Aprobada la ley contra el desperdicio alimentario: los bares darán envases para las sobras y los súper venderán productos “feos”

El Congreso ha aprobado este jueves la ley contra el desperdicio alimentario, que incluye medidas como la obligación de que bares y restaurantes ofrezcan envases para llevarse las sobras, la exigencia de que los supermercados donen sus excedentes, y la imposición de que todas las empresas de la cadena alimentaria cuenten con planes para evitar que la comida acabe en la basura. La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario pretende reducir la cifra global de desperdicio, que en 2023 se situó en España en 1,214 millones de toneladas, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Mientras, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se desperdician en el mundo unos 1.300 millones de toneladas, alrededor del 30% de los alimentos que se producen, con un alto coste ambiental.

La norma se aprobó en el Congreso en primera lectura en diciembre con la mayoría de investidura, el voto en contra de Vox y la abstención del PP; este jueves tan solo se han votado las enmiendas que venían del Senado, tras las cuales la norma queda aprobada definitivamente. Las diferentes patronales y asociaciones de la cadena alimentaria coinciden en que es una ley pionera en un país europeo —aunque ya existe una en Cataluña—. “Vemos positivo que se armonice el tema del desperdicio alimentario. La ley cumple tres objetivos: el social, porque se evita desperdicia comida; el ambiental, porque fabricar alimentos supone consumos de agua, energía y gestión de residuos que se perderían; y también el económico, porque producir para acabar en la basura es perder eficiencia en la gestión”, apunta Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Estas son algunas de las novedades legislativas.

Planes contra el desperdicio en empresas

Una de las principales novedades de la norma consiste en que todas las empresas de la cadena alimentaria —producción, transformación, distribución de alimentos, así como hostelería y restauración— deberán elaborar planes de prevención de pérdidas y desperdicios. “Este tipo de planes diagnostican por qué se generan desperdicios y buscan alternativas viables técnicamente, ambientalmente y económicamente para reducirlas, con medidas de seguimiento periódicas. Hay excepciones con las pequeñas empresas”, explica Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Empresas de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

La prioridad: la donación de alimentos

Cuando se desechen alimentos, la prioridad será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos a entidades sociales. “La industria de alimentación y bebidas lleva años haciendo donaciones de alimentos, y esto viene a armonizar lo que ya se hacía”, dice Sánchez, de (FIAB). El director de Asedas lo confirma: “En la práctica ya se hace, en la mayoría de los casos en los que no se dona es porque no se puede. Tenemos 20.000 establecimientos en zonas rurales y allí suele ser más difícil”. Las ONG del sector, en cambio, apuntan que no siempre es así y que mucha comida acaba en la basura. En cualquier caso, ahora pasa a ser una obligación legal. Nuria Pedraza, de la patronal Aecoc, tercia: “Ahora todo el mundo deberá hacer acuerdos de donación, el gran desafío es encontrar entidades receptoras con capacidad operativa para recoger y transportar esos productos en todas partes de España”. Si no se puede donar, la ley pide destinar los excedentes a alimentación animal, compost o biocombustibles, para lo que será fundamental la colaboración de los gestores de residuos.

Recipientes para las sobras en bares y restaurantes

Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido en envases reutilizables o reciclables. El servicio será gratuito, aunque si los envases son de plástico se deben cobrar, como indica la ley de residuos. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, apunta: “La mayoría de establecimientos ya tienen algún tipo de operativa para ofrecer este servicio, con bolsas, recipientes, papel de aluminio… Y siempre sugerimos que los recipientes sean reciclables y reutilizables”. Patricia Estanheiro Mota, directora de Desarrollo de Hostelería Madrid, coincide: “Esto no va a ser un problema tampoco para los establecimientos pequeños, que ya pueden ofrecer medias raciones u otras soluciones para que la comida no sobre. Y si sobra, casi todos están sensibilizados”. En cualquier caso, ahora ninguno podrán negarse.

Incentivo a los productos de temporada, ecológicos y “feos”

Dentro de las recomendaciones, la ley pide a tiendas y supermercados que tengan líneas de venta con productos “feos”, “imperfectos” o “poco estéticos”, siempre que cumplan las normas sanitarias, así como que promuevan “los productos de temporada, los de proximidad, los ecológicos y los ambientalmente sostenibles”. “Es muy positivo que los productos ecológicos tengan más presencia en los supermercados”, dice Diego Granado, de Ecovalia. Pauline Bonnier, portavoz del supermercado cooperativo La Osa, señala: “Los supermercados cooperativos ya priorizamos estos productos y hacemos sensibilización a los consumidores para que sepan la procedencia, de forma que es mejor para ellos y para los productores. Es positivo que esto se extienda” a todo el sector. La norma pide además “exponer en lugar visible para las personas consumidoras información sobre la seguridad y beneficios del consumo de productos con imperfecciones o imperfectos”.

Descuentos cuando se acerca la caducidad

La legislación propone incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. “Esto no plantea problemas, la mayoría de establecimientos ya hacen liquidaciones al final del día rebajando precios para evitar el desperdicio”, apunta el director de Asedas. Bonnier, de La Osa, coincide: “Cuando la fruta y verdura empiezan a ponerse feas, las vendemos a un euro el kilo, muy barato cuando son ecológicas y de proximidad. Y el pan del día anterior se mantiene con un gran descuento”. Algunas grandes superficies ya disponen de estanterías específicas para estos productos, algo que se espera que se generalice.

Sanciones a los incumplidores

El espíritu de la ley es, sobre todo, promover e impulsar la prevención y la disminución del desperdicio alimentario, también incluye sanciones, cuya cuantía va de los 2.000 euros para las leves hasta los 500.000 para las graves. La industria alimentaria critica este aspecto. “Preferimos los incentivos a las sanciones. Sin embargo, la ley da flexibilidad a las pymes, así que creemos que va a haber un altísimo cumplimento”, apunta Gallego, de Hostelería de España. Su homóloga de Hostelería Madrid tercia: “Las asociaciones ofreceremos herramientas y soluciones a la restauración para que se centren en la prevención y las sanciones no les supongan un problema”.

Plan nacional contra el desperdicio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, impulsor de la normativa, deberá elaborar un Plan Nacional de Control de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que contendrá objetivos generales y prioridades para las tareas de control. El documento se realizará en consulta con otros ministerios y pretende ser la hoja de ruta para continuar en la senda de la prevención. En cualquier caso, el departamento de Luis Planas ya elabora cada año.

Retos pendientes

“Es una pena que la ley no incluya medidas de cara al consumidor más allá de medidas de formación, porque es en los hogares donde más alimentos se desperdician”, critica el director de Asedas. Raquel Díaz, directora de la Fundación Espigoladors —que lucha contra el desperdicio—, critica que en la tramitación parlamentaria se han incorporado tantas excepciones a las obligaciones con lo que no está claro quién va a tener que cumplir la ley. “La norma que se quedó en el cajón en la anterior legislatura era mucho más ambiciosa”, resume. En cambio, se ha rechazado la enmienda que consideraba que los excedentes agrícolas se deberían convertir automáticamente en residuos, por lo que se sigue favoreciendo la donación de frutas y hortalizas y el espigue, es decir, la rebusca de alimentos que pueden destinarse al consumo humano. Desde la ONG Enraíza Derechos apuntan: “Uno de los grandes fallos de la norma es la falta de obligatoriedad en la medición y el análisis del desperdicio en todos los eslabones de la cadena alimentaria, sin ello será difícil que haya soluciones efectivas”.