La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a Transición Ecológica que actúe contra los 250 agricultores que aún esquilman Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe contra los 250 agricultores de Huelva, Sevilla y Cádiz que esquilman el acuífero de Doñana desde hace décadas. Es la primera vez que las autoridades hacen un recuento preciso de los freseros que han robado agua del deteriorado acuífero de la reserva y han contribuido a su progresivo declive. Además, el tono empleado para describir la extracción “sistémica, ilegal y persistente” es especialmente grave. La Guardia Civil ha peinado el entorno del Parque Nacional y ha identificado a 250 agricultores protagonistas del saqueo del agua sin permisos, la gran mayoría en Huelva (198), pero también en Sevilla (51) y Cádiz (1). Pero, en este caso no se trata de extracciones de agua de hace décadas, sino de las que han constatado los agentes en 2022 y 2023.

La fiscalía denuncia cómo se ha permitido en Doñana “una situación de extracción masiva, sistémica, simultánea, persistente, fuera de control e ilegal de aguas subterráneas por parte de una multiplicidad de operadores que desarrollan actividades económicas”. El ministerio público recalca que estos agricultores han actuado al margen de la ley, “sin concesión administrativa y en caudales superiores a los permitidos”, lo que ha minado durante años el acuífero de la reserva, es decir, las aguas subterráneas que dan vida a este espacio protegido.

La fiscalía mueve ficha casi cuatro años después de que en junio de 2021 recibiera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por las extracciones de agua en el espacio protegido, motivadas por la agricultura y el turismo en la macrourbanización de Matalascañas. Tras la sentencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió unas diligencias preprocesales ―una investigación previa a la presentación de una demanda o denuncia― sobre la responsabilidad medioambiental el 8 de mayo de 2023, que ahora ha concluido.

Antes de denunciar los hechos ante la justicia, la fiscalía ha solicitado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente de Transición Ecológica, que imponga medidas a estos agricultores para detener de inmediato el saqueo del agua. En función de las decisiones que adopte el ministerio, el fiscal Manuel Campoy valorará si son efectivas, y en caso de entender que no lo son podría interponer un recurso contencioso-administrativo contra Transición Ecológica ante los tribunales para exigir más contundencia contra los esquilmadores. Ni las multas de los agentes medioambientales ni los procesos penales contra ciertos agricultores dilatados en el tiempo han logrado que el robo del agua se detenga en las últimas décadas. Porque el negocio de los frutos rojos es demasiado lucrativo y les compensa. Ningún agricultor ha ingresado en prisión pese al medio centenar de condenas penales que se acumulan ya en la zona.

Entre las medidas propuestas por la fiscalía a Transición Ecológica destacan el “cese definitivo o temporal, total o parcial, de actividades en las explotaciones económicas y profesionales, que con posterioridad a 2023 hayan continuado con la extracción ilegal de aguas subterráneas de los acuíferos concernidos, sin la concesión administrativa preceptiva o en caudales superiores a los permitidos”. También se reclama “la adopción de medidas de reparación primaria” y “de reparación complementaria”, es decir, que paguen por el daño realizado. Además, es muy llamativo que se pida al ministerio que abra 250 piezas separadas a cada uno de los agricultores identificados para agilizar el cierre de fincas y el cobro de las sanciones económicas.

Juan José Carmona, responsable para Doñana de WWF, valora el fin de las diligencias preprocesales: “El paso es importantísimo porque pone nombres y apellidos al robo del agua. Ahora la fiscalía entiende que hay causa y lo importante es que considera que la ley de responsabilidad ambiental es aplicable al caso de Doñana. La ley dicta que los responsables del daño ambiental están obligados a pagar todos los costes de arreglar la situación, sin límite económico. Estas sanciones puede contribuir a eliminar los incentivos que provocaban que los agricultores siguieran esquilmando Doñana”.

Hasta hace dos años la fiscalías de Huelva y Sevilla habían actuado contra medio centenar de agricultores por robar agua y transformar sin permisos sus fincas forestales o de secano a regadío. Sin embargo, el paso dado ahora por la Fiscalía de la Audiencia Nacional puede suponer un freno fundamental para que los agricultores vean que no les compensa seguir esquilmando el acuífero. “Hasta ahora las multas de la ley de agua y la normativa penal tenían un efecto disuasorio importante, pero si a eso le sumamos la norma que obliga a resarcir el daño que además has causado al medio ambiente, podemos estar ante cifras de cientos de miles de euros. Esto elimina los incentivos económicos que pueden tener los regantes ilegales”, añade el responsable conservacionista.

La pregunta clave es cómo afecta esta petición de la Fiscalía al plan que desde hace un año y medio implementan Transición Ecológica y la Junta de Andalucía para disuadir a los agricultores incumplidores y lograr que levanten sus cultivos de fresas en el entorno de Doñana. El plan, firmado en noviembre de 2023, prevé que los empresarios de frutos rojos en Huelva y frutales en Sevilla puedan recibir hasta 100.000 euros por hectárea para suprimir sus invernaderos, sean legales o ilegales, y “renaturalizarlos” para que la extracción de agua subterránea se detenga.

El acuerdo surgió después de que la Junta se alineara con los agricultores ilegales y lanzara una proposición de ley para ampliar regadíos en el entorno del parque, justo lo contrario de lo que había ordenado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tras casi dos años, el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) reculó finalmente en su objetivo político a cambio de un plan que incluye 350 millones en ayudas para los agricultores y los Ayuntamientos, y conseguir que la producción fresera se aleje de la reserva para que el acuífero recupere sus niveles de antaño. Los agricultores de la comarca de El Condado crearon una plataforma, pero esta se ha negado siempre a concretar el número de agricultores que la forman. Mientras que una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Junta considera que la petición del ministerio público anunciada este viernes no afecta al plan de ayudas a los agricultores infractores, Transición Ecológica ha rechazado opinar al respecto.

Desde que se abrieron las diligencias en 2023, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido informes al área específica de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado y del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil elaboró un informe, fechado el 4 de junio de 2023, en el que se identificaban esos 250 “operadores” que seguían extrayendo agua ilegalmente del acuífero del que vive Doñana y contra los que la fiscalía pide ahora que actúe el ministerio.

En el expediente de este caso se incluye un informe de la Fiscalía General del Estado, de diciembre de 2023, en el que se determina con claridad cómo el saqueo del agua en Doñana afecta a su biodiversidad. “Se puede afirmar sin lugar a duda que la extracción ilícita de agua subterránea en el entorno de Doñana supone una grave afección en el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea y, por tanto, a su vez, en el estado global de las masas de aguas superficiales asociadas a las mismas, fundamentalmente los humedales (..) la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea en el entorno del espacio natural protegido de Doñana es causa significativa del deterioro medioambiental que dicho espacio viene sufriendo desde hace ya varias décadas”, concluía Juan José Pérez, técnico especialista de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía.