España reclama a Bruselas que no dé marcha atrás en las obligaciones verdes para las empresas

La UE se convirtió durante el anterior mandato de la Comisión Europea en el referente internacional en regulación sobre finanzas verdes al establecer herramientas para que las empresas informen de su huella medioambiental y marcar criterios a través de la denominada taxonomía, la clasificación en la que se establece qué inversiones se pueden considerar realmente que aportan a la lucha contra el cambio climático. Pero, con una Comisión mucho más derechizada tras las últimas elecciones europeas, ese edificio legislativo corre el riesgo de saltar por los aires. El 26 de febrero Bruselas tiene previsto presentar la primera tanda de su reglamento ómnibus, cuya razón es avanzar en una simplificación normativa ante las quejas de algunas empresas. Sin embargo, una pulsión desregulatoria recorre Europa y los que antes eran los grandes defensores de esa taxonomía y esas obligaciones de reporte para las empresas —como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz— tienen en el punto de mira esas normas verdes. En este contexto, el Gobierno de España ha enviado este lunes una carta a la Comisión Europea en la que advierte de que la necesaria “simplificación” no debe “cuestionar” la “ambición en los valores europeos clave”.

“La consecución de nuestros objetivos climáticos y el refuerzo de la agenda verde contribuirán en gran medida a reforzar la competitividad de la Unión Europea”, se sostiene en el escrito enviado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que también firma el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Los destinatarios son cuatro comisarios que están encima de esta reforma ómnibus, entre los que figura la vicepresidenta europea Teresa Ribera. El Gobierno español, que no rechaza que se tenga que acometer un proceso de simplificación, quiere sin embargo que se quede en una intervención quirúrgica de precisión. “Pero lo que se está planteando ahora es una operación a corazón abierto, con el riesgo de demolición”, advierten fuentes conocedoras del proceso y que en su día estuvieron muy encima de la configuración de la taxonomía.

En la carta, España establece varias líneas rojas. Por ejemplo, exige que en lo referido a la taxonomía —que en el escrito define como “la piedra angular del marco de finanzas sostenibles de la UE”— el plan de simplificación debería circunscribirse al nivel 2 de los actos delegados, es decir, a los reglamentos de desarrollo. Pero no se debe reabrir el nivel 1, algo así como la ley en la que se establecen las definiciones sobre qué se puede considerar inversiones sostenibles y las obligaciones generales para las empresas. El temor de los defensores de estas herramientas de finanzas verdes es que si se abre este melón del nivel 1 en este contexto, para volver a negociarlo con los países y las instituciones europeas, esto pueda significar su fin. “Se puede mejorar la taxonomía y reducir la carga de presentación de informes evitando la reapertura de la legislación de nivel 1″, apuntala el Ejecutivo español.

En el caso de la llamada directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD, por sus siglas en inglés), que costó mucho sacar adelante el pasado año y se rebajó considerablemente en las negociaciones entre las instituciones comunitarias, España exige directamente que no se toque: “debemos proporcionar la certidumbre necesaria a las empresas que ya están trabajando con vistas a la aplicación de esta directiva en los próximos años. Cualquier orientación adicional que pueda ser necesaria, se abordará en las directrices que se están preparando actualmente”. Pero la norma general, de nuevo, no debe tocarse, apunta el escrito del Ejecutivo nacional. Esta directiva obliga a las empresas a prevenir, mitigar, corregir y reparar los efectos adversos en el medio ambiente y en los derechos humanos que puedan ocasionar sus operaciones y las de sus filiales, teniendo en cuenta su cadena de valor. Es decir, que se consideren los efectos negativos que puedan provocar sus actividades también fuera de las fronteras europeas directa o indirectamente.

El Ejecutivo deja claro en su escrito que “alcanzar nuestros objetivos climáticos y reforzar la agenda verde es esencial para seguir construyendo una Unión Europea más sostenible, resiliente y competitiva”. En esa línea, la vicepresidenta Aagesen advertía este domingo en una entrevista en EL PAÍS que en el Gobierno iban “a estar muy atentos” a todo el proceso de simplificación del reglamento ómnibus y que no contemplaban “la posibilidad de dar señales que distorsionen, por ejemplo, al mundo financiero”. “Los inversores piden certidumbre y eso es lo que ha dado Europa con nuestra agenda de transición ecológica”, añadía. Y en la carta defiende que son “esenciales” los requisitos “sólidos de información climática” para las empresas. España sí se muestra partidaria de dar algo más de margen y retrasar el calendario de aplicación para los informes que deben presentar las pequeñas y medianas empresas. Pero insisten en que todas las empresas deben estar sujetas a “informes climáticos obligatorios, aunque proporcionados”.

