La impactante imagen es cada vez más habitual en los invernaderos del entorno de Doñana: miles de fresas, muchas moradas por su madurez, agonizan por la falta de agua. Es la consecuencia más gráfica de que el acuífero ha empezado a decir basta, también en los cultivos legales, no solo en las fincas donde con pozos ilegales se roba agua cada día y a mansalva. Los pozos legales ya no extraen con tanta presión como antaño porque las reservas subterráneas empiezan a estar huecas al no recargarse con las lluvias. Con menos agua del cielo y con poca mano de obra, la recolección no sale a cuenta. Las fresas, de hasta 50 milímetros, carecen de su habitual color rojo vivo. Se mueren de sed. Este invierno ha llovido menos de la mitad de lo habitual y las lagunas de la reserva apenas han cuajado. Bajo tierra la situación es igual de crítica.

“Este año hemos abandonado seis hectáreas, más que nunca, un 15% de la finca. El pozo nos da normalmente ocho litros al segundo y ahora ha bajado a siete. Estamos secando la planta y desinfectando el terreno para que no haya plagas, y de paso sufre menos el dueño, que no la ve sin recoger”, comentaba con sorna y resignación el pasado jueves un empleado de una finca de Almonte (Huelva), que pide anonimato. Mientras habla, el trabajador introduce un tubo con lejía concentrada en el riego de las fresas moribundas para terminar de matarlas y así evitar que las plagas afecten a la cosecha de la finca que sí se recoge.

El pozo con licencia se hunde unos 50 metros para sacar un caño de agua constante por una tubería de 10 centímetros de diámetro que vierte en una balsa en el centro de la explotación. Luego se reparte entre la inmensa y domesticada selva verde y roja bajo plástico para regarla por goteo, pero no es suficiente para que al empresario le salgan los números y lanzar todos sus frutos rojos a los mercados europeos.

A pesar del crítico panorama de escasez, de que a mediados de abril ha llovido menos de la mitad de la media histórica en la comarca onubense de El Condado, y a que el acuífero ha dicho basta en muchos pozos legales e ilegales ya secos del todo, la derecha andaluza (PP y Vox) quiere meter más presión y repartir el agua entre más agricultores. El pasado miércoles aprobó la tramitación por vía de urgencia de una proposición de ley para aumentar los suelos con regadío en la comarca, que beneficiará a cientos de fincas —hoy con regadío ilegal—. A las 9.400 hectáreas de regadío legal actual, la ley sumaría otro millar, aunque la cifra es una estimación de los expertos y el texto no la detalla.

Sobre el terreno, con arena de playa entre los invernaderos, las caras van de la preocupación a la esperanza, porque la tradicional unión de los agricultores se rompió hace un año con la primera propuesta de ley, muy similar a la actual. Entonces, de la plataforma de regantes que promueven el cambio legislativo —muchos de ellos hoy sin permisos, multados por la policía del agua y condenados en sentencias firmes— se escindieron los agricultores de Almonte, con permisos de aguas en regla, que se sienten perjudicados ante el mayor reparto de la tarta menguante.

Para tener que tirar una parte de la producción de fresas influye un cóctel de factores: pesa la falta de agua, pero también la escasez de mano de obra, que prefiere doblar menos el espinazo cogiendo arándonos o frambuesas, frutos leñosos a media altura y no a ras de suelo como las fresas. Cada temporero cobra 50,60 euros netos por seis horas y media de trabajo seis días a la semana. “Hace muchísimo calor para mediados de abril y tenemos menos agua que nunca, la situación es preocupante. En marzo tuvimos frío con hasta menos tres grados y la planta se retuvo, ahora un calor extremo. Es un cúmulo de cosas”, resume el propietario de la finca, que pide preservar su identidad, como sus empleados.

El miedo a represalias por parte de los agricultores sigue enquistado en la comarca. Las amenazas de muerte surgidas en las redes sociales hace un año persisten hoy y hay precedentes de ataques violentos, incluso a los agentes medioambientales, a los que un grupo de agricultores rodeó y amedrentó durante una visita a una finca. De ahí que los empresarios legales eviten los nombres y las fotos. “Nadie quiere mostrarse en público, es muy fácil que una explotación salga ardiendo”, apunta Manuel Delgado, portavoz de la asociación de agricultores Puerta de Doñana en Almonte.

