La comisión deontológica de la SGAE acusa a Hevia de “conflicto de intereses”

En la noche de este lunes 14 miembros de la junta directiva de la SGAE recibieron una notificación de la comisión deontológica, constituida por la propia entidad, que les acusa de “conflicto de intereses”, por la “desproporcionada” facturación de los derechos derivados de las editoriales televisivas, generados en la franja nocturna. Entre ellos destaca el nombre del actual presidente de la sociedad, José Ángel Hevia.

La comisión, formada por la anterior junta directiva, indica en su escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha observado que “un porcentaje elevado y apreciadamente desproporcionado de sus ingresos como titular de derechos de autor derivan de la explotación, por entidades de radiodifusión usuarias del repertorio de SGAE, de obras editadas por editoriales musicales vinculadas a dichas entidades de radiodifusión”. Es por ello que considera que esto “puede afectar a la adopción de acuerdos en el seno de los órganos de gobierno de la SGAE, en aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con dicha explotación”.

Los miembros acusados de incompatibilidad para ejercer decisiones en su cargo tienen dos días para responder al argumento de esta comisión externa, compuesta el pasado noviembre por los juristas Julia Ruiz-Rico, José Ramón Ferrandiz, Pablo Durán de la Colina. Pero los acusados presentarán una reclamación para ganar tiempo en la respuesta. Tal y como ha podido saber este periódico por fuentes de la junta directiva, consideran “escaso” dos días de margen.

“Este plazo es indefensión y desconsideración con los miembros de la junta directiva. Hemos sido maltratados en la forma y en el plazo. Esta conclusión pone nuestra honorabilidad en duda, porque hemos firmado una declaración de ausencia de intereses”, añaden las fuentes de la cúpula de la SGAE que prefieren no descubrir su identidad.

La última palabra

En la próxima junta directiva se tratará este asunto, una nueva piedra en el camino de José Ángel Hevia en sus cuatro meses de mandato, acorralado por la posible intervención del Ministerio de Cultura. Las consecuencias de esta notificación tardarán en descubrirse, dado que en el final del camino de la misma está la junta directiva. Si ésta determina que las conclusiones (tras responder a las alegaciones) no son vinculantes, rechazarán el informe. El informe se someterá a votación en un organismo en el que el Colegio de Pequeño Derecho -que representa a los músicos- cuenta con 16 miembros (a cuatro votos de la mayoría). Esto podría ser el primer motivo de crisis en una junta que ha encontrado y apostado por el diálogo -por primera vez en años- entre los representantes de los cuatro colegios.

Los músicos acusados se defienden de las acusaciones de la comisión deontológica, porque han llevado adelante “el recurso contra la recaudación de las televisiones”. Hace una semana, la SGAE anunció que recurrirá la sentencia favorable a las editoriales de Atresmedia y Mediaset que anula el reparto de los derechos de diciembre de 2017. “Con nuestros hechos estamos dando solidez a nuestra argumentación contra los conflictos de intereses. En ese reparto había muchos millones de euros en juego”, añaden por teléfono a este periódico.

Antes de la comisión deontológica, una comisión electoral analizó caso por caso la idoneidad de los 35 miembros de la junta directiva para comprobar si existían causas de “inelegibilidad”. La primera comisión dio el visto bueno a los 35, pero la deontológica cuestiona el papel de independencia de casi la mitad de la junta, que ya habían presentado por su parte una declaración de ausencia de intereses. La comisión pidió más documentación a la administración de la entidad de gestión de derechos de autos y ha determinado que los beneficios derivados de la música de noche es “elevada y desproporcionada”.