El proceso de “simplificación sin precedentes” abierto por la UE tiene como objetivo declarado “liberar oportunidades, innovación y crecimiento”, según Bruselas. Se busca reducir la carga administrativa un 25% para las empresas en general y un 35% en el caso de las pymes. Pero el temor manifestado por muchos observadores —y países como España— es que este masivo recorte de “burocracia” afecte sobre todo a los estándares medioambientales construidos —y algunos aún por consolidar— durante el anterior mandato de Ursula von der Leyen en el que la estrategia de crecimiento de la UE se basó en una transición ecológica que permita alcanzar la neutralidad climática en 2050, el denominado Pacto Verde. Pese a desmentidos más o menos tibios de la propia Comisión, el mismo calendario de simplificación refuerza estos temores: el denominado “paquete ómnibus de simplificación” se divide en tres partes. Las propuestas de simplificación en torno a la “sostenibilidad” serán las primeras que presente el Ejecutivo europeo, este mismo trimestre.

La propuesta busca, según adelantó la Comisión, una “simplificación de gran alcance en los ámbitos de la información sobre finanzas sostenibles, la diligencia debida en materia de sostenibilidad y la taxonomía”. Para ello, promete Bruselas, se “garantizará una mejor adecuación de los requisitos a las necesidades de los inversores, plazos proporcionados, parámetros financieros que no desincentiven las inversiones en pequeñas empresas en transición y obligaciones proporcionadas a la escala de actividades de las distintas empresas”.

Las primeras reuniones de la Comisión con grupos de interés ya se están produciendo. A comienzos de mes, la unión sindical europea ETUC denunció precisamente que una reunión a puerta cerrada para discutir la simplificación de la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa —ya muy rebajada a instancias de Francia y Alemania— y la CSDR contó con una masiva presencia empresarial, 57 representantes invitados, entre ellos lobistas de los gigantes petroleros ExxonMobil y TotalEnergies, y solo dos representantes sindicales y 10 ONG, una proporción de cinco a uno.

La carta española llega en un momento de grandes presiones, sobre todo desde Berlín y París, para que la Comisión rebaje o retrase esas normas medioambientales clave como la CSDDD o la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés). Según reveló Politico en enero, el Gobierno francés ha propuesto que la entrada en vigor de la directiva de diligencia debida sea pospuesta sine die. Mientras, tanto Macron como el canciller alemán, Olaf Scholz, quieren un aplazamiento de dos años para la CSRD. En una carta de Scholz a Von der Leyen enviada el 2 de enero, el canciller socialdemócrata también presionó para lograr un aumento de los umbrales de facturación y del número de empleados en la normativa que regula los informes de sostenibilidad de las empresas.

En una nueva misiva, con fecha del viernes pasado y enviada a los vicepresidentes de la Comisión para Prosperidad y Estrategia Industria, Stéphane Séjourné, y de Derechos Sociales, Roxana Minzatu, así como al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis —principal encargado de la simplificación—, el Gobierno alemán insiste en la importancia de un “alivio notable” de los requisitos de información sobre sostenibilidad de las empresas y del reglamento sobre taxonomía, aunque, subrayan, “sin comprometer para ello los objetivos acordados en el Pacto Verde”. Entre otras cosas, la carta, consultada por EL PAÍS, propone “reducir al mínimo absolutamente necesario” los requisitos de información sobre sostenibilidad de la tarificación del carbono y el arancel propuesto por el Ejecutivo europeo para que los productos fabricados fuera de la UE con menos estándares medioambientales paguen para compensar esa ventaja competitiva.

A su llegada al Eurogrupo este lunes, Kukies ha “alentado” a la Comisión para que tome medidas “muy decisivas” en su primer paquete legislativo de simplificación, centrado en la sostenibilidad. “Es urgente reducir las obligaciones de información y racionalizar el sistema”, porque las cargas burocráticas son uno de los “mayores frenos” al crecimiento de la economía alemana y europea, ha declarado. “Es muy importante que la Comisión presente una propuesta de gran alcance y que la considere también como un preludio para entrar en otros ámbitos”, ha agregado.