El IVA reducido de los productos para la regla se queda fuera de la reforma de la ley del aborto

España será el primer país europeo que recoja en una ley el derecho a la salud menstrual de las mujeres, el primero que dé cobertura con bajas pagadas por la Seguridad Social desde el primer minuto a las mujeres que sufran reglas incapacitantes. Así lo ha confirmado Irene Montero, la ministra de Igualdad, en una entrevista en la Cadena SER la mañana de este lunes. Ha asegurado que el borrador de la reforma de la ley del aborto que su área lleva trabajando desde junio del año pasado “está acabado” tras varios días de debate con los distintos ministerios implicados, entre ellos Seguridad Social, Hacienda, Educación y Justicia. Aunque “hasta el último minuto siempre puede haber algún cambio”, ha matizado la ministra de Unidas Podemos. Según Montero, hay acuerdo en el Gobierno de coalición sobre los permisos por menstruaciones incapacitantes y el permiso preparto desde la semana 39, aunque no para el IVA de los productos de higiene femenina, que finalmente no estarán incluidos en esta normativa.

Pese al margen que Igualdad pensó que había la semana pasada para llegar a un acuerdo con Hacienda, no ha sucedido. No habrá IVA hiperreducido para los productos necesarios para la menstruación, a pesar de que el coste es de 30 millones. “Con el sobrecoste de las obras de la M-30 se hubiesen pagado 69 años de una reducción a IVA superreducido de los productos de higiene menstrual”, ha dicho Montero.

Esta, una de las promesas del Gobierno de coalición —llegar a un tipo del 4%, frente al 10% actual— es todavía “un debe” del Ejecutivo. Felipe Sicilia, dirigente del PSOE ha subrayado este lunes que “las cuestiones de índole tributario deben ser abordadas de otra manera y en otro contexto, no en una ley que es de avance de derechos y va mejorar la vida laboral de muchas mujeres”, informa José Marcos.

Montero ha insistido en que volverán a negociarlo en los Presupuestos Generales del Estado: “Es una medida que vamos a tener que implementar. Hay un 22% de mujeres que dicen que no pueden elegir lo que necesitan, o que no pueden pagarlos. Seguiremos buscando la fórmula, no obstante es una ley [esta] que da muchos pasos para que eso sea más fácil de conseguir”.

Lo que sí introduce esta reforma es el reparto gratuito de esos productos en los centros educativos, los que ofrecen servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusión y las prisiones. Y, progresivamente, ocurrirá en todas las dependencias de los organismos públicos. Se entregarán a quienes los necesiten sin mediación alguna y serán los más sostenibles, ecológicos y respetuosos con la salud de las mujeres posible, según el texto.

También el permiso preparto desde la semana 39 estará dentro del documento que estará el martes en la mesa del Consejo de Ministros, aunque no como proponía en un principio Igualdad, desde la semana 36, es decir, para el último mes completo de embarazo. “Ya de facto ocurre que muchas mujeres tienen una baja a partir de esa semana [la 39, la última de embarazo], pero evidentemente es un momento que hay que prepararse, es física y psicológicamente importante para las mujeres”.

Y, aunque confirmadas desde el viernes, Montero ha repetido que las bajas por menstruaciones incapacitantes están ya cerradas. La inclusión de esos permisos para las reglas tan dolorosas que no permiten hacer una vida con normalidad “es una de las cuestiones más revolucionarias y que definen bien lo que es este Gobierno de coalición, con medidas y leyes que mejoran sus vidas [las de las mujeres]”, ha afirmado Montero. “[España] es el primer país que empieza hablar de algo que hemos vivido desde el tabú, desde la vergüenza: hemos asumido que no tenemos que hablar de la menstruación o que no tenemos derechos relacionados con la salud menstrual”.

Este punto de la normativa fue uno de los que más debate generó la pasada semana, cuando se filtró el borrador de esa reforma. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, fue una de las representantes de la parte socialista del Gobierno que públicamente, aunque no de forma directa, aludió a su desacuerdo. “[El Ejecutivo] nunca va a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres”, afirmó. Sobre ello ha sido preguntada Montero en la entrevista en la SER. “Cuando avanzamos en derechos para las mujeres siempre hay un margen para el debate y la duda, pero lo importante es que tenemos un consenso y un acuerdo. Lo que es estigmatizante es que tengamos que vivir nuestra regla desde la vergüenza, que no podamos hablar con normalidad o que sea un dolor incapacitante, que no está reconocido, que te puede impedir trabajar”, ha contestado.

Esas bajas se regularán como una incapacidad temporal, sin límite de días, asumida por el Estado desde el primer momento, y sin necesidad de días previos de cotización. ¿Podría esto suponer un obstáculo para las mujeres a la hora de encontrar trabajo? Según Montero, el hecho de que este derecho sea no solo reconocido en una legislación, sino asumido por el Estado, debería provocar “todo lo contrario”. Si sucediera, “lo que estarían diciendo esos empresarios es que no tienen en cuenta los derechos de las mujeres y que quieren ejercer discriminación”. Y ha recordado que “un país que cierra las brechas de desigualdad tiene más capacidad de crecer. Un país con igualdad es un país mejor, no únicamente en términos de derechos humanos: para quien ese argumento no le valga, es también más próspero económicamente”.

Cuestiones sin debate

Donde aparentemente no ha habido desacuerdo desde el minuto cero ha sido en el articulado relacionado con el aborto. “Una de las cuestiones más importantes para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, ha dicho Montero, que ha pausado un momento su respuesta en la entrevista para “reconocer el trabajo de la exministra de Igualdad, Bibiana Aído, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero”. Ha recordado que “sacaron adelante una ley con un consenso muy difícil de construir en aquel momento”, en 2010, cuando el Ejecutivo socialista de entonces aprobó la actual ley del aborto.

Esa norma, en la que “había cosas que mejorar”, quiere ahora garantizar el acceso al aborto desde el sistema público. Para ello, ha explicado Montero, se recoge “la garantía de abortar en un centro público, en el más cercano” al domicilio. Es decir, que “si hay mujeres que viven en zonas limítrofes de otras comunidades autónomas, puedan ir a ese centro [aunque no sea de la autonomía en la que está empadronada], para que lo que prime sea la cercanía al domicilio”. El otro punto a través del que quieren garantizar ese acceso es la regulación de la objeción de conciencia, al igual que se ha hecho recientemente con la Ley de Eutanasia: “Garantizaremos el derecho a la objeción de conciencia para que sea compatible con los derechos de las mujeres”.

Esa compatibilidad está también de alguna manera en la mesa del Tribunal Constitucional, donde el PP envió un recurso de inconstitucionalidad hace ya 12 años por la actual normativa, la que estableció plazos para interrumpir voluntariamente el embarazo. En principio, el tribunal de garantías tiene el propósito de resolver ese recurso a finales de junio. Montero ha insistido en que la ley “no es inconstitucional”. “Este Gobierno está aquí para garantizar derechos a las mujeres, para resolver sus problemas. Cuando se privatiza, cuando se cierran centros de salud, cuando se externaliza, eso dificulta la vida de las familias, de las mujeres”, ha afirmado la ministra. Espera que el Constitucional resuelva “de una vez” y lo haga “en la línea de respetar los derechos de las mujeres”.