Las 11 claves del conflicto por el agua en Doñana

El Parlamento de Andalucía ha iniciado la tramitación exprés de una proposición de ley que pretende regular la situación de centenares de hectáreas de regadío que ahora están al margen del ordenamiento en el entorno del parque de Doñana. Este proyecto normativo, impulsado por el PP (que gobierna en solitario la Junta) y Vox, ha levantado un enorme enfrentamiento político, además de las críticas desde un amplio sector del mundo científico y del ecologismo. Además, ha encendido las alarmas en la Comisión Europea, que mantiene desde hace años un expediente abierto contra España por la sobreexplotación del acuífero del que vive este emblemático espacio natural. Estas son las claves de este conflicto por el agua.

1. ¿Cuál es la situación del parque?

La biodiversidad está en su peor momento de las últimas décadas en Doñana. Dado que el acuífero ha caído a su nivel más bajo, el 59% de las lagunas temporales de mayor tamaño no se inundan desde 2013 y esto ha provocado la desaparición de fauna y flora muy valiosa, según el último informe de la Estación Biológica de Doñana. Muchos humedales se han perdido por completo invadidos por la vegetación en un contexto de sequía extrema y gran presión de la agricultura intensiva. Este invierno ha llovido menos de la mitad de la serie histórica (266 litros por metro cuadrado, cuando la media anual es 549 litros). Desde el conteo de 2.867 lagunas en 2004, la regresión de humedales ha sido constante hasta llegar al punto más crítico actual, que ha conllevado la desaparición de especies de anfibios, galápagos autóctonas de la península Ibérica, insectos, peces y plantas acuáticas. Además, han descendido otros hábitats prioritarios como las depresiones intradunares húmedas o el monte negro, cuya consecuencia directa ha sido la defoliación y muerte de numerosos árboles, muchos de ellos alcornoques centenarios.

2. ¿Cómo está el acuífero del que se nutre Doñana?

El agua es clave para la biodiversidad en Doñana, un espacio que vive de las aportaciones superficiales y subterráneas. Bajo el parque está el acuífero 27, de 2.409 kilómetros cuadrados y fundamental para mantener las lagunas de este emblemático espacio natural a las que acuden decenas de miles de aves cada año. Pero de esa gigantesca masa de agua subterránea, que está oficialmente declarada en situación de sobreexplotación desde 2020, también vive una potente industria creada alrededor de la agricultura de regadío y centrada en los frutos rojos en general y la fresa en particular. Los invernaderos se ubican fuera de Doñana, pero se nutren del mismo acuífero. A ello se le añade la presión sobre esa masa de agua que ejerce también el núcleo turístico de Matalascañas, que pertenece al municipio onubense de Almonte y está encajonado en el parque.

Buena parte de la agricultura del entorno de Doñana se desarrolló legalmente, con permisos para la construcción de pozos y extracciones controladas. Pero otra parte se desarrolló al margen de la normativa, por ejemplo, en montes públicos o zonas que no están declaradas como aptas para la agricultura de regadío. Además, muchas de las plantaciones han bebido ilegalmente del acuífero con captaciones no autorizadas. Desde hace más de una década, la organización WWF denuncia la existencia de un millar de pozos ilegales, aunque en los últimos años se ha llevado a cabo un proceso de cierre de captaciones y sellado de balsas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la que depende el acuífero.

3. ¿Qué ha aprobado ahora el Parlamento andaluz?

La Cámara autonómica ha dado luz verde al trámite de la proposición de ley impulsada por PP y Vox para aumentar los suelos de regadío en torno a Doñana. La iniciativa se tramita por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad y podría estar aprobada antes de agosto. Al escoger el PP andaluz el trámite parlamentario para impulsar el cambio de calificación de suelos agrícolas, en vez de impulsarlo la Junta como una medida de sus Consejerías de Sostenibilidad o Medio Ambiente, evita los informes de los técnicos y científicos que han cuestionado la viabilidad medioambiental de la polémica medida.

4. ¿A cuántas hectáreas afecta?

No se sabe. Otra proposición de ley de hace un año, que finalmente no salió adelante, mencionaba una extensión de 1.461 hectáreas, pero en esta ocasión el PP solo ha mencionado que beneficiaría a 600 familias. Los populares se escudan en que la ley conllevará una oficina técnica que estudiará caso por caso para ver si cada finca merece ser regularizada. El plan de la fresa de 2014 también incluía una oficina técnica para implementar las medidas y llevarlo a cabo, tal y como recordó el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia, pero esta nunca se creó pese a las quejas del personal de la Delegación en Huelva de la Consejería andaluza de Sostenibilidad, y muchas medidas de dicho plan siguen pendientes de ejecutar.

5. ¿La ley otorgaría agua a esos regadíos?

No, pero sí abre la puerta a que puedan recibirla. La ley contempla que las fincas que hoy carecen de derechos de agua se conviertan en suelos regables. Tras esta calificación, los dueños podrán acudir a la Confederación Hidrográfica a reclamar concesiones de agua, aunque este organismo del Ministerio para la Transición Ecológica ya ha avanzado que no dará más títulos ante la sequía extrema que sufre la cuenca del Guadalquivir y las pésimas perspectivas que augura el cambio climático. En cualquier caso, las aguas de las que se beneficiarían los nuevos agricultores de regadío serían superficiales, y para que estas lleguen a la comarca junto a Doñana el Gobierno debe ejecutar unas obras hidráulicas que aún carecen de fecha. La Junta ha admitido que si esas obras no se ejecutan, no habrá agua para nadie.

