Almeida enmienda a Gallardón y remunicipaliza la M-30, que pasará a ser 100% pública el 1 de enero de 2026

La primavera de Antonio Vivaldi sonó en un túnel de Madrid el 9 de mayo de 2007. Era la inauguración del último túnel que cerraba el soterramiento de una obra gigantesca para la capital de España: la M-30. Una circunvalación de casi 33 kilómetros que rodea en forma de diamante a miles de edificios y por donde ahora circulan a diario más de 300.000 vehículos. Es la vía más transitada de España, según datos municipales. Aquella mañana de mayo de 2007 suponía, también, el punto final de una obra que endeudó al Ayuntamiento en más de 4.000 millones de euros.

Hasta el alcalde de entonces, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, lloró ―de alegría, eso sí― porque veía en sus ojos el fin de una de sus grandes apuestas políticas. “Gallardón iba en moto a visitar las obras y luego nos recordaba a cada concejal correspondiente los fallos, las imperfecciones, lo que había descubierto mientras iba él solo por ahí”, aseguró el primer teniente del alcalde y mano derecha, Manuel Cobo, en un reportaje publicado en septiembre de 2007 por este diario.

“Es de ese tipo de personas a las que no les da igual una cosa que otra en nada”. Gallardón apostó el futuro y la gestión de la M-30 a la privatización y un 20% cayó a manos privadas en 2005. Ahora, cuando se cumplen 19 años, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, enmienda esta decisión y remunicipalizará la M-30, que pasará a ser 100% pública a partir del 1 de enero de 2026.

La nueva gestión, según fuentes del área de Obras, se toma tras un estudio elaborado por el departamento de Hacienda del Ayuntamiento. Este informe sostiene que las arcas públicas municipales pagan más de 50 millones de euros anuales a la sociedad que posee ese 20% de la empresa pública: Emesa. Esta sociedad obtuvo en 2005 el contrato público para conservar la autovía durante 35 años. Emesa está formada por el Grupo ACS y Ferrovial y cuenta con cerca de 300 trabajadores, que, tras la remunicipalización en 2026, serán subrogados y mantendrán todas sus condiciones laborales.

El Ayuntamiento de Madrid comprará ahora ese 20% a Emesa amparándose en una cláusula del contrato firmado en 2005, pero que preveía una revisión para 2024 con esta posibilidad. Sin embargo, todavía se desconoce cuál será importe. Una portavoz del área de Obras explica que no será superior al valor neto de las acciones de Emesa al cierre de este año. La única cifra que se sabe hasta ahora es lo que cuesta el mantenimiento anual de la M-30 para los madrileños, que asciende a más de 160 millones de euros. Es decir, alrededor de 450.000 euros al día.

Y a esto hay que sumar lo que el Consistorio paga a Emesa que, según cálculos del área de Obras, suponen alrededor otros 50 millones de euros al año. Esto es lo que, realmente, se ahorrará el Ayuntamiento de Madrid con la remunicipalización. O dicho de otra manera: el Consistorio se podría haber ahorrado 950 millones de euros en 19 años si no hubiese privatizado ese 20%.

La Cámara de Cuentas cuestionó el modelo

“La conveniencia de abordar ahora este cambio de modelo”, cuentan fuentes del área de Obras del Ayuntamiento, “se ha ido poniendo de manifiesto con el devenir de la ejecución del contrato”. La realidad es que este paso ya se dio hace dos años en un pleno municipal y a petición del PSOE, que instaba al Gobierno de Almeida a iniciar “con la mayor celeridad” los procedimientos administrativos necesarios para establecer la gestión directa del servicio público de conservación y explotación de la M-30. Todos los grupos políticos votaron a favor.

La Cámara de Cuentas cuestionó este modelo de Gallardón en un informe sobre la gestión de las obras de la M-30. En un duro análisis, publicado en enero de 2017, el organismo identificó falta de estudios técnicos, jurídicos y de viabilidad económica, un cobro excesivo de intereses de la gestora privada, así como “diferencias importantes” entre los costes reales y los facturados al Consistorio.

Además, el informe decía que el Consistorio financiaba el coste del suministro eléctrico cuando, por contrato, debería hacerlo la adjudicataria. Es más, en noviembre de 2016, el propio Ayuntamiento, gobernado entonces por Manuela Carmena (Ahora Madrid), comprobó cómo la sociedad Emesa no cumplía con varios de los requisitos del contrato firmado como son, entre otros, el mantenimiento en los túneles, el número de operarios dedicados a incidentes y emergencias o deficiencias en el sistema antiincendios.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.