de una trama demasiado repetitiva, siempre igual a sí misma. Porque José Ángel Hevia, cesado hoy miércoles por la junta directiva, es el quinto presidente consecutivo que no logra terminar su mandato. La maldición del trono de la SGAE, además, parece empeorar: el reinado de Hevia apenas ha durado algo más de tres meses, el más breve de entre sus antecesores. El gobierno de la entidad, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado con 22 votos a favor, 12 en contra y uno en blanco la moción de censura contra el presidente, debido a una situación que varios miembros de la junta directiva consideran insostenible: ya no tienen confianza en que Hevia pueda liderarlos con equilibrio ni, sobre todo, evitar la intervención del Ministerio de Cultura, una espada de Damocles cada vez más pesada sobre los hombros de la SGAE.

De ello, ante todo, tendrá que ocuparse Pilar Jurado, elegida en la misma reunión como sucesora de Hevia. La soprano y compositora, que es la primera mujer en asumir la presidencia ejecutiva de la SGAE, ha sumado 17 votos a favor, frente a los 12 del guionista Antonio Onetti, que también se postuló para la presidencia. José de Eusebio, el tercero en la contienda, retiró finalmente su candidatura. El resultado vuelve a mostrar a una entidad dividida entre los músicos, que representan más del 70% de socios y recaudación y se decantaron por Jurado, y los colegios de Audiovisual y Gran Derecho (artes escénicas), mayoritariamente a favor de Onetti. Todos, eso sí, necesitarán diplomacia, política y, sobre todo, los acuerdos que han faltado una vez más.

Hevia fue elegido presidente el pasado noviembre, para rescatar a la SGAE de las arenas movedizas y las peleas internas, donde se encontraba atrapada desde hacía meses. Prometió paz, tregua y negociación, lo que pareció cumplirse al menos al principio. Hasta que estalló la enésima crisis, que se agravó precisamente a raíz de que el ministro de Cultura, José Guirao, entregara ante la Audiencia Nacional el 15 de febrero un escrito en el que pedía al juez la autorización para tomar el control de la SGAE durante al menos "seis meses". El texto también plantea la "remoción del gobierno" de la entidad, sustituido por una comisión gestora, lo que arroja serias dudas sobre el margen de maniobra de Jurado y de la junta directiva.

La Audiencia Nacional ya admitió a trámite la petición la semana pasada y dio a la SGAE 10 días para presentar sus alegaciones. El reloj de arena empezó a correr justo a la vez que 18 miembros de la junta, es decir, la mayoría de los directivos, forzaban con sus firmas la convocatoria de una reunión para echar a Hevia. A los pocos días, los cuatro vicepresidentes de la entidad (Onetti, Fermín Cabal, Teo Cardalda y Clifton J. Williams) hicieron circular un documento en el que invitaban a la concordia, sin nombrar siquiera al mandatario. Tres directivos aseguran que el estilo "impulsivo" y poco dado a buscar acuerdos de Hevia han contribuido a su caída, al igual que la denuncia que presentó contra varias editoriales musicales y socios de la entidad, que acabó desestimada por la Fiscalía. También influyen las sombras sobre sus ingresos: la aplastante mayoría de la recaudación del gaitero procedió en los últimos años de la música emitida de madrugada en televisión, que se encuentra bajo sospecha ética y, en algunos casos, legal.

Por un lado, la justicia investiga el presunto fraude de la rueda, por el que socios de la SGAE y empleados de varias cadenas públicas y privadas ingresaban millones llenando la programación de la madrugada de temas musicales, que nadie escucha, pero suman hasta el 40% del total de los pagos de las televisiones a la entidad. Por otro lado, la música nocturna ha abierto un cisma entre cientos de artistas, entre ellos Hevia y 13 miembros más de la junta, que reivindican la legitimidad de esa franja, y otro frente de socios que se sienten estafados y critican un reparto "injusto". En realidad, se trata sobre todo de un conflicto entre empresas: las multinacionales contra las cadenas y sus propias editoriales musicales. La televisión es la principal fuente de ingresos de la SGAE, que recauda anualmente unos 300 millones de euros.

Mientras, la música nocturna ha generado más movimientos. La comisión deontológica de la entidad acusó a Hevia y 13 miembros más del gobierno de un posible conflicto de intereses, a la vez que hasta el Congreso ha tomado cartas en el asunto: la nueva Ley de Propiedad Intelectual limita los ingresos que puede generar una franja horaria de televisión a un máximo del 20% del total.

A ello se suman los grandes retos que afronta la SGAE: la renegociación de las tarifas por el uso de su repertorio; la modernización de su anticuado sistema de identificación y reparto; la llegada de otros rivales, incluso privados, al mercado de la gestión del derecho de autor; o la nueva directiva que prepara la UE sobre el copyright.

Mientras los desafíos se acumulan sobre la mesa, la SGAE devora a otro presidente y prolonga una crisis imparable desde que en 2011 la Guardia Civil detuviera al entonces responsable, Eduardo Bautista —se sentará en el banquillo por presunta apropiación indebida—. A partir de ahí, fueron cayendo Antón Reixa, cesado por la propia junta, como Hevia; José Luis Acosta, que acabó dimitiendo; y José Miguel Fernández Sastrón, obligado por las peleas internas a adelantar la convocatoria de elecciones. Hevia las ganó, y prometió que había llegado una época nueva a la SGAE. Pero la entidad optó finalmente por el mismo guion de siempre: el déjà vu.