La agonía del ‘procés’

El procés agoniza. La política de mano tendida desde el Gobierno —indultos— ha reducido la fiebre secesionista, al cancelar su causa más viva: la imagen de los líderes entre rejas. La entronización del diálogo, patrocinada por los socialistas y por Esquerra, surte demoledor efecto antes incluso de reunirse la Mesa oficial. Desactiva el unilateralismo —ya el cuestionamiento secesionista del ordenamiento, ya el del patrioterismo castizo— porque es su contrario: multilateralismo, interlocución, negociación.

Así que, la movilización de la Diada, aunque nutrida, será menguante. Su convocatoria por la Assemblea Nacional denota un naufragio: no persigue ya la “confrontación” con la democracia española, como clamó Waterloo, sino la denuncia sectaria de la “traición” esquerrista. El lema de un sol poble queda en amarga ensoñación.

Los viejos bloques se reformatean. Ahora el inmovilismo congrega a unilateralistas catalanes y ultras españoles en siniestra sintonía común: boicotear la concordia. Aquellos, quebrando la Mesa desde su vera y poniéndole plazos inanes (de dos años) que solo perjudican a quienes los establecen, según ratifica la historia reciente: la independencia se programó para 2014; luego, en 18 meses, sustituidos por el referéndum o referéndum de Carles Puigdemont. Fechas filfa, conjuntos vacíos.

Y los ultras, trabando cordones de seguridad contra el rojerío. También frente a patronal y obispos, los “cómplices” de los indultos de Pedro Sánchez, en lenguaje de Pablo Casado usurpado a Santiago Abascal. Y buscando separar a españoles de doble idioma común: “No habláis catalán, habláis mallorquín, habláis menorquín, habláis ibicenco, habláis formenterés” (¡!). Un comodecir que colombiano y argentino no son español, genial patriotismo.

Ignoramos el detalle de la estación final del diálogo —como en toda negociación—, pero sabemos que su trayecto se apunta, aunque arduo, irreversible. Así lo pespuntea la residualización del numantinismo de Waterloo: la talibana Clara Ponsatí abandona el Consell per la República (¡por “autonomista”!); las coyundas rusas minan su imagen desde The New York Times; el liderazgo se cuartea al perder mando sobre el interior, dirigido por un antisistema de La Crida, Jordi Sánchez; sus eurodiputados pierden la inmunidad; su conmilitona Laura Borràs califica de “simulacro” la mesa, qué indigencia. Y el viejo patriarca, aunque corrupto, lúcido, reconoce al fin que Cataluña “no tiene la independencia a su alcance”, por lo que “hemos de abrirnos a fórmulas no independentistas” (Jordi Pujol, entre el dolor i l’esperança, Vicenç Villatoro, Proa, junio de 2021).

Más decisivo: capota el apoyo social al aventurerismo. Los lazos amarillos se decoloran en las plazas de la pretendida Cataluña catalana (la carlista; será que el resto es maorí). Merma la asistencia a las protestas. Las organizaciones activistas pierden hegemonía a lonchas de fuet en cada aniversario, la retornan a los despachos representativos. Más grave: a la patronal Foment, que encabezada por un catalanista, Josep Sánchez-Llibre, reclama presencia autonómica en todas las instancias españolas, y el corredor mediterráneo, y ampliar el aeropuerto El Prat/Josep Tarradellas.

De modo que un president al fin respetuoso (y aseado), Pere Aragonès, recupera tono institucional, también influenciado por el giro estratégico del País Vasco. Calcula la secesión para 2030, más o menos dentro de tres o cuatro siglos. Y se vuelca en el pragmatismo, en la gestión, en las cosas, sabedor de que Cataluña ha sufrido —por culpa de tanta audacia de sus antecesores—, la peor insidia: ceder el liderazgo económico, de momento por tres años consecutivos (2017 a 2019, ambos incluidos), a la eterna rival, Madrid.

