Doce autonomías redujeron el porcentaje del presupuesto para políticas sociales en el año de la pandemia

Si alguien esperaba que la pandemia sirviera de revulsivo para recuperar el Estado del bienestar que se llevó por delante la crisis económica a partir de 2009, los datos reflejan otra realidad: en plena crisis sanitaria y social, el porcentaje del presupuesto que las comunidades autónomas destinaron en 2020 a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) disminuyó un 2% respecto a 2019, según los resultados de un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales basado en los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, aunque la asociación señala que puede que existan ligeras diferencias cuando se conozca en 2022 el presupuesto liquidado final de 2020. Una conclusión sorprendente a pesar de que en cifras absolutas se destinaron 5.681 millones más a estos apartados que revierten en la calidad de vida del día a día de la ciudadanía por el aumento anual de los presupuestos, aunque queda patente que el porcentaje que las comunidades destinan a sus políticas sociales continúa en descenso. En concreto en 2020, un año de urgencias sociales, ese incremento solo ha sido del 1,35% en cifras absolutas si se compara con el incremento medio de los fondos para políticas sociales de los últimos cinco años.

Si se analiza este gasto fijándose en cada una de las comunidades autónomas, 12 de las 17 autonomías redujeron el porcentaje de sus partidas destinadas a estos conceptos durante 2020, y solo cinco dedicaron una mayor parte de su presupuesto a sanidad, educación y servicios sociales: La Rioja, Cantabria, Galicia, Castilla y León y Aragón.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es contundente en su análisis de la situación: “Decepción es la palabra que resume lo que se siente cuando el discurso repetitivo y artificial de los gobernantes autonómicos no se traduce en el presupuesto de cada comunidad. El descenso del dinero destinado a políticas sociales, incluso en el año más crudo de la covid, refleja que el esfuerzo del Estado para dotar de dinero extra a las comunidades para este fin no ha revertido directamente en los ciudadanos”. Ramírez añade: “Puede que se note más en 2021, y esto significará que la burocracia ha ido en contra de las personas y ha lastrado el impacto de estas medidas económicas a causa de la complejidad de los procedimientos para acceder a las prestaciones y servicios. Por lo tanto no se trata de tener solo dinero, sino de agilizar y simplificar los trámites”.

A pesar de que el informe señala que hay que tener en cuenta que el coste de las prestaciones de estos servicios no es igual en todos los territorios, aún resultan más sorprendentes las grandes diferencias entre las autonomías si se centra el foco en la cantidad que dedican a estos conceptos por habitante y año. Madrid, con 2.204 euros por persona y Cataluña, con 2.426 euros, son las dos comunidades autónomas que se encuentran a la cola en inversión social por ciudadano. Y son Navarra, con 3.456 euros, y País Vasco, con 3.415 euros, los territorios que más dinero destinan a sanidad, educación y servicios sociales para cada uno de sus ciudadanos. La media de gasto social por persona en el conjunto de comunidades es de 2.590,32 euros, lo que supone 28,74 euros menos respecto a 2019. Una cantidad, que si se compara con 2009, el año en el que se sitúa el pico de la última crisis económica prepandémica, supone un aumento mínimo de 54,98 euros más por persona en un periodo de casi 12 años.

“Cada comunidad autónoma tiene una trayectoria propia”, explica José Manuel Ramírez. “Valencia, por ejemplo, partía de una base deplorable por sus anteriores políticas sociales y Castilla-La Mancha no ha conseguido desde 2009 recuperar el dinero que destinaba a estas partidas porque con el Gobierno del PP sufrió recortes de casi un tercio en sus presupuestos”. Peor paradas salen Madrid y Cataluña en este análisis. “Cataluña”, explica Ramírez, “tenía hace 10 años una magnífica situación en políticas sociales que se ha ido deteriorando desde el inicio del procés. Ahora, por poner un ejemplo, cada media hora muere una persona dependiente que continúa en lista de espera para recibir su ayuda”. “Y en Madrid”, continúa Ramírez, “también están en otras cosas. Lo demuestra que el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso haya decidido que la beca-comedor de un niño sea incompatible con que su familia reciba el ingreso mínimo vital. Este supone una media de 216 euros por familia al mes, mientras el comedor de cada niño cuesta 90 euros mensuales”.

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El informe señala dos elementos que han lastrado la recuperación en gastos sociales. Por un lado, que el país encadenó dos ejercicios consecutivos de prórrogas de los Presupuestos de 2018 y que el proyecto de Presupuestos de 2020 en el que trabajaba el Gobierno de Pedro Sánchez quedó desactualizado al cambiar las previsiones macroeconómicas por efecto de la pandemia. Por otro, las dificultades de acceso a las ayudas debido a los complejos requisitos burocráticos para conseguirlas. “El Estado de bienestar”, manifiesta José Manuel Ramírez, “debe estar protegido. Pedimos que se considere un blindaje presupuestario y fórmulas urgentes. No puede acabar siendo rehén de estrategias partidistas y de la falta de talla política”.

