Los creadores se movilizan ante las inspecciones por sus pensiones

Las entidades de gestión de los derechos de autor han constituido este viernes en Madrid una plataforma para hacer frente a las inspecciones por parte del Ministerio de Empleo que numerosos creadores jubilados españoles están padeciendo, al no poder compatibilizar por ley el cobro de su pensión de jubilación con otros ingresos que superen el salario mínimo interprofesional. La plataforma, llamada Seguir creando, tiene como objetivo permitir que estas entidades, que representan todos los campos del trabajo artístico, coordinen  sus acciones e inicien una ronda de consultas con los partidos políticos para tratar de solucionar un problema que, en palabras del novelista Luis Landero, uno de los afectados, “mantiene atemorizados a los escritores españoles”.

“Nuestro objetivo no es sólo que se solucione este problema puntual, sino toda la situación de debilidad en la que se encuentran los creadores dentro nuestra sociedad”, explicaron fuentes de Cedro, la entidad de gestión de derechos del sector editorial, que forma parte de Seguimos creando junto a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación Colegial de Escritores (ACE), Vegap (Entidad de Gestión de Artistas Plásticos y Visuales) y otras 20 asociaciones.

Las entidades de gestión no han facilitado el número de creadores afectados por motivos de privacidad, pero también porque no todos forman parte de estas asociaciones o han recurrido a sus servicios jurídicos. El conflicto se basa en que la legislación española prohíbe cobrar una pensión por jubilación y mantener actividades económicas. Sin embargo, el caso de los escritores es diferente porque gran parte de sus ingresos externos a la pensión corresponden a derechos de autor, tanto de obras escritas antes de su jubilación como después. Lo mismo puede decirse de los músicos, de los fotógrafos o de los pintores.

Aunque fuentes del Ministerio de Empleo indican que “los derechos de autor son neutros”, esto es, que no serán tenidos en cuenta en las inspecciones, el hecho es que los escritores cuyos ingresos han sido analizados sí se han tenido en cuenta los contratos con los editoriales. “La realidad es que están yendo contra la totalidad de los derechos de autor”, explica Carlos Muñoz, abogado de ACE. “Cuando se lo señalamos a un inspector en uno de los casos, nos dijo: ‘Recurrir y lo quitaremos”, agrega.

Por lo pronto, el PSOE presentó el jueves una proposición no de ley para anular el artículo, que entró en vigor en 2013 aunque data de 2011, que desatado todo el conflicto. También cuentan con el apoyo de Ciudadanos, que el jueves se reunió con los responsables de entidades de gestión en el Congreso, y de Izquierda Unida. La coordinadora se ha planteado objetivos a corto plazo –frenar las inspecciones, las multas y otras medidas que se están tomando, como la retirada de la pensión a Javier Reverte y la imposición de una sanción de 121.000 euros–; pero también a largo plazo, como la puesta en marcha de un estatuto del creador.

La declaración aprobada este viernes después del encuentro considera que la aplicación de esta legislación provoca “un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de nuestro país, impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportando en una etapa de su vida en la que el grado de madurez, experiencia y sabiduría puede ser volcado en mejorar una sociedad cada vez más necesitada de peso intelectual”. También subraya que es una “desproporción” que los creadores no puedan complementar sus pensiones, "en muchos casos no contributivas con el fruto de su conocimiento” y que, además, todo esto representa un descenso de los ingresos de la Hacienda pública.