PP y Vox resucitan la ley para aumentar los regadíos en Doñana a tres meses de las elecciones

La derecha andaluza mueve la misma ficha en Doñana un año después, aunque PP y Vox aseguran que es de otro color. Este jueves, el mismo día en que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, participaba en la suelta de una hembra de lince ibérico en Doñana, su partido ha anunciado que registrará mañana con Vox en el Parlamento andaluz otra proposición de ley para “la mejora de la ordenación de zonas agrícolas del Condado de Huelva”.

Es decir, la derecha —ya sin Ciudadanos— reactiva su propuesta para regularizar más de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales de fresas que ahora mismo esquilman el acuífero de la reserva natural y que provocaron la declaración de “sobreexplotado” de su acuífero hace dos años y medio. La prolongada sequía ha hecho que la biodiversidad del parque siga en descenso pese a que en diciembre las lluvias dieron un respiro. Apenas ha llovido en enero y febrero.

Ni el PP ni Vox han querido concretar este jueves el texto de la iniciativa, pero ya a principios de 2022 defendieron y aprobaron una propuesta similar para ampliar entre 1.460 y 1.903 hectáreas de regadío junto a esta reserva de la biosfera. La proposición decayó al adelantarse las elecciones autonómicas, pero provocó la dura advertencia de la Comisión Europea de que volvería a multar a España si permitía que Doñana se seque por el aumento de regadíos.

Los populares —con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico— aseguran que esta proposición de ley no esquilmará el acuífero porque se trata de prometer agua a los agricultores, pero siempre superficial. Tras registrarse la de hace 14 meses, la cascada de críticas fue continua: el Gobierno advirtió que la llevaría al Tribunal Constitucional, Bruselas amenazó con una multa, la Unesco se posicionó en contra y más de mil científicos firmaron un manifiesto para oponerse a la idea de los grupos políticos.

La propuesta que PP y Vox registrarán se produce a menos de 100 días de las elecciones municipales. Ambos partidos pelean por los votos en los cinco pueblos de la zona del Condado, donde los socialistas gobiernan con mayoría absoluta en tres de ellos. El PSOE, que se abstuvo la legislatura pasada en la tramitación de la proposición de ley, no se pondrá de nuevo de perfil. Esa posición provocó una dura reprimenda de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a los socialistas andaluces. El secretario general del PSOE regional, Juan Espadas, tiene claro que esta vez no apoyará una propuesta que cree generará la misma alarma en Bruselas.

El Gobierno andaluz frenó la semana pasada el registro de la iniciativa. Una llamada del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, a su grupo parlamentario retrasó la iniciativa para dar tiempo a negociar con los responsables de Transición Ecológica. El consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, se reunió el lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien entregó la propuesta. El Gobierno central no quiere que se hable en ningún momento de ampliación de regadíos en una zona muy sensible y que arrastra un déficit hídrico que impacta de lleno en el Parque Nacional de Doñana y el acuífero que le nutre.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se asegura que el acuífero, que está sobreexplotado por el robo de agua, “jamás” será la solución para los agricultores de los frutos rojos. Apuestan por las aguas superficiales, pero estas también están previstas para llevar agua al inmenso pozo subterráneo. Según la Junta, hay conversaciones con las instituciones europeas y el Gobierno central para llegar a un acuerdo, pero desde el PSOE no se muestran tan optimistas sobre ese diálogo.

El portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, asegura que la proposición de ley incorporará las enmiendas que el PSOE registró en la anterior legislatura, que apostaban por contar con todas las organizaciones afectadas como el Consejo de Participación de Doñana, donde están todos los actores implicados, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Los socialistas creen que la organización de los regadíos en el entorno de Doñana debe liderarla el Gobierno andaluz, al que instan a presentar un proyecto de ley y no escudarse en los grupos parlamentarios. De ser así, el Ejecutivo tiene que recabar una serie de informes preceptivos, mientras que si deja en manos de los grupos la nueva regulación, el control es más laxo.

Al margen de la oposición de Madrid, Bruselas y París, la propuesta de la derecha fracturó hace un año a los agricultores de la zona limítrofe con el parque, entre los legales (con derechos de riego) y los ilegales, además de movilizar a los grandes distribuidores de la alimentación, que advirtieron al Gobierno andaluz de que su medida era la peor publicidad para la marca Doñana. Está por ver el impacto de esta segunda medida y si los ecologistas la rechazan de manera frontal como hace un año.