El partido del dinamismo va ganando (por puntos, tampoco exageremos) al del inmovilismo. Y los primeros compases del diálogo graban la marca del momento. La lógica del encuentro se infiltra (dificultosamente) entre los prejuicios del desencuentro. La retórica autodeterminista y proamnistía se contempla cada vez más como ritual esparcido de Viejo Testamento: añagaza prepolítica, por inviable, como todos saben y pocos aún reconocen en público.

La reunión de la comisión bilateral del 2 de agosto, tras años archivada, señaló un después. La reforma del aeropuerto (y sus exigencias ecológicas), milimetrada por el presidente de AENA, Maurici Lucena, ocupaba el proscenio... hasta ayer, pues el Govern retranqueó su apoyo: ¡ay!, vaivenes. La inversión de 1.700 millones de euros cristalizaba el envite: en complicidad, crecimiento económico; en confrontación, pérdida de peso. Los fondos europeos convocarían una agenda común. Y se discute de presupuestos, catalanes y españoles.

Salvador Illa ofrece ahí muleta con condiciones: si se acepta, adiós a la apariencia de bloque indepe; si se rechaza en pro de la radicalidad cupera, adiós a su presunta sustancia de centralidad. Es la ventaja de contar con una pinza federal, psoE-psC. Y debe resultar en enervar el diálogo interno en Cataluña, no basta con el Parlament (al igual que tampoco con el Congreso).

El vuelco al —muy oscilante— pragmatismo aflora déficits ocultos del Govern. Demasiado reales. Como la torpe reacción a las inundaciones de Alcanar (echando la culpa hasta a sus meteorólogos); los 20.000 candidatos desdeñados para cursar la Formación Profesional, por falta de plazas; la precariedad energética medida en los 32,6 megavatios fotovoltaicos tangibles, frente a los 6.000 necesarios...

Para que la era del reencuentro fructifique, con velocidad e intensidad crecientes, se requiere más. Urge reequilibrar gestos, actitudes y concesiones. Hasta hoy, corren más de la cuenta del Gobierno que del Govern, algo lógico al inicio del deshielo, pues debe hacer más quien más puede. Pero desde que se reanude la Mesa de diálogo conviene consagrar que los esfuerzos han de ser desde ambas direcciones. De otro modo no serán sostenibles. La Mesa abre un espacio inédito entre ejecutivos. Es decir, entre instituciones. Y requiere por tanto la rápida recuperación de la plena institucionalidad, aunque algunos pretendan legítimamente reformarla. Por tanto, también la presencia sistemática de Cataluña en todas las instancias comunes: en beneficio de sus ciudadanos, y del resto.

Eso implica que no puede repetirse la ominosa ausencia del president de la Conferencia de Presidentes, como ocurrió en Salamanca (donde Iñigo Urkullu dio otra lección de modos negociadores), más aún si se abordan asuntos clave para todos como el plan de recuperación apoyado en los fondos europeos Next Generation, o la lucha contra la pandemia. La excusa de que fuese un foro para hacerse la foto es tontuna: también el Consejo Europeo se creó en 1974 como un encuentro informal y hoy es decisivo para la Europa exponencialmente federal. Sin olvidar que la vida política se fragua, como la vida misma, desde el contacto personal, la proximidad, la escucha directa de las posiciones ajenas: y España no es solo Madrid.

También debe normalizarse el lazo de la Generalitat con Felipe VI. Resulta atrabiliario que el representante ordinario del Estado en Cataluña, el president, no se relacione plenamente con el jefe de ese mismo Estado (aunque lo propugne republicano). Perjudica sobre todo a trabajadores y empresarios catalanes, como se verificó el 5 de marzo en el 70º aniversario de la Seat en Martorell, con desaire añadido al grupo Volkswagen. La rectificación iniciada el 16 de junio en la reunión anual del Círculo de Economía debe completarse.

Y así con todo: garantizar el cumplimiento normativo general; descrestar la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional (donde yacen 419 recursos a leyes estatales, contra 184 a normas catalanas); aportar iniciativa a la transformación del Senado; al plurilingüismo de la Administración General del Estado; volver al puesto conseguido en el equipo español del Consejo de la Unión Europea... Solo así los catalanes volverán a ser ciudadanos de primera.