Transcurrido un año, vuelta a la casilla de salida. Con el parque de Doñana en el mismo estado crítico de biodiversidad, de nada han servido las amenazas de la Comisión Europea para multar a España, los informes científicos en contra, las quejas de los ecologistas y los propios agricultores de la zona, los avisos de las cadenas de supermercados europeos que mermarían las exportaciones, y la advertencia del Gobierno de que acudiría al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. La derecha andaluza ha retomado su proposición de ley para aumentar los regadíos junto a Doñana –con pequeños cambios– y este viernes ha reactivado las críticas de los ecologistas, los científicos y el Ministerio para la Transición Ecológica.

A tres meses de las elecciones municipales, el PP andaluz de Juan Manuel Moreno –que insiste en su fuerte conciencia ecológica– ha presentado este viernes junto a la ultraderecha una ley para aumentar los invernaderos de fresas junto a la emblemática reserva. Y la reacción en contra ha sido severa: “Vuelven los tambores de guerra contra Doñana y la legalidad. Que no haya la menor duda: nos opondremos a cualquier ataque a este valioso espacio natural”, ha censurado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Twitter.

El ministerio no descarta denunciar la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, tal y como advirtió hace un año, y recuerda que Bruselas ya alertó de que al desproteger el humedal se desobedecía al Tribunal de Justicia de la UE. “La proposición de ley es un atropello (…) Aumentar el regadío en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Doñana, dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía”, critica el Gobierno.

El lenguaje bélico augura otro crudo enfrentamiento entre los gobiernos central y andaluz, mientras la ciencia y la Comisión Europea advierten de los daños en una reserva ya muy deteriorada, con el mismo escenario de fondo: a pocos meses de las urnas —ahora municipales, hace un año autonómicas—, la derecha ha primado el beneficio electoral de contar con unos 1.500 agricultores onubenses que hoy riegan con pozos ilegales y cuyas fincas se convertirán en regables, sobre las críticas que recibirá por los daños al medio ambiente.

La posible invasión de competencias se basa en que la Junta pretende por ley garantizar que los agricultores freseros, a los que les cambiará la calificación del suelo a regable, dispondrán de agua, pese a que el órgano que decide sobre los derechos de agua es el ministerio. La justicia ya se pronunció en una treintena de sentencias para aclarar que precisamente el plan anterior de 2004 que ahora se tumbaría no invadía competencias al contar con la opinión de los técnicos en aguas del ministerio, que ahora son ignorados.

El PP proclama que su propuesta “no habla ni de Doñana ni de aguas, solo de ordenación del territorio”. “Doñana es intocable”, dice, y asegura que los recursos hídricos no saldrán del acuífero que nutre el Parque Nacional, sino de aguas superficiales. Para ello es necesario una serie de obras que competen a la Junta y también al Estado. “Si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones de diciembre, se acelerarán”, pronosticó el presidente del PP de Huelva, reconociendo expresamente el interés electoral de la propuesta. También admitió que “mientras no haya aguas superficiales no se va a solucionar nada”.

Para los ecologistas, la ley desprotege Doñana, sedienta en pleno invierno: “Es una pura cobardía el procedimiento para modificar el plan de 2004 [de la corona forestal, denominado plan de la fresa] y rebajar los informes sectoriales porque serían negativos. Es inaudito confeccionar una ley singular para esto”, critica Juan José Carmona, coordinador del WWF para Doñana.

También en contra del plan está Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), que representa el conocimiento científico sobre la reserva y su precaria evolución actual. “Legalizando unos usos de agua que son ilegales se genera un gran problema que solo ampliará la complejidad. Es un engaño a los propios agricultores, se está hablando de un recurso de agua que no existe”. La pregunta es cómo llegará la información sobre la disponibilidad del agua a los agricultores de la zona.

¿Por qué es relevante la fórmula escogida?

