Bruselas denuncia a España por la inacción ante el robo de agua en Doñana

Tras años de inacción de las Administraciones en la lucha contra el robo de agua en Doñana, la Comisión Europea ha terminado denunciando a España por no proteger adecuadamente el acuífero del que vive este espacio protegido, una de las reservas naturales más importantes de la UE y Patrimonio de la Humanidad. Este proceso contra España arrancó en 2010, cuando la organización ecologista WWF presentó una queja ante Bruselas. Tras varios avisos por los incumplimientos (el último dictamen motivado data de abril de 2016), la Comisión ha anunciado este jueves que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se abre así un proceso en el que podría ser sancionada si no soluciona este problema que también ha suscitado quejas de la Unesco, que ha llegado a barajar incluir a Doñana en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad en peligro.

Doñana, ubicada en la margen onubense de la desembocadura del Guadalquivir, es un ecosistema cuya supervivencia depende del agua, de la superficial y de las masas subterráneas. Pero este emblemático espacio —donde viven especies en peligro, como el águila imperial y el lince ibérico, y que es un punto clave en Europa para las migraciones de aves— está cercado por las actividades humanas. Por un lado, en el corazón del parque se ubica un núcleo turístico, Matalascañas. Por otro, rodeando al espacio protegido hay miles de hectáreas de regadío dedicadas a los frutos rojos.

La Comisión ha recordado este jueves que “grandes cantidades de agua se están desviando” para fines agrícolas y para el turismo desde hace años. “La fuerte caída en los niveles de agua subterránea” ha hecho que zonas importantes por sus valores ambientales y por su extremada vulnerabilidad sean más sensibles a las sequías y se deterioren. La Comisión advierte de que los hábitats pueden degradarse aún más y que España incumple así las directivas referidas a las zonas sensibles y a las masas de agua. “España no está tomando las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales”, resume Bruselas.

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WWF recuerda que la extracción incontrolada de agua “está dañando gravemente el acuífero y los hábitats y especies protegidas”, y que lleva más de una década advirtiendo de esa “sobreexplotación”. Sus últimos cálculos sitúan en más de 1.000 los pozos ilegales que captan agua del acuífero de Doñana y en más de 3.000 las hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Todas las Administraciones (local, regional y central) tienen competencias en este asunto, pero no ha sido hasta los últimos años cuando se han empezado a aplicar cierres sistemáticos de captaciones ilegales, que han desencadenado algunos enfrentamientos con agricultores. El uso incontrolado de estos recursos ha hecho ya que varias cadenas de distribución europeas hayan empezado a rechazar los productos procedentes de esta comarca por los daños medioambientales.

Felipe Fuentelasaz, que trabaja sobre el terreno en Doñana para WWF, no cree que la situación haya mejorado a pesar de que la Junta aprobó en 2014, tras siete años de dilaciones, un plan de ordenación de la agricultura del área que rodea a Doñana. Ese plan incluía el cierre de pozos —según los últimos datos del Gobierno central en los dos últimos años se han clausurado 300— y la eliminación de cultivos ilegales. “No se ha eliminado ninguna hectárea ilegal”, advierte Fuentelasaz. En diciembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció el inicio de la tramitación para declarar la parte norte del acuífero —sobre la que están las captaciones ilegales— en riesgo. Esto permitirá, entre otras cosas, perseguir judicialmente a los ilegales de forma más eficaz.

Posibles sanciones

La Comisión ha indicado este jueves que la denuncia se presenta ante la inacción de España. A 2014 se remonta la carta de advertencia enviada por Bruselas; y a 2016 el dictamen motivado con el ultimátum. Bruselas instó entonces a España a poner fin al deterioro de la zona, que alberga varios espacios de la red Natura 2000. Fuentes comunitarias explican que las sucesivas evaluaciones que la Comisión ha realizado han determinado que la zona seguía empeorando.

Pese a que Bruselas dio en 2016 a España dos meses para actuar, ha esperado tres años para llevar a las Administraciones a la Corte de Luxemburgo. Los últimos análisis realizados en la zona determinan que las medidas que se han adoptado, según estas fuentes, son “insuficientes”. Y su ejecución defectuosa. Fuentes comunitarias explican que España aún está a tiempo de resolver el asunto si adopta en breve medidas que garanticen que puede enderezar la situación. Si no lo hace, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia no solo que obligue a cumplir la directiva, sino también que imponga sanciones.