El Consejo de Ministros aprueba la reforma de la ley del aborto: estos son los 24 puntos clave

No está todo el contenido que el Ministerio de Igualdad tenía previsto, pero la reforma de la ley del aborto ha salido este martes del Consejo de Ministros después de seis días de debate entre ministerios, con un cálculo aproximado para las medidas que proponen de 104 millones de euros. El Gobierno abre así la vía a la tercera reforma del derecho al aborto en España, después de la legalización en tres supuestos aprobada en 1985. La primera reforma supuso la despenalización total (hasta la semana 14) en la ley de plazos de 2010. La segunda la hizo el PP en 2015 y limitó el derecho a las mujeres con discapacidad y subía la edad para interrumpir el embarazo sin permiso paterno de los 16 a los 18 años. La tercera recupera la decisión autónoma de las mujeres de 16 a 18 años para abortar (que incluía la norma de 2010 para determinados supuestos) e introduce como novedad la salud menstrual.

El pasado miércoles, el borrador del anteproyecto se filtró y los acuerdos entre el área de Irene Montero y el resto de departamentos se tensaron en algunas cuestiones que aún no estaban cerradas: las bajas para reglas incapacitantes pagadas por la Seguridad Social desde el primer momento, el permiso preparto desde la semana 36 (el último mes de embarazo), la eliminación del IVA para los productos necesarios para la menstruación o la capacidad de los tribunales españoles para perseguir a las parejas que recurran al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre, si son españoles o residen habitualmente en España.

De esos cuatro puntos del articulado, han sido los permisos para las reglas dolorosas los que se han mantenido como estaban en el texto que manejaba Igualdad. Hacienda no ha cedido ni en la eliminación ni en la reduccción del IVA que tasa ahora a compresas, tampones y copas (el 10%) , y esta iniciativa se ha sacado del texto final —aunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo que se trabajará para introducirlo en los Presupuestos Generales del Estado—; el permiso que se concede antes de dar a luz se ha fijado finalmente en la semana 39, la última antes de salir de cuentas, y se ha eliminado el artículo en el que se daba potestad a los tribunales para perseguir fuera de España a las parejas que recurran al extranjero para encontrar a una mujer que alquile su vientre.

El acuerdo al que ha llegado este martes el Gobierno de coalición es solo el primer paso. Ese documento es un anteproyecto de ley que tendrá que pasar por los órganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Cuando ambos informen, volverá al Consejo de Ministros y de ahí, irá al Congreso, donde se debatirán las enmiendas que propongan los distintos grupos parlamentarios, que tendrán que llegar a acuerdos y lograr una mayoría absoluta. De ahí irá al Senado, donde también previsiblemente habrá enmiendas: si hay acuerdo, podrá aprobarse; si no lo hay, deberá volver al Congreso. Aunque se tramite por vía de urgencia, como ha confirmado la ministra de Igualdad, estos trámites supondrán meses.

Por el momento, las claves de la propuesta del Gobierno son recoger por primera vez la salud menstrual como derecho a la salud de las mujeres, establecer como formas de violencia contra las mujeres cuestiones como el aborto forzado y la esterilización y anticoncepción forzada, y los vientres de alquiler. Las políticas feministas, ha afirmado Montero, son un “medidor fundamental de la calidad democrática de un país”. La normativa, según Montero, “amplía derechos, acaba con obstáculos [en el aborto], y reconoce nuevos derechos sexuales, reproductivos y menstruales para hacer más fácil el día a día de las mujeres”.

Estos son los 24 puntos de la reforma, agrupados por grandes áreas, que Igualdad confirma que han salido del Consejo de Ministros:

Aborto

“Prohibir o limitar el acceso al aborto nunca ha servido para frenarlo, sino para generar más inseguridad, sobre todo a las mujeres más vulnerables”, ha recordado Montero, que ha asegurado que el trabajo del Ejecutivo será por un “aborto libre, seguro, gratuito y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Así, el texto mantiene la ley de plazos —la que recurrió el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional hace 12 años y sobre la que, previsiblemente, el TC resolverá antes de que comience el verano—, es decir, que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y, a partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico: una interrupción por causas médicas, como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.

Además, recoge las siguientes novedades:

• Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público a través de dos medidas. Una es la creación de un registro de objetores de conciencia que garantice el derecho de los profesionales y el derecho de las mujeres, y, especifica el texto, una vez declarados objetores, estos especialistas lo serán tanto para el ámbito público como para el privado. La otra, afianzar equipos médicos por comunidades autónomas para un reparto geográfico adecuado, accesible y en número suficiente que garanticen el aborto a las mujeres que lo necesiten lo más cerca posible de su domicilio. “Se acabaron los desplazamientos a cientos de kilómetros de sus casas”, afirman fuentes de Igualdad.

• Permiso para abortar desde los 16 años sin necesidad de consentimiento de madres, padres o las personas tutoras. También permiso para abortar sin necesidad de consentimiento para las mujeres con discapacidad.
• Eliminación de los tres días de reflexión. Las mujeres “pueden pensar y reflexionar lo que necesiten, pero el Estado respeta cuando hayan tomado esa decisión y no duda cuando la han tomado”, ha dicho Montero sobre este punto del articulado.
• Eliminación de la obligatoriedad de recibir un sobre con información sobre los recursos y ayudas disponibles en caso de continuar el embarazo. Se hará únicamente si ellas lo solicitan.
• Se incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en estos casos.

