La justicia europea condena a España por no tener en cuenta las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana

España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en el momento de estimar el uso de este recurso subterráneo que discurre bajo la comarca de Doñana y nutre las marismas, los humedales y el bosque mediterráneo de este espacio protegido ubicado en la provincia de Huelva. Así lo ha considerado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia emitida este jueves y cuyo dictamen resuelve un caso que se remonta a las denuncias ante las instituciones europeas de grupos ecologistas interpuestas hace ya más de una década. La resolución, que trata de resolver el choque entre la naturaleza y la agricultura intensiva de frutos rojos en la zona, condena también a España por no haber adoptado las medidas apropiadas para evitar las alteraciones de los hábitats protegidos provocadas por las extracciones del acuífero que hay bajo tierra.

En la provincia de Huelva, en el extremo sur de la península, y tocando ya con Portugal, coinciden uno de los espacios naturales más imponentes de Europa, que alberga especies protegidas como el lince ibérico, el águila imperial y la tortuga mora, y también una de las grandes huertas de fresas, frambuesas y arándanos del continente, que nutre de estas bayas los supermercados del bloque comunitario. Para ambos resulta clave el agua, un recurso precioso y escaso que se acumula bajo la superficie. España, según la legislación europea y ahora la decisión del tribunal con sede en Luxemburgo, deberá tomar medidas encaminadas a su protección frente a la sobreexplotación provocada por el uso antropogénico.

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La sentencia, en cualquier caso, no satisface plenamente las demandas de la Comisión Europea, que fue quien interpuso en 2019 un recurso por incumplimiento de varios preceptos de la directiva marco del agua del año 2000, que establece un contexto comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, y de la directiva de hábitats de 1992, destinada a la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente. El texto argumenta que el Ejecutivo comunitario no ha logrado acreditar que las masas de agua subterránea del espacio natural que se encontraban ya en mal estado se hayan deteriorado aún más, por lo que no se ha logrado demostrar que España haya incumplido su obligación de evitar el deterioro de estos acuíferos.

Lo que sí dictamina la sentencia es que las administraciones españolas deberían haber “tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones para el abastecimiento urbano a la hora de estimar las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana” antes de elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015‑2021, el cual “no contiene toda la información necesaria para determinar la repercusión de la actividad humana en las masas de agua subterránea de la comarca de Doñana”.

También condena a España por su inacción, al “no haber previsto” en el citado plan hidrológico “ninguna medida” para evitar la alteración de los hábitats protegidos situados en la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de Doñana “ocasionada por las extracciones de agua subterránea para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas”. Y también por no haber adoptado “medidas apropiadas para evitar las alteraciones apreciables” de los hábitats protegidos situados en las ZEPA Doñana, Doñana Norte y Oeste y Dehesa del Estero y Montes de Moguer “ocasionadas por las extracciones de agua subterránea del espacio natural protegido de Doñana”.

La sentencia obliga ahora a que España se ajuste a lo dispuesto por el TJUE a la mayor brevedad posible. Si la Comisión, que fue quien interpuso el recurso en Luxemburgo, considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, podría interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias con el fin de forzar su cumplimiento.

La decisión ha sido calificada de “histórica” por parte de WWF España, la organización ecologista que elevó por primera vez una queja ante la Comisión en 2010, en la que denunciaba la extracción “abusiva e insostenible” de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas. “Esta condena a España es un escándalo y un gran daño para la imagen internacional de nuestro país que no ha sido capaz de cuidar un espacio único como Doñana, propiedad de todos los europeos y patrimonio de toda la humanidad”, ha expresado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, a través de un comunicado.

Cuando uno recorre las carreteras de Matalascañas a El Rocío, de Almonte a Lepe, además de poblados chabolistas donde se hacina la mano de obra ilegal formada por braceros de origen migrante que nutre los campos, se ven kilómetros y kilómetros de huertas cubiertas con plásticos, que se han ido extendiendo poco a poco con los años. En la provincia hay en la actualidad unas 11.200 hectáreas de cultivos de frutos rojos, de los cuales algo menos de la mitad son fresas, según datos de la Unión de Pequeños Agricultores. Solo en el primer trimestre de la campaña de 2020, que fue atípica por la covid, el sector facturó en Huelva 428 millones de euros, y esta provincia concentró el 78% de las ventas de frutos rojos de España, según datos de Extenda, organismo de promoción de exportaciones de la Junta de Andalucía. Este año, la actividad agrícola, que es uno de los motores económicos de la región, ha empleado a 109.000 jornaleros.

WWF calcula que existen más de mil pozos ilegales en Doñana y que hay 1.653 hectáreas de cultivos ubicadas en zonas que no pueden regularizarse; también recuerda que tres de las cinco partes en la que está dividido el acuífero de Doñana están declaradas sobreexplotadas desde 2020 por parte de la confederación hidrográfica del Guadalquivir. “Hemos luchado por Doñana desde hace 50 años y estamos convencidos de que se encuentra en la situación más grave de su historia”, añade Del Olmo. “Es un ecosistema cada vez más débil, asediado por antiguas y nuevas amenazas y por la realidad del cambio climático. Esta sentencia recuerda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su responsabilidad y la urgencia de actuar antes de cruzar el punto de no retorno”.

La organización reclama que, a pesar de los “avances” producidos en esta legislatura, con el cierre de pozos y la calificación del acuífero como un recurso “en riesgo de no alcanzar sus objetivos ambientales”, las Administraciones deben cerrar “de forma inmediata” las captaciones ilegales que roban agua a Doñana. WWF alerta de la “transformación irreversible” de las marismas y cree que el plan hidrológico que se establezca para 2022-2027, en fase de elaboración, debería suponer “un antes y un después” para Doñana.

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