Las subvenciones al cine en función de la taquilla ya son historia

Las nuevas ayudas públicas al cine se entregarán a priori. Y esto es una certeza. Así como también es seguro que va a terminar el anterior modelo de subvenciones, concedidas a posteriori,años después del estreno de la película, y que obligaba a los productores a pedir préstamos, pagar intereses y nadar en la incertidumbre. Pero, ¿cómo se asignarán los nuevos fondos? “Según criterios objetivos”, se limitó a decir ayer la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto que desarrolla la reciente reforma de la Ley del Cine.

A la espera de la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado —quizás hoy, tal vez incluso el jueves, según fuentes del sector—, no se conocen los requisitos que puntuarán para que una película reciba ayudas públicas ni quién los valorará. La financiación del proyecto, su impacto comercial, contar con contratos firmados con televisiones que produzcan el filme y con distribuidoras que lo difundan, el marketing, la trayectoria de la producción, la nacionalidad del director, el lugar de rodaje, y las expectativas de generar empleo, son algunas claves que negociaron la industria y el Ejecutivo. “El Gobierno busca la garantía de que no se pierda el dinero con películas fallidas, aunque la certeza absoluta no existe”, afirma Ramon Colom, presidente de FAPAE (confederación de productores audiovisuales).

Los fondos, eso sí, se irán otorgando en tres tramos desde el comienzo de la producción del filme, y el nuevo modelo convivirá con el antiguo hasta 2018, de ahí que el Gobierno haya destinado 60 millones al presupuesto para el cine en 2016: la mitad para cubrir las ayudas a posteriori y el otro 50% para el sistema a priori.

Las dudas se despejarán una vez que se aprueben las dos órdenes ministeriales que culminarán la reforma. ¿Cuándo? No antes del 14 de diciembre, en cálculos de dos fuentes distintas. El objetivo del Gobierno, apuntan, es que todo esté listo antes de las elecciones del 20 de diciembre.

Además de tranquilizar a los productores, el nuevo sistema busca acabar con el llamado fraude del taquillazo, desvelado por EL PAÍS y por el que están siendo investigadas 41 películas, de entre 2012 y 2014: las sospechas afectan a productores que adquirían entradas de sus propias películas y salas que falseaban el número de espectadores. Todo para alcanzar la cifra de 60.000 asistentes, necesaria para recibir subvenciones según la anterior Ley del Cine. De hecho, en el modelo a posteriori, los resultados de taquilla eran el principal criterio para que un filme recibiera ayudas públicas. El texto original de la reforma introducía también la posibilidad de reembolso por parte del productor en función de resultados comerciales.

 Adiós a la ventana

El texto elimina además las llamadas ventanas de exhibición, es decir, los tres meses que habían de pasar entre el estreno en sala y la llegada de un filme al formato físico (DVD, Blu-Ray). La medida solo afectaba a las películas que hubiesen recibido ayudas públicas y no incluía la televisión ni la Red,quizás porque el legislador del anterior texto (2008) no podía imaginar el estallido del cine online. Sea como fuere, la nueva ley ya no prevé alguna ventana exclusiva: cualquier película puede estrenarse a la vez en los formatos que se elijan. En la práctica, de todos modos, dos fuentes conocedoras del proceso relatan que a menudo se aplica una ventana exclusiva de unos cuatro meses entre el estreno en salas y la llegada a otros canales de distribución.

Un comunicado difundido ayer por el ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales) explicaba otros cambios de la reforma. Por ejemplo, “una única calificación por edades para la distribución de la película en cualquier soporte”. En cuanto a la coproducción internacional, “se refuerza la exigencia de que la solicitud de aprobación del proyecto de coproducción se realice preceptivamente antes del inicio del rodaje”. El texto define la ayuda particular que recibirán los filmes de nuevos creadores, las llamadas “obras audiovisuales difíciles”: se incluyen largos con presupuesto inferior a los 300.000 euros, cortos y obras en lenguas cooficiales distintas al castellano.