Ni la demoledora denuncia de los científicos sobre Doñana, ni el aviso de la Comisión Europea de un multazo a España, ni la advertencia del Gobierno central de acudir al Tribunal Constitucional por invasión de competencias han impedido que el Parlamento de Andalucía, por una amplísima mayoría (72 votos del PP y Vox de un total de 109), aprobase este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley para aumentar los regadíos en el entorno de la valiosa reserva natural. La iniciativa empieza ahora su recorrido parlamentario y lo hará a toda mecha, por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad. Antes de que los diputados se marchen de vacaciones en agosto podría entrar en vigor.

En plena sequía extrema, con el acuífero en sus niveles más bajos en décadas y los embalses a solo el 25% de su capacidad, la proposición de ley recalificará como regables las fincas de unos agricultores que esgrimen reivindicaciones históricas. Estos quedaron fuera de regulación cuando en 2014, vía decreto, se aprobó y consensuó el llamado plan de la fresa, el Plan Especial de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva que afecta a cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). ¿Cuántas hectáreas se verán afectadas? Ni el PP lo sabe.

Durante el bronco debate parlamentario, que siguieron desde la tribuna representantes de algunos sectores agrícolas, el portavoz popular y presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, defendió la iniciativa porque “está en juego el porvenir de cientos de familias”. Según él, la proposición de ley “no cruza líneas rojas con Doñana”, “salvaguarda la protección ambiental y lo hace compatible” con la actividad agrícola. El portavoz de Vox, Rafael Segovia proclamó su “amor a Doñana” y sostuvo que en Huelva “hay agua”.

En contra de la proposición de ley votaron el grupo mixto-Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE, que mutó su abstención de la legislatura pasada al no.

En la pasada legislatura, el Partido Popular y Vox en otra propuesta similar, que decayó al convocarse elecciones, se hablaba de unas 1.500 hectáreas. Esa cifra ha desaparecido del texto actual. El PP ha dado a voleo el dato de que “600 familias” se verían beneficiadas, aunque ahora reconoce que las estimaciones “son hipotéticas”. En una carta remitida por la Junta de Andalucía a la Comisión Europea en febrero de 2022 detallaba con precisión que las hectáreas regularizadas ascenderían a 748,62.

Sean muchas o pocas, la realidad es que el Parlamento andaluz se propone ampliar las zonas agrícolas regables sin saber de dónde va a salir el agua. El acuífero 27, que nutre a Doñana, no solo está sobreexplotado, sino que además no está en el ámbito de las competencias de la Junta, ya que la dotación de aguas depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica. Promete que se regarán con aguas superficiales, pero estas dependen de que se acometan una serie de obras hidráulicas, previstas por el Gobierno central, y cuya fecha de terminación nadie da. Pero es que además en el plan de trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras está fijado que se pueden ceder 19,9 hectómetros cúbicos a zonas regables que tienen ya concesiones administrativas y eso siempre que esa cuenca sea excedentaria. “Es el día de la estafa y del engaño a los agricultores”, dijo antes del debate el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.

Si no hay agua, ni subterránea ni superficial, si los científicos de la Estación Biológica de Doñana CSIC denuncian el “insostenible punto crítico” que atraviesa la reserva por la “inacción ejecutiva” de los políticos, ¿a qué viene esta propuesta? El biólogo Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana, critica: “La ley no tiene recorrido, la pararán el Constitucional o la Comisión Europea. Pero mientras ganamos batallas parciales como la autopista que cruzaba el parque o el dragado del Guadalquivir, Doñana va perdiendo la guerra porque no eliminamos el problema de fondo”.

La codicia electoral aparentemente es la que mueve al PP y a Vox a defender la proposición de ley, aunque en juego están los resultados de solo cinco municipios de un total de 80 de toda la provincia. El gobierno de la Diputación de Huelva es uno de los objetivos de los populares para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, aunque los diputados que hay en juego en esos cinco pueblos no son determinantes, según sostienen los socialistas que gobiernan en el órgano provincial y en el 75% de los municipios onubenses. El 40% de la provincia de Huelva tiene algún tipo de protección ambiental.

