El conflicto de las pensiones sacude la literatura española

Los escritores españoles jubilados andan de abogados. En algunos casos, porque ya han sido convocados por la Inspección de la Seguridad Social y, en otros, porque temen ser convocados, como les ocurre a muchos de sus colegas. El último caso ha sido el de Luis Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948), el autor de Juegos de la edad tardía. El 14 de enero compareció en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, acompañado de un asesor. Tuvo que presentar los contratos editoriales de los dos últimos años. Landero cobra una pensión como profesor jubilado, pero el Ministerio de Empleo quiere saber de dónde proceden sus otros ingresos, en su caso casi todos de derechos de autor.

 Este escritor se encuentra a la espera del resultado de un proceso que puede saldarse con una multa de decenas de miles de euros. El caso de Javier Reverte (Madrid, 1944), periodista jubilado y autor de novelas y libros de viajes, está mucho más avanzado: por lo pronto ya le han retirado la pensión. Este mes ya no la ha cobrado y, además, le han exigido una multa de 121.637,13 euros.

El conflicto llevó ayer al PSOE a presentar en el Congreso una proposición no de ley para que sea compatible cobrar la pensión con cualquier actividad creativa. “Los autores representan una situación excepcional”, explican fuentes socialistas. “Nuestro objetivo es desarrollar una ley del artista y del creador, no sólo para resolver este conflicto, sino para solucionar el problema de la creación en España de una vez”.

El asunto hunde sus raíces en la legislación española, en la virtud de la cual percibir una pensión de jubilación y trabajar es incompatible. Pero, ¿qué es trabajar? Como norma, se interpreta que es desarrollar una actividad habitual con la que se tienen unos ingresos que alcanzan o superan el salario mínimo interprofesional (9.172,80 al año), un límite establecido en la reforma de pensiones de 2011. Tanto Landero como Reverte han sobrepasado esta cantidad en algún ejercicio.

Derechos de autor

A continuación, llega el nudo gordiano del conflicto: ¿Qué sucede con los derechos de autor, la gran fuente de ingresos de estos escritores? Empleo asegura que, en ningún caso, estas inspecciones afectarán a estos derechos, tanto en las obras publicadas antes o después de la jubilación. Pero Landero asegura que sus ingresos literarios proceden sobre todo de derechos de autor.

Las inspecciones no sólo están afectando a escritores, también a músicos, pintores, fotógrafos, explican desde las diferentes entidades de gestión de derechos de autor. Estas organizaciones se están coordinando para hacer frente a una situación que aseguran que pone en peligro el futuro de la creación artística en España. Carlos Muñoz, abogado de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), explica que “todo esto es muy perjudicial para nuestro país”. “En la ACE tenemos 1.700 socios, el 45% de ellos son jubilados. Que con la actividad intelectual ganen más del salario mínimo interprofesional, tenemos unas 225 personas. Todos pueden ser inspeccionados”, prosigue.

A pesar de este cálculo, no se puede saber el número de creadores afectados. Las asociaciones que les representan o gestionan sus derechos aseguran que deben mantener el secreto profesional, pero mantienen que son muchos. “Pierden los autores, pero también pierde la sociedad”, explica Javier Gutiérrez, de Vegap (entidad de los artistas plásticos y visuales), que gestiona los derechos de más de 100.000 autores. “Impiden a una persona de 65 años seguir creando”, prosigue.

Cualquier escritor español jubilado con el que se hable estos días ya ha consultado con abogados o está a punto de hacerlo o se sabe la legislación laboral de memoria. Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931), premio Cervantes en 2006, todavía no ha recibido la llamada de la Seguridad Social, pero ha estudiado a fondo todos los casos ante lo que pueda ocurrir. “Esto es terrorismo cultural”, asegura. “Estamos todos atemorizados”, explica Luis Landero. Los agentes literarios y editores consultados se muestran extraordinariamente preocupados sobre el efecto que esto puede tener sobre la creación cultural.

En el Ministerio de Empleo subrayan que no se trata de ningún tipo de campaña específica. Inciden en que las reclamaciones responden a los cruces habituales que efectúan Hacienda y la Seguridad Social desde el plan antifraude de 2012 en las que se han detectado situaciones como las de Landero o Reverte.

Fuentes oficiales de la Seguridad Social insisten en que “los derechos de autor serían neutros”. Y apuntan que “los ingresos no solo provienen de los derechos de autor, sino de las actividades de promoción directa de la obra, como las conferencias, la presencia en medios de comunicación o en foros de debate”. “Son precisamente esas actividades (sus ingresos) y los gastos que para el autor se originan (y que luego se deducen) los que revelan que el autor está realizando una actividad por cuenta propia, que es lo que resulta incompatible con la pensión. En este caso, lo normal es que el autor pasara a situación de jubilación flexible”.

Dejar de escribir

Esta es un figura que el actual Gobierno creó en 2013. Con ella, el jubilado puede compatibilizar el trabajo, por cuenta propia o ajena, con el cobro de hasta el 50% de la pensión que le toca. Tiene que pagar la parte correspondiente de las cotizaciones sociales de contingencias profesionales y accidentes de trabajo, no la más cuantiosa, las contingencias comunes (las que dan derecho a la pensión futura en el caso de los trabajadores no jubilados).

Sin embargo, esto plantea varios problemas. Uno es que muchos creadores reciben los derechos de autor a través de adelantos, es decir, cobran una cantidad cuando entregan el libro de la que luego se van descontando los derechos futuros, a veces durante años. Y, desde luego en los casos de Reverte y Landero, esos adelantos han sido analizados en las inspecciones como prueba el hecho de que hayan tenido que presentar sus contratos. Además, poquísimos autores viven de los derechos de autor (en torno al 10% del precio de venta de cada libro); sino de conferencias, artículos, jurados... O, directamente, de otros trabajos que tratan de compatibilizar con la escritura.

También argumentan que el trabajo intelectual es incierto: un libro puede tener muchos lectores o no, puede terminarse en un año o en diez. No se muestran dispuestos a renunciar a su pensión, pero sí a escribir.