En el interior de la caseta de la finca, un ordenador con una treintena de botones verdes y pequeñas llaves a la vista controla el riego por minutos a los diferentes sectores de la finca. En la habitación contigua, unos tanques con abonos verdosos y amarillos se mezclan por tuberías con el agua extraída del pozo. Un poco más lejos, una nave acumula las mallas de sombreo que sirven para paliar el calor extremo y permitir a los braceros trabajar. Si el empresario quisiera profundizar el pozo para buscar agua metros más abajo, no podría porque desde 2020 el Gobierno declaró el acuífero “sobreexplotado”.

Vista de Doñana en agosto de los últimos cuatro años

Fuente: Copernicus.

La cooperativa Onubafruit, que aglutina a mil familias de agricultores, tendrá por la falta de lluvias un 25% menos en su cosecha de este año en la frambuesa, y un 15% menos en la fresa y el arándano, confirma una portavoz. Freshuelva, la asociación de productores y exportadores onubenses, eleva la reducción hoy al 30% de la cosecha de fresa respecto a 2022.

¿Hay esperanza para Doñana? Entre las soluciones previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica en su plan dotado con 356 millones y avanzado hace seis meses destaca la compra de fincas pegadas al parque para alejar lo más posible los cultivos, por un valor de 100 millones. Sin embargo, el precedente no es bueno. En 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy compró la finca Los Mimbrales con 888 hectáreas por 35 millones para eliminar la sombra de los pozos. Pero en 2019, a comienzos de esta legislatura, la Junta hizo emerger en Moguer casi 1.000 hectáreas nuevas de regadío (de ambas cuencas presentes en la comarca, la del Tinto, Odiel y Piedras, y la del Guadalquivir). Esto supuso que el agua del oeste que podría haber aliviado los pozos legales más cercanos al parque, en Almonte, se quedó a medio camino para incrementar el suelo de regadío.

La prioridad del rescate del acuífero para que su nivel subiera se sepultó una vez más, ya que los hidrogeólogos insisten en que el acuífero interconecta todas las masas de agua de sus 2.409 kilómetros cuadrados. Y la compra de Mimbrales perdió parte de su efecto. “Esa fue una deslealtad institucional tremenda”, critica Juan José Carmona, responsable para Doñana de la organización ecologista WWF.

La clave de la polémica medioambiental y económica que ahora ha saltado a la arena política es que la ley propuesta recalifica nuevos suelos como regables. No otorga concesiones de agua, pero sí que abre la puerta a que los nuevos agricultores con regadíos, que la Junta cifra en 600, puedan llamar a la puerta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (del Ministerio para la Transición Ecológica) y optar “de forma preferente” a las aguas superficiales que se traerán de la cuenca del oeste onubense, la del Tinto, Odiel y Piedras. ¿Problema añadido? Esa cuenca también sufre desde enero restricciones para sus propios regantes del 25% por la sequía extrema. Con los pantanos al 25% de su capacidad, las perspectivas son muy negras en la región española que se verá más afectada por el cambio climático en la segunda mitad de siglo XXI, alertan los científicos.

El portavoz de la Plataforma de Regadíos del Condado, Julio Díaz, defiende: “Se habla de piratas y agricultores ilegales, gente que no tiene nada que ver con nosotros. La confederación da agua a sus amigos, a los que les siguen el juego, que están regando a escape libre, sin restricciones”. En la acera de enfrente, el portavoz de la asociación Puerta de Doñana, Manuel Delgado, pide asegurar la continuidad de los cultivos actuales y luego estudiar la viabilidad de nuevos invernaderos. “PP y Vox pretenden premiar a esos agricultores, a los que darán un acceso preferencial al agua”, critica.

Lejos de los invernaderos, la pelea política se ha recrudecido esta semana tras el inicio de la tramitación de la proposición de ley y el cruce de acusaciones entre el Gobierno y la Junta ha subido de tono. Incluidos reproches de “señorito” al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que respondió a la vicepresidenta y ministra, Teresa Ribera, de querer imponer su criterio “desde un ático en la Castellana”. A pesar de reconocer que el interlocutor con la Comisión Europea es el Gobierno central el pasado martes, tres días después el consejero andaluz de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que ha acusado al Gobierno de intoxicar a la Comisión Europea, ha dicho: “Iremos el 3 de mayo a Bruselas a contar la verdad y le diremos que esta proposición de ley no afecta al acuífero (…) El Gobierno no ha querido dialogar”, esgrime.

