Ana Carmona Contreras

La causa real de las medidas de gracia es que la necesidad de armar tras el 23-J una mayoría que permita a Sánchez seguir en el Gobierno exige el respaldo de ERC y Junts. Esa dependencia motiva la aceptación de una vía previamente descartada por el PSOE

Las medidas de gracia necesitarían para legitimarse de dos requisitos de los que hoy carecen: el rechazo independentista a la unilateralidad y un amplio consenso político y social

En la era de la fragmentación política, los procedimientos constitucionales del Congreso para elegir o censurar al Gobierno se han transformado en un teatro orientado a la contienda electoral

Nuestra Constitución no establece límites materiales a su reforma, es posible activar procesos para alterar cualquiera de sus preceptos, incluidos los relativos a la soberanía y a la unidad de España

En nuestro régimen parlamentario se convierte en presidente del Ejecutivo quien logra superar la votación de investidura en la Cámara baja. Y esa persona no es necesariamente aquella cuya fuerza política ganó las elecciones

El 23-J ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de atribuir carácter obligatorio a los cara a cara en las televisiones públicas

La decisión de la Sala de Vacaciones de no admitir los recursos de amparo de Puigdemont y Comín contra las órdenes de detención del Supremo rompe con la dinámica positiva de llevar al pleno las cuestiones relacionadas con el ‘procés’

Más allá del mantra del líder independentista sobre la ilegitimidad de los procesos judiciales todavía pendientes en España contra los políticos huidos, la realidad es tozuda y seguirán irremisiblemente su curso

Resulta inexplicable que nuestros tribunales hayan obviado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, lo que ha provocado una condena a España

El partido presenta un programa inviable y disparatado que supondría la reforma de la Constitución y los estatutos de autonomía

Los Estados gozan de libertad a la hora de aceptar o rechazar esta técnica reproductiva. El límite insuperable que deben de respetar es que el derecho del menor es prevalente y debe protegerse

Con el abuso del decreto ley vivimos en una suerte de urgencia permanente gestionada en primera persona por el Ejecutivo en la que el Congreso no solo queda relegado a la condición de mero ratificador

El traslado de los prófugos del ‘procés’ está mucho más cerca tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero es inviable en el caso del ‘expresident’ mientras no haya un fallo sobre su inmunidad como europarlamentario

La resolución de alto tribunal nos aboca a un contexto institucional extraordinariamente complejo y de difícil resolución; un procedimiento legislativo ha quedado cercenado

Las reformas propuestas sobre la sedición, la malversación y la renovación del Constitucional deberían haber recibido un tratamiento menos acelerado y que propiciase un debate más acorde con su transcendencia jurídica

La regulación propuesta permitirá introducir un perfil más específico de la conducta penalmente relevante, con lo que se ganará en seguridad jurídica

El Gobierno debe calibrar las consecuencias políticas de una decisión respecto al expresidente andaluz que, con independencia de cuál sea, rebasa el terreno de lo estrictamente individual para situarse en el centro del debate público

Las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE sobre un exconsejero de la Generalitat permiten vislumbrar el desenlace final de la partida que los independentistas están jugando con el Supremo

La inoperancia práctica de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat exige reconducir la situación y que ERC asuma una actitud pragmática que le permita separar los deseos de la realidad y tomarse en serio sus responsabilidades

La nefasta campaña desarrollada por Macarena Olona ha prestado un servicio impagable a la causa popular

El ordenamiento vigente ofrece una protección total en términos jurídicos al monarca que le exime de responsabilidad, pero queda contrapuesto al escrutinio ciudadano, que exige la correspondiente rendición de cuentas

La llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del PP puede marcar un punto de inflexión en asuntos de tanta urgencia como la necesaria renovación del gobierno del poder judicial, demandada por Europa y tan necesaria para el sistema democrático

La justicia europea proporciona un valioso balón de oxígeno al ‘expresident’ e impide que el Tribunal Supremo pueda juzgarlo en España

Más allá de irresponsables declaraciones políticas que instan al Gobierno español a repatriar al ‘expresident’, será la justicia de la Unión la que determine las cuestiones que atañen a su situación procesal

Flaco favor hacen a la norma suprema quienes incurren en la falacia de auspiciar su defensa y exigir su respeto cuando, en realidad, lo que se está llevando a cabo es justamente lo contrario: incumplir sus mandatos

La resolución del Supremo contra las medidas de Baleares evidencia que no tenemos instrumentos jurídicos adecuados para una situación como la actual