Los agricultores de Doñana han recibido 49 condenas desde 2007 por pozos ilegales y por transformar sin permisos sus fincas a regadíos

Los agricultores que cultivan invernaderos de fresas en los alrededores de Doñana han recibido 49 condenas los últimos 15 años por abrir pozos ilegales para robar agua y por transformar sin permiso sus fincas forestales o de secano a regadío, según el recuento elaborado por la Fiscalía de Huelva. 13 de estas sentencias son firmes y provienen de investigaciones surgidas por captaciones ilegales para el saqueo del agua subterránea y que han derivado en delitos contra el medio ambiente acreditados entre 2016 y 2022.

La acción penal sobre los agricultores que al margen de la ley han contribuido a esquilmar el acuífero sobreexplotado de la reserva natural ha sido una gota malaya sobre su conciencia y su día a día laboral para plantar frutos rojos. La justicia ha condenado a una minoría de los miles de agricultores de la comarca onubense de El Condado, pero estos fallos han pesado como ejemplo para que otros se retraigan. En paralelo, también ha provocado que los empresarios freseros sin permisos forzaran al PP y a Vox a presentar su polémica proposición de ley para convertir 1.903 hectáreas en regadío, según cálculos de WWF.

“El agua es un bien público, escaso y valioso. La satisfacción es que siendo casos jurídicamente complicados y un delito que cuesta mucho probar, nos han dado la razón. La vía penal determina que la Administración y los particulares empiezan a enfocar el asunto con la gravedad que posee. Los políticos obvian nuestra intervención, pero llevamos años trabajando con pocos medios”, valora el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, que ha ejercido la acusación en muchos de estos asuntos. No todo han sido victorias y también ha habido una decena de absoluciones, con el asunto de la finca Matalagrana, con dos exalcaldes de Almonte y 13 empresarios procesados, como ejemplo más reciente y llamativo en la Audiencia onubense.

Las condenas por delitos contra el medioambiente y la ordenación del territorio oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión —hasta cinco años, si el delito es agravado— y no suelen acarrear el ingreso en la cárcel si el agricultor no reincide. Las más recientes responden al robo masivo de agua y han acarreado la clausura de los pozos y el pago de una indemnización, aunque dados los beneficios obtenidos por las cosechas de los siete años que de media dura un proceso, la multa compensa. A pesar de las condenas, algunos de los pozos están ahora abiertos al ser legalizados por la Junta andaluza y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —del Ministerio para la Transición Ecológica—.

“El resultado de la campaña en defensa del acuífero de Doñana ha sido extraordinariamente relevante”, resume la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, que ha derivado los asuntos a la Fiscalía onubense. La unidad técnica de la Fiscalía de Sala ha fijado en la mayoría de los casos mediante sus informes periciales si la extracción de agua ha causado daño al medioambiente y con qué alcance, una herramienta muy útil para lograr las ulteriores condenas. Al margen de las sentencias, desde 2019 hay 16 investigaciones en curso por pozos ilegales en los juzgados de instrucción de Moguer y La Palma del Condado.

En el total, de 49 sentencias desde 2007, el grueso ha sido por delitos contra el territorio, tras cambiar los agricultores el uso del suelo y transformar los terrenos forestales y de secano en regadíos, o construir balsas de agua ilegales. Entre los juzgados penales, la Audiencia de Huelva y el Tribunal Supremo, ha habido 36 sentencias condenatorias y nueve absoluciones, según el recuento del ministerio público. Las investigaciones han surgido habitualmente por fincas agrícolas colindantes con zonas forestales en las que los agricultores han arrasado hectáreas de pinos para excavar una balsa de riego, levantar una nave de aperos o módulos prefabricados para alojar a los temporeros o depositar las herramientas.

“La conflictividad es muy compleja e implica muchos factores, no es blanco ni negro. Los agricultores no son el demonio, pero claro, las leyes están para ser cumplidas por todos y más cuando afecta a un territorio tan excepcional como es Doñana y su entorno. La Fiscalía lleva muchos años luchando para preservar el terreno en el estado en el que estaba. Terrenos con cambios de uso, por ejemplo, y si el terreno se declaró forestal era por algo, no para que se eliminaran los árboles”, reflexiona Pilar Álvarez, fiscal delegada de Medio Ambiente en Huelva.

La acción penal suele surgir tras las denuncias administrativas de los seis agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o los inspectores de la Junta andaluza. Hasta el martes pasado se han cerrado 701 pozos y 428 están en trámite de cierre, según los datos del ministerio, que confía en cerrarlos todos en 2025, a pesar de la facilidad con la que se abre y se esconde un pozo clandestino entre los arbustos de las fincas. Cuando las investigaciones devienen en condena a los agricultores, la mayoría no se atreve a reincidir en sus prácticas y abandona las fincas sin permiso que tenía para dedicarse solo a las legales, o deja sus tierras para cambiar de profesión, según fuentes del ministerio público.

“Situación compleja”

Al respecto, Julio Díaz, portavoz de la Plataforma de Regantes del Condado, que dice aglutinar a 1.500 agricultores de la zona y que ha impulsado la nueva ley de la derecha andaluza, opina: “La situación judicial es una pata más en un cúmulo de cuestiones de una situación compleja”. El asesor legal de la plataforma, el abogado Javier Domínguez, que ha defendido a varios empresarios freseros lanzó la semana pasada en una rueda de prensa: “Si a usted le exigieran 100.000 euros de aval, ¿lo podría soportar?, ¿dormiría tranquilo? Es un calvario”.

Al este de Huelva, la provincia de Sevilla no concentra tantos invernaderos de fresas como El Condado, pero tiene grandes fincas colindantes con la reserva y donde también se ha robado agua del acuífero, según reflejan las sanciones de los agentes medioambientales. Hasta ahora la Fiscalía de la capital andaluza ha iniciado tres procesos por captaciones ilegales, todos en investigación o a la espera de sentencia.