6. ¿Qué ocurrió con el anterior intento?

Hace un año la derecha andaluza —PP, Ciudadanos y Vox— ya presentó una proposición de ley muy similar a la actual que generó la misma oposición. Se posicionaron en contra la Unesco, la Comisión Europea, el Gobierno, 25 sociedades científicas, los ecologistas y las principales cadenas de alimentación europeas. A pesar de las críticas, los tres partidos no dieron su brazo a torcer hasta que la convocatoria de las elecciones andaluzas en junio provocó que la iniciativa parlamentaria decayera.

7. ¿Por qué censuran la ley los científicos?

Tanto el presidente del Consejo de Participación, el biólogo Miguel Delibes, como la Estación Biológica de Doñana CSIC han sido muy críticos con la proposición de ley de la derecha andaluza. El informe de esta última entidad ha censurado su “dialéctica infantil, de buenos y malos”, así como sus “mensajes absurdos”, como que el agua de los ríos que llega al mar se pierde o que la conservación del medio ambiente está contrapuesta a la actividad económica. Los científicos alertan de que la creación de nuevos regadíos solo propiciará más tensión en una zona que soporta ya una presión enorme y que ha hundido los niveles del acuífero como nunca antes.

8. ¿Qué opina el Gobierno?

El Gobierno central ha lanzado varias advertencias en los últimos años a la Junta de Andalucía. Lo hizo con el primer intento de legalizar los regadíos irregulares en la campaña de las últimas elecciones autonómicas. Y lo ha vuelto a hacer ahora con este segundo intento al recordar que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar su aplicación. Para poder recurrirla, el Ejecutivo debe esperar a que la ley esté aprobada y publicada en el boletín oficial, explican fuentes del departamento de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Si el Estado presenta un conflicto de competencias contra una norma autonómica, como sería este caso, en el momento en el que el Constitucional admite ese recurso la ley se suspende cautelarmente al menos durante cinco meses. Al cabo de ese tiempo, el tribunal debe decidir si mantiene en suspenso la norma recurrida mientras decide sobre el fondo del asunto o si levanta esa medida. En este caso, las competencias sobre la ordenación del territorio son autonómicas, pero las que afectan a las autorizaciones del agua para el regadío son estatales, ya que la del Guadalquivir es una cuenca que se extiende por más de una comunidad autónoma.

9. ¿La Comisión Europea aprueba la medida?

Al igual que el Gobierno central, la Comisión Europea advirtió de las consecuencias de regularizar las hectáreas ilegales en el anterior intento. Y lo ha vuelto a hacer ahora. A mediados de marzo, tras anunciar PP y Vox su intención de volver a la carga con los regadíos, la Comisión Europea volvió a enviar una carta advirtiendo de que no dudará en adoptar “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”. La misiva la firmaba la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, la misma que envió en enero de 2022 otra carta de advertencia a España por el mismo motivo. “En mi anterior carta de 31 de enero de 2022 ya le transmití la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar, presentada el 11 de enero de 2022, planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021″, apuntó en marzo Fink. El fallo al que se refería la directora general condenaba a España por no controlar las extracciones de agua ilegales del entorno de Doñana que nutren a una parte del sector de los frutos rojos. Aquella sentencia de 2021 no acarreó una multa, pero si Bruselas volviera a denunciar esta vez sí pediría una sanción económica, como ha advertido la Comisión claramente.

10. ¿Qué alega la Junta de Andalucía?

El Gobierno autonómico defiende que la propuesta de ley no afecta al acuífero dañado de la reserva porque solo abre la puerta para que los agricultores obtengan aguas superficiales, no subterráneas. Pero el argumento no convence a la oposición y los conservacionistas porque todos los hectómetros cúbicos que está previsto traer desde el Oeste onubense (con mayores reservas hídricas) se prevén ahora para poder sustituir las extracciones de pozos legales y así recuperar el nivel que tenía antaño el acuífero, no para nuevos regadíos. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha acusado al Gobierno de intoxicar a la Comisión Europea con una visión negativa de su plan. A pesar de que la Junta admite que el interlocutor de Bruselas es el Gobierno, insiste en que quiere hablar con la Comisión de manera directa. “Vamos a explicarles las cosas de manera correcta para que no caigan en las falsedades que están vertiendo desde el Gobierno de España”, aduce Moreno.

11. ¿Qué critican los grupos ecologistas?

Los grupos conservacionistas han cargado también contra los planes de PP y Vox en Andalucía. WWF, por ejemplo, ha calificado la propuesta como una “ley anti-Doñana” y ha advertido de que también “pondrá en conocimiento de la Comisión Europea y de las autoridades internacionales este nuevo paso que constituye una violación flagrante” de aquella sentencia europea de 2021. “Empeorará el delicado estado de conservación en el que se encuentra Doñana”, ha señalado WWF. Greenpeace entiende también que la norma “indulta décadas de robo sistemático de agua en el parque nacional de Doñana y alienta nuevos saqueos”. “Esta nueva ley de regadíos de la Junta de Andalucía es un atropello legislativo que pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo”, ha protestado la directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, que ha descalificado la proposición como “un reclamo electoralista y cortoplacista”. Y para SEO/BirdLife es “absurdo” que se tramite una proposición “para incrementar los regadíos, en lugar de actuar urgentemente y de forma conjunta para salvar el humedal”.

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