
Aborto: el diablo está en los detalles
Vincular la constitucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo al derecho a la salud no generará el efecto de blindaje y garantía que inspira la reforma auspiciada por el Gobierno

Vincular la constitucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo al derecho a la salud no generará el efecto de blindaje y garantía que inspira la reforma auspiciada por el Gobierno

La ofensiva ultraderechista, acompañada por sectores del PP, para añadir trabas a la interrupción voluntaria del embarazo, ha hecho que el PSOE se sume a la idea de blindar ese derecho en la Ley Fundamental, como ya sucede en Francia

La existencia de bloques ideológicos en el tribunal tiene preocupantes efectos que erosionan su razón de ser

No es aceptable ponerla en tela de juicio sobre la base de consideraciones personales o políticamente interesadas

Las instituciones europeas nos recuerdan que España tiene su flanco débil en la prevención y el control

España insiste en políticas represivas, sin medios para aplicarlas y con pobres esfuerzos para prevenir los delitos

El privilegio del que goza la Iglesia católica debe ser corregido con un marco regulador común a todas las demás confesiones

Los gobiernos centrales y autonómicos están jurídicamente obligados a presentar el proyecto de ley de presupuestos

El recurso reiterado a esta figura normativa empobrece el debate parlamentario

Es un sinsentido jurídico que Junts pretenda forzar al presidente del Gobierno a someterse a un trámite parlamentario que, según la Constitución, solo él puede poner en marcha

La posibilidad de que la propuesta del PSOE para reformar la Ley Fundamental salga adelante es remota en el actual clima político

La tragedia de Valencia ha demostrado el profundo déficit de los principios de lealtad institucional y cooperación entre los niveles de gobierno en España

Donald Trump se ha negado a celebrar un segundo cara a cara con Kamala Harris. El plan de regeneración democrática del Gobierno español plantea que los debates sean obligatorios en campaña. ¿Hasta dónde debería llegar una regulación de los mismos?

La afirmación de la soberanía fiscal a favor de Cataluña y el principio de bilateralidad en términos de paridad institucional nos sitúa ante una lógica confederal sin cabida en la Constitución

Los excesos cometidos por algún sector de la judicatura no pueden llevarnos a la conclusión de que el ejercicio del poder judicial es expresión de una patología institucional generalizada

Hay que celebrar como se merece el acuerdo, pero el riesgo de que la exasperada realidad política rebrote con toda su crudeza planea en el horizonte

Si el nacionalismo ultraconservador quiere revertir los valores de la Unión Europea y sus derechos fundamentales tendrá que modificar las leyes

La selección de los altos cargos de la magistratura debería seguir los mismos criterios de mérito, capacidad, idoneidad y especialización que se exigen para el ascenso en el resto de la carrera

Aducir, como hace el PP, que estamos ante una “reforma encubierta de la Constitución” para plantear un conflicto de atribuciones es un ejercicio de filibusterismo sin base en la Ley Fundamental

El pleno del Congreso de los Diputados vota este jueves la medida de gracia para los implicados en el ‘procés’ independentista catalán, una norma cuya tramitación ha estado rodeada de polémica desde que el PSOE pactó con Junts su desarrollo

Los responsables políticos no solo están obligados a renovar el organismo sino a reformar la ley en el sentido expresado por la UE

El tanto político que Junts pretende haberse apuntado ante el Gobierno en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es tal porque, en realidad, no cambiará nada

Las hipotéticas responsabilidades por una guerra sucia judicial se deben sustanciar ante los órganos jurídicos competentes y no en comisiones parlamentarias de investigación. Preservar la separación de poderes así lo exige

El edificio que armó hace 45 años la Ley Fundamental resiste, pero con grietas cada vez más preocupantes. Obviar la necesidad de su actualización ante la incapacidad de los actores políticos para acometerla terminará restándole vigor

La causa real de las medidas de gracia es que la necesidad de armar tras el 23-J una mayoría que permita a Sánchez seguir en el Gobierno exige el respaldo de ERC y Junts. Esa dependencia motiva la aceptación de una vía previamente descartada por el PSOE

Las medidas de gracia necesitarían para legitimarse de dos requisitos de los que hoy carecen: el rechazo independentista a la unilateralidad y un amplio consenso político y social

En la era de la fragmentación política, los procedimientos constitucionales del Congreso para elegir o censurar al Gobierno se han transformado en un teatro orientado a la contienda electoral

Nuestra Constitución no establece límites materiales a su reforma, es posible activar procesos para alterar cualquiera de sus preceptos, incluidos los relativos a la soberanía y a la unidad de España

En nuestro régimen parlamentario se convierte en presidente del Ejecutivo quien logra superar la votación de investidura en la Cámara baja. Y esa persona no es necesariamente aquella cuya fuerza política ganó las elecciones
El 23-J ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de atribuir carácter obligatorio a los cara a cara en las televisiones públicas

La decisión de la Sala de Vacaciones de no admitir los recursos de amparo de Puigdemont y Comín contra las órdenes de detención del Supremo rompe con la dinámica positiva de llevar al pleno las cuestiones relacionadas con el ‘procés’

Más allá del mantra del líder independentista sobre la ilegitimidad de los procesos judiciales todavía pendientes en España contra los políticos huidos, la realidad es tozuda y seguirán irremisiblemente su curso

Resulta inexplicable que nuestros tribunales hayan obviado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, lo que ha provocado una condena a España

El partido presenta un programa inviable y disparatado que supondría la reforma de la Constitución y los estatutos de autonomía

Los Estados gozan de libertad a la hora de aceptar o rechazar esta técnica reproductiva. El límite insuperable que deben de respetar es que el derecho del menor es prevalente y debe protegerse

Con el abuso del decreto ley vivimos en una suerte de urgencia permanente gestionada en primera persona por el Ejecutivo en la que el Congreso no solo queda relegado a la condición de mero ratificador

El traslado de los prófugos del ‘procés’ está mucho más cerca tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero es inviable en el caso del ‘expresident’ mientras no haya un fallo sobre su inmunidad como europarlamentario

La resolución de alto tribunal nos aboca a un contexto institucional extraordinariamente complejo y de difícil resolución; un procedimiento legislativo ha quedado cercenado

Las reformas propuestas sobre la sedición, la malversación y la renovación del Constitucional deberían haber recibido un tratamiento menos acelerado y que propiciase un debate más acorde con su transcendencia jurídica
La regulación propuesta permitirá introducir un perfil más específico de la conducta penalmente relevante, con lo que se ganará en seguridad jurídica