Aritmética parlamentaria como base de la costumbre

Una vez finalizada la ronda de consultas con las personas designadas por los grupos políticos con representación parlamentaria, el Rey ha propuesto, a través de la presidenta del Congreso, a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno en el debate de investidura. Estamos ante una decisión que, a la luz de las mayorías alcanzadas en la constitución de la Mesa del Congreso, así como en la elección de su presidenta, ha generado una cierta sorpresa. El hecho es que en el arranque de la nueva legislatura se ha constatado la existencia de una mayoría progresista que ha logrado imponerse a las fuerzas conservadoras, incapaces de articular una estrategia común. Las complejas alianzas entre el bloque de izquierdas liderado por el Partido Socialista empezaban a materializarse, marcando un primer y significativo hito en el camino de Pedro Sánchez hacia la investidura, perfilándose como el candidato mejor posicionado.

Ese punto de partida, sin embargo, por sí mismo no ha resultado determinante, puesto que, por imperativo constitucional, quedaba sometido a verificación por parte del Monarca en la ronda de consultas. Este trámite, cuyo sentido no aparece explicitado en la Constitución, posee una finalidad clara: determinar quién es la persona que cuenta con el aval mayoritario del Congreso de cara a la investidura. Ha sido precisamente tal objetivo el que, una vez finalizadas las consultas, ha conducido a Felipe VI a apelar a la práctica, únicamente interrumpida en la XI Legislatura (cuando Mariano Rajoy declinó presentarse a la investidura), de proponer como candidato a Alberto Núñez Feijóo, en tanto que líder de la fuerza política con el mayor número de diputados. Entender el valor de esa práctica, que según señala el comunicado de la Casa Real “se ha convertido en una costumbre”, exige no perder de vista lo que se añade inmediatamente a continuación: que “no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer la costumbre”. Es en este razonamiento y no en el anterior donde reside la clave determinante de la decisión adoptada por el Monarca. En todo caso, el orden de los factores no altera el resultado, porque en nuestro régimen parlamentario se convierte en presidente del Ejecutivo quien logra superar la votación de investidura en la Cámara baja. Y esa persona no es necesariamente aquella cuya fuerza política ganó las elecciones.

La concurrencia de un escenario político en el que “a día de hoy” ninguno de los dos candidatos que se han postulado como aspirantes a presidir el Gobierno ha conseguido forjar las alianzas necesarias, ha resultado decisivo para el Rey haya optado por no esperar a que estas cristalicen. Ciertamente, también ha contribuido que uno de ellos, Pedro Sánchez, no se haya mostrado contrario a que su oponente fuera propuesto en primer lugar. Es en este actual contexto de impasse político que cobra sentido institucional y se justifica la decisión de Felipe VI, refrendada por la presidenta del Congreso, de acogerse a esa práctica operativa en nuestro sistema parlamentario y proponer a un candidato que, salvo sorpresas, parece que no superará el examen de investidura.