La Unión Europea reactiva la agenda social para frenar las desigualdades

Europa afronta una recuperación a varias velocidades que amenaza con reabrir la brecha entre norte y sur y acentuar las desigualdades. Los líderes de la Unión Europea reactivaron este sábado una agenda social que garantice la “cohesión” y evite que la pandemia ahonde en las heridas heredadas de la anterior crisis. En concreto, la UE se fijó metas para reducir las diferencias sociales y combatir la exclusión y la pobreza. “Estamos aquí para renovar el contrato social europeo”, dijo António Costa, primer ministro de Portugal, que tiene la presidencia de turno de la Unión.

La UE lanzó en otoño de 2017 una batería de medidas para imprimir un giro social a sus políticas después de años de austeridad. Ante el ascenso del populismo y la extrema derecha, la Unión quiso recuperar la bandera social casi una década después del estallido de la crisis financiera. Sin embargo, la batería de medidas que debían definir el llamado Pilar de los Derechos Sociales tuvo un alcance muy limitado. Así lo recordaron las organizaciones sindicales en la cumbre en Oporto que se cerró este sábado.

Apenas han pasado cuatro años de la cumbre de Gotemburgo que alumbró esa nueva agenda social y la UE sale ya de otra crisis. La peor desde la II Guerra Mundial. Los líderes de la Unión Europea empiezan a ver el final de la depresión a medida que el ritmo de vacunación se acelera y los países empiezan a levantar restricciones. Aun así, Bruselas ha advertido del riesgo de que la pandemia mute en una crisis social.

La Comisión lanzó un plan de acción para revitalizar ese pilar social que debe acompañar el fondo europeo de recuperación. Se trata de una hoja de ruta que se ha empezado a ejecutar y que contiene medidas que han soliviantado a las patronales. El programa también incluye una iniciativa para promover vivienda asequible, la inversión en los sistemas de salud o la mejora de las capacidades laborales de los europeos.

La presidencia portuguesa se fijó el reto de dar un impulso al plan de acción lanzado por Bruselas buscando el apoyo de los Veintisiete y los agentes sociales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: “Si en Gotemburgo se trató de principios, en Oporto se trata de acción. Se trata de convertir esos principios en un cambio positivo que sea tangible para millones de europeos”. El consenso llegó tras superar los recelos provenientes de los países del norte, que reivindican sus competencias nacionales en políticas como el salario mínimo, pero también de Polonia y Hungría, que trataron hasta el final de eliminar cualquier mención a la “igualdad de género”.

La declaración final aprobada por los Veintisiete aboga por “profundizar en la implementación” del pilar social, que los países consideran “un elemento fundamental de la recuperación”. Siempre, eso sí, “con el debido respeto por las respectivas competencias y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad”, en una clara alusión a la controvertida propuesta para un suelo mínimo en las retribuciones. “Estamos comprometidos en reducir desigualdades, defender salarios justos, combatir la exclusión social y la lucha contra la pobreza, asumiendo el objetivo de luchar contra la pobreza infantil, y abordar los riesgos de exclusión de grupos sociales especialmente vulnerables como los parados de larga duración, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas sin hogar”, apunta el texto.

Trabajadores de plataformas

Los sindicatos querían ir más allá y pidieron “reconstruir el modelo social europeo” ante el deterioro de la situación social. Los datos del último análisis exhaustivo de Bruselas —que recogían la realidad prepandémica, de 2019— apuntaban a un paro juvenil del 17,1% (del 37,7% en España), una tasa de abandono escolar del 10,3% (el 17,3% en España) y del 21,4% de la población en riesgo de exclusión y una brecha salarial entre hombres y mujeres del 11,4%. “La UE se ha enorgullecido durante mucho tiempo de su modelo social. Su objetivo es garantizar que nadie se queda atrás. Pero incluso antes de la pandemia, nuestras sociedades se dividieron por desigualdades generacionales, de género y regionales. Esta no es la Europa que debiera ser”, afirmó el primer ministro italiano, Mario Draghi.

España empujó con fuerza para tratar de dar cuerpo a la declaración. El Gobierno de Pedro Sánchez firmó dos propuestas sobre política social, una de ellas con Bélgica, hizo una propuesta para levantar las patentes de las vacunas y envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, junto a otros cinco países en la que pedía acelerar la producción y la distribución de los fármacos. “Es imprescindible situar la dimensión social de la pandemia, que ha agravado, y mucho, las desigualdades sociales, intergeneracionales, de género y territoriales”, afirmó Sánchez.

La agenda social también ha sido una de las prioridades del presidente francés, Emmanuel Macron. A solo un año de unas elecciones en las que todo apunta a que volverá a batirse con la extrema derecha, Macron quiere ver el andamiaje de un pilar que consideró prioritario desde su llegada al Elíseo. El presidente francés insistió en la necesidad de escudarse contra el “dumping social” e hizo hincapié en los puestos de trabajo creados por las plataformas de internet. La Comisión Europea ya dio en febrero el primer paso para intervenir en un sector que no hace sino crecer. Bruselas estima que un 11% de los trabajadores están empleados por esas plataformas.

Los agentes sociales avalaron la hoja de ruta, con peros. Para los sindicatos, la UE debe ir más allá y reconstruir un modelo social maltrecho por las dos últimas crisis. Para las patronales, Bruselas se excede con su propuesta de directiva que obligará a la transparencia en los salarios y en la fijación de su salario mínimo. “Sobre el salario mínimo, hay resistencias, reticencias, momentos de crispación, pero son necesarios para que podamos avanzar”, zanjó Macron.