A los agricultores y a los potenciales votantes aludía también esta mañana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que recriminaba al Gobierno central que después de años sin haber actuado en el parque natural ahora ataque la propuesta de ley de su partido. “Ni una sola vez el Gobierno de España nos ha llamado y ahora tiene a una provincia encendida, a todos los agricultores encendidos. Un parque no se defiende con las posiciones en contra de sus vecinos”, ha señalado para afirmar que no teme ninguna sanción por parte de Bruselas: “Vamos a explicarles las cosas de manera correcta para que no caigan en las falsedades que están vertiendo desde el Gobierno de España”. El dirigente popular ha seguido arremetiendo contra el Ejecutivo tachando de “enorme frivolidad” su actitud, “ahora, cuando venimos a poner una solución para taponar el subsuelo, con una ley de punto final para que no se amplíen los regadíos, para poner orden en el caos que han creado ellos durante años”. “Es una enorme frivolidad que vengan a defender Doñana quienes han permitido que se vulneren los acuíferos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es quien tiene la competencia”, ha insistido.

El debate de este miércoles no se ha librado de un episodio chusco. La portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, vertió arena de Doñana en un tarro sobre el escaño, en ese momento vacío, del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, saltó como un resorte.

—¡Está muy mal, es una falta de educación! ¡Un poquito de por favor, de dignidad! Le llamo al orden. Si quiere llamar la atención, cómprese un mono.

—Pues muy bien —contestó la diputada, que siguió su intervención como si nada.

Mora aseguró que la propuesta de PP y Vox es una “vergüenza parlamentaria y está plagada de mentiras, seca Doñana y convierte el secano en regadío”. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, abundó en que la iniciativa “no va a ninguna parte porque no hay agua” y, en su opinión, pone en peligro el negocio de los frutos rojos en Europa por las dudas de la trazabilidad sobre el uso del agua. Nieto acusó al PP de ser “unos incendiarios de la política y unos negacionistas de la ciencia por un puñado de votos”.

Mario Jiménez, del PSOE, culpó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de ser el responsable “de esta inmensa farsa” y de “utilizar a agricultores angustiados porque solo quiere sus votos”. No obstante, el PSOE admite que hay “un problema real” en la comarca de Doñana. “Hay agricultores que pueden tener derechos históricos legítimos y tenemos la obligación de buscar soluciones de manera sensata”, dijo. Los socialistas proponen —y así se recoge también en la proposición de ley de PP y Vox— que se cree una comisión técnica que revise caso a caso cada demanda.

Los socialistas y también Por Andalucía están abiertos a que se indemnice a los agricultores con derechos de agua. La compra de terrenos está prevista en el plan de choque presentado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en noviembre de 2022 en Almonte para salvar a Doñana de su creciente declive. De los 356 millones de euros previstos para preservar la reserva, el Gobierno destina 100 millones para comprar fincas agrícolas con derechos de agua cuyos propietarios estén dispuestos a vender. El Gobierno puede comprar una finca entera, de secano o de regadío, o adquirir solo los derechos de agua para cambiar el uso del suelo de regadío a secano, o también podría permutar las tierras por otras en la cuenca del Guadalquivir.

Esta vía ya se utilizó en 2015, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir adquirió por 35 millones de euros las 1.000 hectáreas de la finca Los Mimbrales, en el término municipal de Almonte (Huelva).

La clave del procedimiento escogido

Para cambiar la titularidad de las fincas que hoy se riegan con pozos ilegales, el PP andaluz eligió una proposición de ley en vez de una tramitación administrativa por parte de la Junta, que habría contado con informes científicos y técnicos de sus consejerías para avalar o descartar el cambio a suelos regables. A pesar de haber elegido la vía parlamentaria que excluye los informes de expertos del Consejo de Participación de Doñana, el portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este miércoles estar abierto a escuchar “mejoras”. “Hoy no se aprueba ninguna ley. Hoy se toma en consideración para iniciar trámite parlamentario, invitamos a que se presenten propuestas y mejoras”, ha dicho.

Al respecto, desde Córdoba, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha cargado contra la Junta por no haber presentado “ni un informe técnico” que avale la ley. “Todo es por el tacticismo de Moreno, a quien se le ha olvidado su supuesta revolución verde de la que alardeaba y la supuesta legislatura del agua”.

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