El robo de agua empuja al Gobierno a declarar sobrexplotado el acuífero de Doñana

El Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ultima la declaración como sobreexplotado de la zona norte del acuífero del que vive Doñana. Será el 21 de febrero cuando este organismo apruebe esa declaración que implica, según la terminología oficial actual, el reconocimiento de que “una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico”. Esta figura permite a la Administración aplicar medidas contundentes para frenar el deterioro de los acuíferos. 

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Según se establece en la Ley de Aguas, esta declaración permitirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “adoptar las limitaciones de extracción así como las medidas de protección de la calidad del agua subterránea que sean necesarias como medida cautelar”. Básicamente, la Administración central tendrá un mayor “control” sobre el agua que se extrae de este acuífero para el riego de los frutos rojos en el entorno de Doñana, señaló el presidente de la Confederación, Joaquín Páez, el martes. “Es la primera vez que se hace, era una reivindicación histórica”, apuntó desde Lucena del Puerto, Huelva.

El presidente de la Confederación hizo estas declaraciones junto a una balsa ilegal de riesgo de esta localidad, ubicada en terrenos municipales junto al espacio natural de Doñana. Esa balsa se nutre de varios pozos ilegales, que el Gobierno intenta cerrar sin éxito desde 2013.

La falta de contundencia de las Administraciones, cuando no complicidad, en el problema de las captaciones ilegales de agua subterránea lleva más de una década afectando al acuífero de Doñana. Hasta tal punto que la Comisión Europea, tras varios avisos, ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la inacción a la hora de proteger este espacio protegido, que también está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. “No me siento intranquilo”, aseguró Páez ante esa denuncia. Porque, sostuvo, hay alternativas para luchar contra este problema, como la declaración del acuífero como sobreexplotado, algo que los ecologistas llevan reclamando desde principios de esta década.

Del conocido como acuífero 27 bebe Doñana, un ecosistema único en Europa donde viven especies en peligro como el águila imperial o el lince y que es parada obligada para las aves migratorias en viaje entre África y Europa. Pero el acuífero también alimenta una potente industria agrícola de regadío, dedicada a la fresa y a los frutos rojos y desarrollada en el entorno del espacio protegido a partir de los años ochenta. La Confederación tiene aprobadas concesiones y permisos de aguas, por las que los agricultores pagan cánones, que permiten extracciones del acuífero legales. Pero también existen captaciones ilegales (WWF estima que un millar) que de forma pirata extraen el agua para regar sus cultivos.

Zona norte

La declaración de sobreexplotación se realizará sobre tres de las cinco partes en las que se divide el acuífero, conocido oficialmente como masa de agua Almonte-Marisma. Se actuará sobre las tres zonas de la parte norte, que están en peor situación por sufrir la presión de la agricultura a través de las captaciones. Y la declaración permitirá recortar las concesiones que están ya otorgadas, es decir, reducir el agua que se extrae legalmente.

Además, los regantes de la zona deberán constituir una comunidad de usuarios. Y en el plazo de un año la Confederación presentará un plan de actuación que debe completar medidas concretas para que la zona afectada alcance “un buen estado”. Básicamente, limitaciones sobre el agua que se extrae. El pasado verano el Defensor del Pueblo ya reclamó al Ejecutivo la declaración de sobreexplotación del acuífero.

Paralelamente, la Confederación pretende actuar sobre las captaciones ilegales. Un buen ejemplo son las que visitó el martes el presidente de esta institución acompañado de varios medios de comunicación. Desde 2013 la Confederación tiene localizados y numerados 77 pozos, todos ellos ubicados en terrenos municipales de Lucena del Puerto. Ya existen varios pronunciamientos judiciales y la Confederación espera poder clausurar y eliminar esos 77 pozos en un plazo de dos meses. “Si el Ayuntamiento no recurre la ejecución”, sostiene Páez. La Confederación ya tiene consignados los 65.000 euros que cuesta el plan de cierre de estos 77 pozos. Y aunque los ponga ahora este ente, su presidente asegura que los deberá pagar el Ayuntamiento.

Esta zona fue protagonista en septiembre de un incidente con un agente medioambiental de la Confederación, al que varias decenas de agricultores acosaron durante una visita de inspección. El agente está de baja desde entonces y se está a la espera de la sentencia sobre el caso. Hace cinco años otra pareja de agentes fue agredida por agricultores en la misma zona.