La clave es que la proposición de ley sustituye una acción de regular un territorio concreto que siempre ha ejercido la Junta andaluza mediante un procedimiento administrativo. A través del Parlamento, los populares y Vox evitan a todos los expertos que advertirían de la dificultad de justificar una alteración del suelo en un área tan tensionada y cartografiada como el entorno de Doñana, donde cada hectárea tiene una clasificación y un color sobre el mapa.

Y sobre todo, los populares, que gobiernan con mayoría absoluta, eluden la cascada de informes de la Junta y ajenos: el Consejo de Participación de Doñana, los dictámenes del ministerio y los ayuntamientos de la zona, su propio estudio de evaluación ambiental, informes de otras consejerías afectadas, el periodo de alegaciones que puedan presentar los agricultores de la zona perjudicados por los nuevos derechos de agua concedidos… Además, la ley se tramita por vía de urgencia y quizá se apruebe antes de agosto.

La derecha defiende que el plan actual es distinto del de 2022 porque ya no daría aguas subterráneas a los agricultores que hoy son ilegales con suelo no regable, sino que serían superficiales y respetaría al acuífero sobreexplotado. La ley convertirá las nuevas fincas en suelo “preferente” y los agricultores hoy ilegales podrían tener prioridad sobre otros con derechos de agua, pero con el grifo hoy cortado por la sequía. “A los demás, esto nos mata”, lamenta uno de ellos que pide anonimato.

PP y Vox presentan el texto sin cartografía para evitar señalar de antemano a qué fincas beneficiaría la medida y han eliminado el número de hectáreas que podrían verse beneficiadas, como en la propuesta registrada en la legislatura pasada, pero admiten que rondan las 1.600 hectáreas, según afirmó el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, y el presidente del PP de Huelva y diputado, Manuel Andrés González. En la propuesta se ha incorporado la creación de una oficina técnica que revisará “caso por caso” si los terrenos pueden tener la consideración de regables. Si consiguen el visto bueno, “podrán reclamar” agua a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre el que la Junta no tiene competencias. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul reconocen que es “una cuestión política”. Este viernes el consejero, Ramón Fernández-Pacheco, tenía previsto participar en un besapiés a la imagen de Jesús Cautivo de Medinaceli en Almería, pero lo ha cancelado a última hora.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente de Transición Ecológica, repite a menudo que no hay más agua que repartir, realidad que está plasmada en su Plan Hidrológico que abarca hasta 2028, y que rechaza la posibilidad de que más agricultores llamen a su puerta en busca de agua para cultivos de regadío intensivo.

La oficina técnica es una de las reivindicaciones del PSOE que los populares han incorporado al texto, aunque los socialistas niegan que hayan pactado nada con el PP. Tampoco el Ministerio para la Transición Ecológica se siente implicado con la propuesta. Las dos reuniones que el consejero Fernández-Pacheco mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acabaron sin acuerdo después de que este último pidiera sin éxito su retirada.

Los populares aseguran que han incluido la reclamación del ministerio sobre la ley forestal. “Hemos hecho un corta y pega”, dice González. La Junta también celebró una reunión en Bruselas con el director de Biodiversidad, Humberto Delgado, el pasado 8 febrero a la que asistieron el viceconsejero, Sergio Arjona, y el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo.

El PSOE, en un comunicado, reprochó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que “vuelva a esconderse tras su grupo parlamentario y no asuma su responsabilidad” sobre los regadíos en Doñana. Los socialistas reclaman que sea el Gobierno regional el que presente un proyecto de ley que requiere una serie de informes preceptivos y el dictamen favorable del Consejo de Participación de Doñana donde están presentes todos los sectores afectados. También piden “la creación de una comisión bilateral o mesa técnica con el Gobierno de España, que también tiene competencias en la cuestión de agua, que es la clave”.

Ante este panorama repetido, está por ver la respuesta de la Comisión Europea, que hace un año ya advirtió a España de nuevas multas por infringir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que le había exigido proteger Doñana para que la biodiversidad se recuperara y vio que la dirección de Andalucía era la opuesta.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal