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La SGAE denuncia un fraude fiscal múltiple que afectaría “a socios de la entidad”

Un informe de 2017 encargado por la dirección de la entidad apunta a un entramado de sociedades pantalla para evitar al fisco

Palacio de Longoria, sede de la SGAE.
Palacio de Longoria, sede de la SGAE.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado un fraude fiscal múltiple a través de sociedades pantalla que “puede afectar a personas jurídicas que son socias de la entidad”, según informó ayer en un comunicado.

El nuevo escándalo de la SGAE es una vieja canción: los autores ceden a sus editoriales la potestad de recaudar sus beneficios generados por los derechos de autor. Los autores disfrutan de anticipos y las editoriales multinacionales recuperan su anticipo al facturar las ganancias. Sin embargo, a base de crear empresas interpuestas —entramado de sociedades pantallas, que dificultan el seguimiento del dinero— los autores lograban evadir el IRPF. Esta manera de actuar fue creada a finales de los años noventa, en el seno de la propia SGAE, de acuerdo con los representantes de las multinacionales, según ha podido saber este periódico por fuentes de la actual junta directiva de la entidad.

Casi 20 años después, el entramado de cesionarias ha sido denunciado por la propia cúpula de la SGAE, presidida por José Ángel Hevia, ante la fiscalía de delitos económicos de Madrid. El consejo de dirección tuvo acceso a un informe de septiembre de 2017 sobre el asunto, que realizó José Miguel Fernández Sastrón mientras ejerció como presidente, y decidió contratar los servicios de un gabinete de abogados externos (Auren, el mismo bufete que representa los intereses de AtresMedia, vinculados a "la rueda") para ser asesorado sobre una posible connivencia entre la SGAE y las editoriales en un presunto fraude fiscal. El presidente decidió desvincularse del departamento jurídico de la casa para realizar esta maniobra. A pesar de que Sastrón nunca lo puso en conocimiento de la junta directiva ni denunció los hechos, los abogados confirmaron a la cúpula las peores noticias y decidieron denunciar a las pocas semanas de haber llegado a la dirección de la SGAE.

El presidente actual, José Ángel Hevia, ha explicado a EL PAÍS que ante el conocimiento del informe interno y “teniendo conocimiento de algo ilegal, no teníamos más remedio que acudir a denunciar los hechos”. En la denuncia, según ha podido saber este periódico, no aparece el nombre de ningún artista, aunque sí los códigos internos de algunas sociedades para poner en evidencia el supuesto fraude fiscal múltiple. Pero sí señala directamente a la multinacional Warner. Este periódico se puso ayer en contacto con la compañía, que no ha querido pronunciarse.

De hecho, el mencionado informe fue utilizado por el anterior consejo de dirección con la intención, como aseguran ex altos cargos de la SGAE y una parte del actual consejo, de desarticular la unión de las editoriales en medio de la hegemonía de los votos de la rueda, una presunta trama, en proceso de investigación por la policía, por la que varios miembros de la entidad aliados con las cadenas de televisión ingresan millones de euros por los derechos de autor de canciones con falsos arreglos y plagios emitidas en programas nocturnos.

Este informe supone otro capítulo en la guerra abierta dentro de la SGAE entre las editoriales de las televisiones y las discográficas. De hecho, según varios miembros de la dirección, la marcha de la SGAE de Álvaro de Torres, directivo de Warner y muñidor de la unión entre editoriales, es una consecuencia de dicho informe. De Torres negó ayer a este periódico que ese fuera su motivo para abandonar la casa, después de más de 20 años. Sin embargo, tras su marcha, las editoriales volvieron a desunirse y las multinacionales terminaron siendo expulsadas.

Prácticas habituales

Los hechos denunciados atañen a la mayoría de los artistas cobijados en grandes editoriales, según fuentes de la entidad. Un ex alto cargo de la sociedad asegura a este periódico que las prácticas denunciadas fueron habituales cerca de dos décadas y con el consenso de artistas, discográficas y de la propia SGAE, y duda de que constituyan un posible delito. “Se utilizaba para devolver los préstamos y anticipos que las discográficas entregaban a sus autores, directamente o a través de sus editoriales”, abunda.

Cada socio de SGAE era identificado con un número, asociado a su cuenta y a sus informaciones. En estos casos se creaba un segundo número, ligado al original del artista, pero con otra cuenta en la que el autor —a medida que tenía ingresos por derechos de autor— devolvía a la discográfica el préstamo recibido.

La denuncia se interpone “para dar conocimiento de los hechos y no contra los autores”, aseguran fuentes la entidad. Aunque en la denuncia se trata la connivencia de editoriales, SGAE y autores, por lo que podría afectar a todas las partes. Esta nueva crisis surge cuando la SGAE está a la espera de que el Ministerio de Cultura decida si intervenir o no la entidad, tras la falta de acuerdo entre los socios ante la reforma estatutaria. De momento, el equipo del ministro José Guirao no se ha puesto en contacto con Hevia. Tampoco en el día que ha estallado la crisis de las concesionarias.

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