Carmona (WWF) se dirige a Fernández-Pacheco: “¿Nadie le ha preguntado al consejero con qué agua riegan hoy estos señores sus fincas y con qué agua regarán en septiembre si se aprueba la ley? Porque no van a levantar sus explotaciones”. La Comisión Europea ha advertido de que impondrá multas millonarias a España si la ley andaluza sale adelante y la Unesco ha avanzado que en septiembre su comité del patrimonio mundial evaluará la protección que España le procura para decidir si le retira su prestigioso sello de patrimonio de la uhmanidad, 30 años después de que se le concediera por su valor ecológico.

En su finca, el empresario fresero reclama al Gobierno y la Junta que se pongan de acuerdo para acelerar las obras hidráulicas que traigan agua del oeste, o que tome nota de las políticas al otro lado del estrecho de Gibraltar. “Marruecos huele la sangre de Huelva mientras nuestros políticos se pelean. A semejanza de Israel, han previsto siete desaladoras con paneles solares para meter agua en sus acuíferos. Marruecos se aprovecha de nuestra desgracia”, concluye.

Acción policial contra los freseros ilegales

Las multas que imponen los agentes medioambientales a los freseros ilegales tienen su efecto y explica en parte esa rabia contenida que a veces explota, como cuando hace un año pincharon las ruedas de los coches a un equipo de televisión que rodaba un programa en El Condado. La consecuencia más clara es la reducción de fincas fuera de ordenación los últimos años. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asegura que las hectáreas ilegales han bajado desde las 1.202 de 2019 a solo 646 el pasado enero, la mitad en solo tres años. Sin embargo, la organización ecologista WWF acota el optimismo y reduce la bajada de regadíos ilegales al 20% la última década, ya que su servicio de teledetección contabiliza también los cultivos que no necesitan plástico una gran temporada del año, como los arándanos y las frambuesas, ambos en auge.

“En otros sitios de España es complicado ver quién tiene derechos y quién no, pero aquí se ve clarísimo dónde están montados los invernaderos, qué parte está fuera de la cartografía oficial. Es descorazonador la lenta reducción de cultivos y diría que los agentes se sienten un poco solos, no es fácil lo que tratan de hacer”, razona Manuel Bea, doctor en Ciencias Ambientales y especialista en teledetección para WWF. A la claridad cartográfica que ofrecen los satélites se suma el Instituto Geográfico Nacional, que hizo su último vuelo en la zona el verano pasado.

Sin embargo, a pesar de estos expedientes sancionadores a los freseros ilegales, la confederación a menudo les mantiene las autorizaciones de riego y se prorrogan, y muchas de las multas ni se logran cobrar.

Esta actuación policial contra los agricultores ilegales se ha extendido los últimos años a una cadena de procedimientos penales por delito medioambiental en Huelva y Sevilla, con sentencias condenatorias logradas por la Fiscalía en la mayor parte de los asuntos juzgados. Algunas son condenatorias de conformidad y los agricultores no ingresan en prisión, pero también hay absolutorias, como la reciente en el caso Matalagrana, con dos exalcaldes procesados del PSOE y PP en Almonte.

En este ámbito penal, hace solo un mes el Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla celebró el último juicio por las extracciones ilegales en una inmensa finca de 1.500 hectáreas, 404 de ellas de riego, en Alznalcázar, y que han minado el acuífero de Doñana. “Los acusados han incumplido de forma reiterada y consciente las limitaciones impuestas por la Administración, detrayendo volúmenes de agua muy superiores a los autorizados con el consiguiente riesgo para el ecosistema”, reza el escrito de acusación de la Fiscalía por dos delitos contra el medio ambiente y daños, tasados en 1,9 millones.

Este caso a la espera de sentencia demuestra la inacción de la Confederación para cerrar fincas que ignoran por sistema la ley. El primer expediente abierto por sus agentes data de 1997, pero durante una década les impusieron 13 más, nueve de ellos con resolución condenatoria. Desde 2008 hasta 2013, los agentes verificaron que los regantes extrajeron del acuífero cada año unos cuatro millones de metros cúbicos, el doble de lo permitido. Mientras durante un lustro el Servicio de Aguas Subterráneas de la CHG detallaba en sus informes anuales la pésima situación del acuífero, en paralelo el organismo permitía el riego.

La extracción del acuífero ha afectado al espacio natural protegido del corredor verde del Guadiamar y su red de especial conservación Natura 2000, denuncia el ministerio público. El acuífero del Aljarafe, cercano a la capital andaluza, se declaró por primera vez “sobreexplotado” el 23 de abril de 1988, hace la friolera de 35 años, declaración que sigue vigente.

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