Escocia cierra el proceso de extradición de Clara Ponsatí

La Corte de Justicia de Edimburgo (Escocia) ha puesto punto final al procedimiento de extradición de la eurodiputada y exconsejera catalana de Educación Clara Ponsatí, que huyó de España con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros miembros del Govern tras el referéndum ilegal de autodeterminación y la fallida declaración de independencia de octubre de 2017. El lord abogado general de Escocia, que actuó en representación española en la vista celebrada este jueves, aceptó la decisión judicial de archivar el caso después de tres años de enconada disputa.

El Tribunal Supremo español no podrá recurrir una vez más ante los jueces escoceses, que han denegado la entrega de la exprofesora de la Universidad de St James en repetidas ocasiones desde su primera comparecencia ante el tribunal de Edimburgo, en marzo de 2018. Ponsatí estaba en libertad sin condiciones y en poder de su pasaporte español desde noviembre de 2019, según recordó este jueves su abogado escocés, Aamer Anwer. Pudo así viajar a Bruselas para tomar posesión de su escaño como eurodiputada, el 1 de febrero de 2020. “Actualmente reside y trabaja” en la capital belga, afirmó el abogado. En Bruselas, Ponsatí comparte escaño con Puigdemont y el exconsejero de Salud Toni Comín.

“Exiliada política”

El magistrado tuvo en cuenta el cambio de residencia al dar carpetazo al procedimiento y ordenar la eliminación de la exconsejera de la lista de personas perseguidas en Reino Unido. “No se puede extraditar a alguien que no está aquí”, concluyó el juez Nigel Ross. Ponsatí puede ser detenida si regresa a España. Igualmente, las autoridades españolas podrían remitir a Bélgica una nueva orden europea de arresto y entrega contra la parlamentaria.

“Clara ha ganado en tres ocasiones y continúa resuelta a seguir luchando. Llevamos mucho tiempo en este proceso y la gente no ha de olvidar que sigue siendo una exiliada política. Quiere luchar, pero también quiere regresar algún día a su querida Cataluña”, dijo Anwer a este diario. El Supremo español reclamaba la extradición de la eurodiputada para juzgarla por un delito de “sedición” por su presunta participación en los sucesos del otoño independentista catalán de 2017. El resto de sus compañeros de Govern que no se fugaron fueron condenados en 2019 a diversas penas de cárcel e indultados en junio por el Gobierno.