La Fiscalía archiva la denuncia de la SGAE contra algunos socios por infracciones fiscales

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación abiertas por una denuncia presentada el 22 de enero por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra algunos de sus socios por una supuesta infracción fiscal con los derechos de autor. "Deberá procederse al archivo de las diligencias de investigación cuando el hecho no revista carácter de delito o por falta de elementos suficientes para mantener su perpetración", señala la Fiscalía, que ha remitido los documentos a Hacienda, por si se pudiera derivar alguna infracción tributaria. Desde la entidad, afirman que no quisieron "prejuzgar los hechos" sino que siguieron "el criterio de los abogados consultados" y que acatan lo que decidan la justicia y Hacienda.

La práctica denunciada por la SGAE es antigua: fue ideada a finales de los noventa, de acuerdo entre creadores y multinacionales, bajo el paraguas y el aval de la propia entidad, según confirmaron varios directivos de la entidad a EL PAÍS. "Se utilizaba para devolver los préstamos y anticipos que las discográficas entregaban a sus autores, directamente o a través de sus editoriales”, afirma un exdirectivo. Básicamente, un creador que recibía un adelanto cedía sus derechos a una cesionaria y una editorial. Estas se convertían, por ello, en nuevos socios de la SGAE, tras su alta correspondiente: en concreto, si cada socio es identificado con un número, asociado a su cuenta y a sus informaciones, en estos casos se creaba un segundo número, ligado al original del artista, pero con otra cuenta. A continuación, estas compañías firmaban un contrato de administración con una gran editorial para la gestión, administración y representación del 100% de los derechos de autor, y de esta manera la multinacional recuperaba el dinero del anticipo, a medida que la obra del creador iba generando ingresos por sus derechos y estos ingresaban en la cuenta.

La denuncia insinuaba que a base de crear empresas interpuestas —entramado de sociedades pantallas, que dificultan el seguimiento del dinero— los creadores lograban evadir el IRPF, algo que la fiscalía no ha considerado acreditado. "En ningún caso se producía la cesión de los derechos de autor de la cesionaria y editorial a la editorial administradora sino que los contratos se materializaban con la creación de dos entes sin personalidad jurídica propia, nuevos socios de la SGAE, que sin embargo operaban con el CIF de la editorial administradora", defiende la denuncia. Así, el autor solicitaba a la SGAE que confeccionara facturas emitidas por los entes sin personalidad jurídica y no por la cesionaria y editorial (socios titulares de los derechos).

Esta actividad, a juicio de la SGAE, puede suponer una infracción tributaria por incumplimiento de las obligaciones de facturación o documentación, que a su vez puede tener trascendencia penal. Es más, la entidad sospecha también de que se emitieran facturas con datos falseados, puesto que su emisor no coincide con el verdadero prestador del servicio. Pese a todo "solamente se menciona a un autor, que estaría llevando a cabo la operativa descrita", recuerda la Fiscalía.

Por último la SGAE señala que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal, dado que algunos de los miembros de su junta directiva son al mismo tiempo directivos de las editoriales administradoras que firmaban los contratos con las sociedades interpuestas y crearon entes sin personalidad jurídica desde los que percibir los rendimientos de derechos que no les correspondían, o de delito de frustración en la ejecución.

La Fiscalía afirma en cuanto a la supuesta comisión del delito fiscal que "no constan las declaraciones tributarias presentadas por los autores ni por las entidades cesionarias de sus derechos de propiedad intelectual". Ni siquiera "consta si las facturas emitidas del modo descrito se han llegado a utilizar para ocultar la identidad del verdadero beneficiario de las liquidaciones por derechos de autor y por tanto obligado tributario, con la finalidad de minorar la tributación que les pudiera corresponder" o que se precise en dicha denuncia "en qué cuantía se hubiese podido cometer, en su caso, el delito fiscal". En cuanto a la responsabilidad de los directivos de la SGAE, l"tampoco resulta mínimamente acreditada, al no constar ninguno de los extremos".

Crisis e insultos

La denuncia fue presentada por impulso del presidente de la entidad, José Ángel Hevia, y su archivo debilita su capacidad de mando y el consenso en el seno del gobierno. El consejo de dirección accedió a un informe de septiembre de 2017 sobre el asunto, que realizó el anterior mandatario, José Miguel Fernández Sastrón, y contrató los servicios de un gabinete de abogados externos (Auren, el mismo que representa los intereses de AtresMedia, vinculados a "la rueda" de la música nocturna, que investiga la justicia), al que encargó un estudio para ser asesorado sobre una posible connivencia entre la SGAE y las editoriales en un presunto fraude fiscal. El presidente se desvinculó del departamento jurídico de la casa para esta maniobra y la presentación de la denuncia fue una decisión personal de Hevia.

De hecho, indignó a varios directivos de la entidad, escandalizados con que la SGAE lanzara una batalla pública contra sus socios y, ahora, con el "bochorno" que supone su archivo. Subrayan que fue una decisión personal del presidente, que no fue presentada ni votada tampoco en la junta. Al revés, supuso uno de los factores de ruptura de la paz de la que Hevia disfrutó durante semanas en el gobierno de la SGAE. La concordia voló por los aires definitivamente el pasado jueves: el presidente insultó a los miembros de la junta directiva, antes de abandonar la sala, según relatan fuentes que asistieron a esa reunión. Desde la entidad aseguran que Hevia lamenta lo ocurrido, que atribuye a la "tensión del momento", aunque varios miembros de la junta defienden que no han recibido ninguna disculpa del presidente.

La "tensión" se debía a una difícil votación: Hevia forzó presentar una moción de confianza sobre el secretario general, Carlos López. Esta fue invalidada en su primer intento ya que el propio presidente votó dos veces. En la segunda ronda, la propuesta de Hevia fue derrotada con 15 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.