20/02/201214:08 CET
El Gobierno excluye a los etarras de las víctimas de abusos policiales
El País
Vitoria
El borrador del decreto incluye indemnizaciones que pueden llegar a alcanzar los 390.000 euros
El borrador del decreto incluye indemnizaciones que pueden llegar a alcanzar los 390.000 euros
La juez Manuela Carmena dicta una sentencia salomónica en su último día de trabajo - La magistrada de la Audiencia se retira tras 30 años de profesión
Gonzo Suárez: "Los hay. Pero los juegos son una perversión"
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en su último pleno un informe de la vocal Manuela Carmena que aprecia anormal funcionamiento de la Administración de justicia por la tardanza de ocho años en archivar la imputación infundada de la policía Rosa María Castañeda en un crimen pasional entre policías hombres. El CGPJ no se pronuncia sobre el importe de 25 millones de pesetas que Castañeda pide a Justicia.
Trescientas mujeres juristas europeas, reunidas en Calvià, aprobaron ayer una propuesta de directiva que obligue a disponer de una plaza de casa de acogida para mujeres maltratadas por cada 5.000 habitantes. De ser adoptada la propuesta, supondrá la construcción masiva de estos establecimientos. Dado que el problema de la violencia contra la mujer tiene en Europa dimensiones dramáticas, el proyecto de directiva exige también un segundo esfuerzo público: destinar el 1% de los presupuestos generales de cada Estado a erradicar el problema.
Abogados, fiscales, psicólogos y penalistas critican la solicitud judicial
El texto, de abril de 1997, impone al juez de vigilancia penitenciaria que 'oiga' a la víctima
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer aumentar el sueldo de sus 21 miembros en unos tres millones de pesetas brutas anuales para equiparar sus remuneraciones a las de los magistrados del Tribunal Supremo. El presidente del CGPJ, Javier Delgado Barrio, y los vocales Manuela Carmena, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo votaron en contra de la oportunidad de la medida, que tendrá efectos desde 1998. Las asociaciones de jueces y magistrados criticaron ayer con dureza la medida.
La Asociación Jueces para la Democracia denuncia que el nuevo juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín, haya suprimido "el departamento de quejas y reclamaciones" que existía para los usuarios en los juzgados antes de que accediese al cargo, el 10 de octubre de 1996. Así lo indica esta asociación en un informe en el que analiza y critica con dureza el primer año de gestión del decano al frente de los juzgados de la plaza de Castilla (lugar al que diariamente acuden unas 3.000 personas). El juez decano declinó ayer pronunciarse sobre este informe.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo dio ayer traslado al fiscal de las peticiones de indulto del ex diputado del PSOE Carlos Navarro y del ex gestor del holding en Madrid Alberto Flores, formuladas con el fin de paralizar su ingreso en prisión. El fiscal del caso, Antonio Salinas, entregará sus informes esta misma mañana a primera hora.
Asociaciones judiciales y partidos políticos coincidieron ayer en criticar los duros ataques de Julio Anguita, líder de IU, contra el presidente de la Sala Segunda del Supremo, José Augusto de Vega -al que tildó de "presunto delincuente"-, y los magistrados que han intervenido en el caso Filesa, a los que tachó de "corruptos". Jueces y políticos situaron los exabruptos de Anguita entre la "mala educación" y la "responsabildad penal", como resumió la vocal del Consejo del Poder Judicial Manuela Carmena, aunque procuraron evitar la escalada de descalificaciones. Anguita se mantuvo en silencio, pero sus más leales en Izquierda Unida cerraron filas en su defensa frente a la avalancha de reproches que recibía.
El Ministerio de Justicia se enfrentó ayer a los numerosos juristas que han criticado, por inconstitucional, que en la futura ley de justicia de menores se fije la mayoría de edad penal de los terroristas en los 16 años y para el resto a los 18 años. Un alto cargo del departamento aseguró que "si hay un motivo razonable para esa diferencia, no hay violación del principio constitucional de la no discriminación o igualdad". Mientras tanto, la magistrada Manuela Carmena, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estimó "absolutamente inconstitucional" la medida, que apoyó, en cambio, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, Ramón Rodríguez Arribas.
Los jueces de la capital desahucian todos los años a más de 8.000 familias, unas setecientas cada mes. Se trata de personas cuya situación económica varía repentinamente -por desempleo, enfermedad- y no pueden afrontar el alquiler o la hipoteca de sus casas. Un informe del juzgado decano revela que un 3% de esas 8.000 familias -la mayoría cargadas de hijos y sin dinero- se queda a la intemperie, con sus retoños y sin techo. En el mejor de los casos, la Administración aloja a sus miembros de forma diseminada, lo que causa fracturas en la convivencia familiar.
La juez Carmena critica la ineficacia de la política penitenciaria
El interés del menor es prioritario en litigios de familia, según Álvarez de Miranda
En los Juzgados de la plaza de Castilla de Madrid se subastan al mes unos 200 pisos de personas que no han podido pagar el crédito hipotecario. Estos pisos se podrían comprar muy baratos si no fuera por la intervención, las jornadas de subasta, de una serie de personas que copan todas las opciones de compra. Los juzgados, esos días, son el monopolio de los subasteros. La juez decana de Madrid, Manuela Carmena, se ha mostrado impotente ante esta mafia. Hace un mes pidió la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para abrir al público las subastas. Ayer obtuvo la primera respuesta: Izquierda Unida ha propuesto una revista oficial inmobiliaria y una oficina de asesores.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló ayer el acuerdo adoptado el 23 de diciembre por la Junta de Jueces de Instrucción de la capital, que pedía el cese del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Gómez de Liaño, por las conversaciones que dicho vocal mantuvo con la juez Susana Polo sobre un asunto de su competencia. La juez se sintió "inquietada y perturbada" en su independencia. Antes de conocer esta anulación, la juez decana de Madrid, Manuela Carmena, estimó positivo comparecer ante el Parlamento para informar del conflicto.
Manuela Cannena implica a la sociedad en la mejora de los permisos
El cese de Manuela Carmena como decana interina ha acelerado el proceso electoral para designar al nuevo representante de los jueces de Madrid. Joaquín Martín Canivell, magistrado del Registro Civil, estrenó el cargo el pasado jueves y 24 horas después envió una circular a sus colegas en la que fija el próximo 4 de febrero como fecha de presentación de candidaturas y el 8 como día electoral.
Las distintas asociaciones judiciales han comenzado ya la batalla para colocar a uno de sus miembros como juez decano de Madrid. La inesperada dimisión de Antonio García Paredes ha cogido a casi todas por sorpresa. Ninguna de ellas ha designado aún oficialmente a su candidato; sin embargo, ya empiezan a sonar algunos nombres entre los probables relevos de García Paredes, que renunció al cargo la pasada semana alegando motivos personales.
Unos 50 magistrados, criminólogos, psicólogos y otros expertos en asuntos penitenciarios participaron el pasado fin de semana en un simposio internacional en el que se cuestionó la situación de las prisiones, para las que se buscaron alternativas. La libertad a prueba o probatión, el régimen abierto y las unidades dependientes -pisos donde se acoge a grupos de penados- son experiencias estudiadas, a las que se sumaron propuestas como la reducción de las penas privativas de libertad, su no aplicación a menores de 18 años y la sustitución de la cárcel por servicios a la comunidad o reparación del daño causado a la víctima.
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