La ‘ley Sinde-Wert’, ese agujero negro

En materia de propiedad intelectual, abril podría resultar para el Gobierno del PP el mes más cruel, como auguró el poeta. Será entonces cuando España ingrese o no (y todo parece indicar que lo hará) en la temida lista 301, que señala a los países más piratas, tras un año ausente de ella. Así lo ha recomendado (y recomendó en 2012, sin ser escuchada) la influyente industria estadounidense. Y así se lo hizo saber personalmente Chris Dodd, presidente de la MPAA, patronal de Hollywood, a Mariano Rajoy en un encuentro al que asistieron, según las fuentes consultadas, la homóloga de Dodd en Bruselas; Estela Artacho (presidenta de los distribuidores de cine, Fedicine); Jorge Moragas (jefe del Gabinete del presidente); y Pablo Hispán (responsable del área de Educación y Cultura). Como continuación de una reunión en tono cordial, Dodd envió una carta a Rajoy en la que, si bien reconocía que el Gobierno fue capaz de actuar con rapidez y decisión al inicio de la legislatura (con la aprobación de la ley Sinde-Wert que el PSOE dejó a medias y con la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual), lamentaba los escasos avances posteriores en la materia. “Comprensiblemente, ha habido otros asuntos de los que ocuparse”, viene a decir el escrito en referencia a la crisis. Pero, concluye la misiva: “Urge tomar medidas ahora”. “Un uso de Internet más responsable será beneficioso para España”.

El anuncio de la industria estadounidense provocó un considerable revuelo entre los actores de la industria y las entidades de gestión, y saboteó la tranquilidad de la Secretaría de Estado de Cultura. Después de todo, no es la primera vez que se conocen los desvelos del Gobierno de EE UU por la situación de la piratería en España, como demostraron hace un par de años los cables de Wikileaks. En esta ocasión, la admonición se basa sobre todo en la supuesta inoperancia de la Sección Segunda de la Propiedad Intelectual, encargada del cierre de páginas web que sirvan o enlaces sujetos a derechos de autor. ¿Hay base para una afirmación tan tajante? ¿Funciona realmente el órgano colegiado de ámbito nacional que estaba llamado a solucionar el asunto de la piratería en España? Y sobre todo… ¿A qué han dedicado el tiempo durante este año sus 10 miembros, entre titulares y suplentes?

Desde su puesta en marcha en marzo de 2012, la comisión ha recibido 361 solicitudes de inspección de contenidos ilícitos. Entre ellas, hay que descontar las 200 denuncias presentadas en los primeros días por el músico y miembro de la SGAE Eme Navarro; con aquel gesto, el tipo pretendió denunciar la inutilidad de la ley Sinde-Wert. Otras 46 fueron archivadas por defectos de forma. De las 115 restantes, según datos de la Secretaría de Estado de Cultura, 90 siguen en fase de investigación y 25 terminaron en acuerdo. Es decir, fueron retirados los contenidos de la discordia. En dos ocasiones, porque se dictó una resolución (llamada a dar paso a una intervención judicial); y en las demás, porque valió con la primera o la segunda notificación a los presuntos infractores.

Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, y presidenta de una comisión que cuenta con un vocal de la secretaría (el subdirector de Propiedad Intelectual Carlos Güervós figura como titular), así como con representantes de los Ministerios de Industria, Presidencia y Economía (que varían según el expediente), reconoció ayer que los números no son precisamente espectaculares. Y admitió: “Necesitamos ser un poco más eficientes, como pidió el secretario [José María Lassalle]. Con todo, hay que tener en cuenta que el objetivo del procedimiento es que se retiren los contenidos y no que el tema acabe en resolución”. Lassalle habló entonces (en unas declaraciones efectuadas en la presentación de Mesientodecine, servicio legal de cine por Internet) de obstáculos en cuanto al “trabajo y funcionamiento cotidiano” de la comisión. A falta de mayores especificaciones, Lizaranzu aclaró ayer que sus miembros se reúnen una vez por semana “para fijar criterios comunes”, aunque se mantienen en permanente contacto “por la vía telemática”.

La mayoría de las denuncias reales (87, entre marzo y diciembre) provino de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), que representa a la patronal del cine y los videojuegos y cuyos portavoces se quejan de “lentitud e ineficacia”. José Manuel Torné explica que desde la FAP se logró la retirada “de 52.000 enlaces” que la asociación consideró ilícitos mediante el envío a título privado de cartas a los responsables de estos. El número rondó en 2011 “los 400.000”. “Depositamos mucha confianza en la Comisión de la Propiedad Intelectual”, explica Torné, “pero un año después observamos que, como máximo, se han retirado tres o cuatro enlaces en webs que, como Veocine, una vez quitados los links, siguen funcionando. Con todo, seguimos abriendo expedientes”.

No todos mantienen su confianza. Responsables de EGEDA, entidad de gestión de los derechos de los productores de cine, reconocían ayer que desde septiembre han perdido la fe y no han hecho llegar ninguna denuncia a la comisión. Incluso así, el audiovisual ha sido el sector que más trabajo ha dado a la secretaría (la SGAE o la AISGE, la de los intérpretes, no han presentado, por ejemplo, ninguna denuncia).

Entre las medidas que “urge tomar” para evitar la inclusión en la lista 301, que diría la carta de Dodd, se citan tres en la secretaría: “Incentivo de la oferta legal, una labor de concienciación social, desde el seno de la educación, de la familia y la industria, y cambios normativos que agilicen el trabajo”. Estos últimos pasan por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Mientras espera un cambio integral, prometido para esta legislatura, el sector se tendrá que conformar de momento con una reforma puntual.

El texto alterará media docena de artículos de la LPI, así como aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Penal. De momento es solo un borrador que se encuentra en tramitación. Antes de convertirse en anteproyecto de ley, aún hay aristas que limar; es sabido que la propiedad intelectual siempre ha sido un caballo de batalla entre Industria y Cultura.

De los borradores del articulado que se han conocido se desprenden tres ideas: se busca una revisión del sistema de copia privada; un reforzamiento de la supervisión de “las entidades de gestión”; así como un “fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en Internet”, que pasaría por perseguir, también con sanciones penales, a “los operadores jurídicos cuya principal actividad consiste en facilitar listados ordenados y clasificados de enlaces a contenidos protegidos”.

Mientras se dirimen las diferencias en el seno del Ejecutivo, las entidades se quejan de que aún no han sido consultadas. Y reiteran su desacuerdo con el primer punto, el de la compensación por copia privada: el nuevo canon digital se carga a los Presupuestos, y las entidades han perdido con el cambio: de los 115 millones percibidos por este concepto en 2011, en 2012 se les adjudicó cinco. Aún está por dirimir una denuncia de estas en Bruselas.

Otros sectores, como las editoriales, las televisiones o las radios, demandan que en el mayor control de la actividad de las entidades de gestión se contemplen aspiraciones como el establecimiento de reglas claras para la fijación de precios y criterios de acreditación de contenidos, así como la disminución de las tarifas en Internet respecto a los precios de las explotaciones tradicionales.