Salud menstrual

Por primera vez en una legislación, se introduce la menstruación de las mujeres como parte del derecho fundamental a la salud. “Va a dejar de ser un tabú, y regulamos por primera vez en España, y somos el primer país de Europa, que reconocerá una incapacidad” para las reglas dolorosas, “se acabó ir a trabajar con dolor y se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo”, ha aludido Montero. Entre otras cuestiones, este capítulo incluye:

• Bajas para las mujeres que tengan reglas incapacitantes, aquellas que no permiten hacer vida con normalidad. Serán pagadas por la Seguridad Social desde el primer momento, no tendrá un límite de días, no hará falta un mínimo de tiempo previo habiendo cotizado y requerirán de diagnóstico y control médicos. Se denominará “menstruación incapacitante secundaria: situación de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada”, es decir, que estarán asociadas a las patologías que entren dentro del glosario que se ha incluido en la norma.

• Los centros educativos, los que ofrecen servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusión y las prisiones deberán ofrecer de forma gratuita los productos de higiene necesarios para la menstruación. Y, progresivamente, todas las dependencias de los organismos públicos irán incorporando esta medida.
• Esos productos se entregarán a quienes los necesiten sin mediación alguna y serán lo más sostenibles, ecológicos y respetuosos posibles con la salud de las mujeres.

Salud reproductiva

Este capítulo introduce el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto —excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o del bebé esté en riesgo—, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones sobre los procedimientos que se le van a hacer, como episiotomías (un corte en el perineo, la zona que va de la vagina al ano), cesáreas y otras intervenciones invasivas. Habla también de reducir el intervencionismo y reforzar las prácticas relativas al parto respetado y garantizar que no se separará a la madre ni a otras personas con vínculo directo de los recién nacidos. ¿Qué se ha introducido en este apartado?

• Permiso remunerado antes del parto, desde la semana 39 y hasta el momento del nacimiento. “No consumirá ningún día del permiso de maternidad”, detallan desde el Ministerio de Igualdad.
• Enfoque de la salud reproductiva desde la interseccionalidad y la no discriminación, es decir, atendiendo a todas las circunstancias de cada mujer: desde la edad hasta la situación económica o el origen.
• Protocolos frente al aborto, la anticoncepción y la esterilización forzadas, atendiendo de manera especial a las mujeres con discapacidad.

Vientres de alquiler

El borrador de la nueva norma alude a los vientres de alquiler como una de las formas de violencia contra la mujer y prohíbe la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios, con sanciones para los medios de comunicación que incluyan sus anuncios. La capacidad de los tribunales españoles para perseguir a las personas que recurran a vientres de alquiler fuera de España ha quedado finalmente fuera después de que el Ministerio de Justicia avisara de que era inviable incorporarlo, porque el Código Penal no contempla como delito los vientres de alquiler.

Fuentes del Gobierno explican que el departamento que dirige Irene Montero planteó varias opciones, como incluir en la ley la obligación de las administraciones de informar de que la gestación subrogada es delito y dar la competencia a los tribunales para investigar los casos cometidos en el extranjero por personas españolas o residentes en España, pero el Ministerio de Justicia advirtió de que ninguna de estas posibilidades era viable porque no existe un delito que castigue la gestación subrogada, informa Reyes Rincón.

Para poder perseguir penalmente a quienes contraten un vientre de alquiler habría que modificar el Código Penal, una opción que, según estas fuentes, no planteó Igualdad ni, por ahora, ha abordado el Ejecutivo. El equipo de Montero aludió durante el debate del anteproyecto a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que advierte de que los vientres de alquiler suponen una “explotación inaceptable” para el niño y la madre. Según Igualdad, esa resolución podía de alguna manera abrir la puerta a castigar esta práctica, pero se trataba de una sentencia de la Sala Civil y su repercusión se circunscribe a este ámbito, no al penal.

Salud sexual

El borrador entiende como salud sexual “el estado general de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la sexualidad de las personas. Es también un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de la población, así como para garantizar el derecho a la salud y los derechos sexuales”. Introduce varios puntos, entre ellos:

• Anticonceptivos hormonales, incluidos los de larga duración, financiados por el sistema público, cuando se dispensen en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
• Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y en centros de servicios de salud sexual y reproductiva. Esta pastilla cuesta actualmente alrededor de 20 euros en las farmacias.
• Dispensación de anticonceptivos de barrera en centros educativos, los que ofrecen servicios sociales y en los centros penitenciarios, en el plazo de un año.
• Las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social.
• Se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, “para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres”, explican fuentes de Igualdad.

Educación

El documento hace hincapié en dar un “mayor peso a la educación sexual”, incluyendo “el respeto y fomento de los derechos sexuales en todo el ciclo vital de las mujeres, sin que esté exclusivamente vinculado al ámbito de la reproducción, la fertilidad o la maternidad”. La ministra Montero se ha referido a esta educación como “un derecho de los niños y niñas y adolescentes” y ha explicado que “tiene que servir para tener relaciones basadas en los buenos tratos; poner el consentimiento en el centro; cuidar que la anticoncepción también es responsabilidad de los hombres; combatir las violencias machistas, como la retirada del preservativo, y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual”. Cree que esta propuesta se trata sobre decidir “si los primeros aprendizajes se dan a través de mecanismos que no cuentan con especialización como la pornografía violenta o si se hace desde las instituciones”.

En este capítulo hay varias cuestiones:

• La educación sexual pasa a ser obligatoria en todas las etapas educativas. Se enfocará desde el consentimiento y las relaciones fomentadas en los buenos tratos.
• Se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica.
• Se formará de manera específica en educación sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, trabajadores y trabajadoras públicos.
• Incorporación de contenidos de calidad, adaptados y suficientes sobre salud, derechos sexuales y reproductivos en las carreras relacionadas con las ciencias jurídicas, las ciencias de la educación, las ciencias sociales y en los currículos de oposiciones vinculadas a estas.