La tendencia descendente en el porcentaje de gasto que las comunidades destinan a educación, sanidad y servicios sociales se lleva manteniendo desde 2010. Ese año los gastos en políticas sociales de los presupuestos autonómicos representaban el 67,4%, y 11 años después ha caído nueve puntos y representa el 58,4% de sus presupuestos. Si se compara con el año 2009, las comunidades que continúan en cifras inferiores para gasto social desde entonces son Cataluña, con casi 1.832 millones de euros menos dedicados a estas tres áreas; Castilla-La Mancha, que en 2020 gastó 525,76 millones menos que en 2009 y Castilla-León, que destinó a estos conceptos 79,49 millones menos.

Las cifras que maneja el informe aún causan más sorpresa si se desglosan los conceptos. Asturias (38,79%), Castilla y León (36,79%) y Madrid (35,12%) han sido las autonomías que han dedicado un porcentaje mayor de sus presupuestos en 2020 a sanidad, y Valencia (28,91%), Navarra (25,34%) y Cataluña (25,30%) las que menos dinero han destinado a los servicios que tienen que ver con la salud. Sin embargo estos porcentajes no revierten de la misma forma en los habitantes de sus respectivos territorios y cuando se atiende al gasto por ciudadano, son Madrid (con 1.204,44 euros por persona al año), Cataluña (1.251,03) y Murcia (1.268,22) las que menos dinero dedican a sanidad. En el otro lado se colocan País Vasco, Asturias y Navarra, que son los territorios que más dinero dedican por habitante a este concepto, todas ellas con cifras que superan los 1.700 euros.

En educación es la Comunidad de Madrid la que vuelve a estar en la cola de la lista del gasto por habitante con 905,66 euros: Una cantidad muy distante de los 1.329,38 euros que dedica a este apartado el País Vasco, que se sitúa en primer lugar entre las autonomías que más dinero destinan a educación.

En cualquier caso es el gasto en servicios sociales el que peor parado sale en 2020. Bajo este título están acogidas acciones destinadas a favorecer la promoción y la integración de las personas y de colectivos concretos en la sociedad, valorar, solucionar sus posibles dificultades sociales y aportar recursos para mejorar su vida y tratar de evitar la exclusión social. La comunidad que más dinero destina por persona y año es Navarra (557,02 euros), seguida de Asturias, Extremadura y La Rioja, mientras en los últimos puestos se sitúan Baleares, con 157,66 euros por habitante, Canarias, 243,02 euros, Murcia, 259,92 euros y, de nuevo Madrid con 274,87 euros. El informe señala, no obstante, que algunas de estas cifras deben matizarse porque por ejemplo en el País Vasco buena parte del dinero que se dedica a servicios sociales está gestionado por las Diputaciones Forales y en Canarias y Baleares muchos de ellos están delegados en los Cabildos y Consejos insulares. A pesar de ello, los autores de este estudio concluyen que el “resultado sigue siendo extremo, ya que las comunidades que dedican mayor porcentaje de sus presupuestos a servicios sociales ―Asturias, Extremadura y La Rioja, con el 10%, 9,1% y 8,7% respectivamente― superan por ejemplo en casi cuatro puntos a Cataluña, que dedica a este concepto el 6,2% de su presupuesto.

Otra conclusión del informe que llama la atención es que a pesar del reto que ha supuesto la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia, los presupuestos definitivos del año 2020 [los que se publicaron en abril de este año con datos de las cantidades gastadas realmente] apenas suponen un aumento respecto al liquidado de 2019 [el resultante y final una vez cerradas partidas no pagadas, remanentes, etcétera]. Una situación que tampoco corrige el presupuesto inicial de 2021, ya que solo aumenta un 6,78% respecto al inicial de 2020.

Si se consideran todas las políticas que son gestionadas directamente por las comunidades, la crisis derivada de la pandemia supuso un incremento considerable del gasto en deuda pública autonómica, en un intento que el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales califica de “agónico y fallido para mantener las políticas de protección”. Pero es que además, este esfuerzo de resultados pírricos ha significado una reducción drástica del dinero que se ha dedicado a otras áreas, entre las que se encuentran algunas tan relevantes como cultura, conservación del patrimonio, justicia o seguridad. Áreas, que agrupadas bajo la denominación de “resto de políticas”, han visto reducidas las partidas de gasto desde 2009 en un 30% y que en 2020 sufrieron un nuevo recorte de 5.000 millones de euros.