Las comunidades aíslan las residencias ante el temor a que se repita la tragedia
Nueve autonomías prohíben o recomiendan suspender visitas o la salida de mayores de los centros
Si hay un lugar vulnerable a la pandemia, son las residencias de ancianos. El virus se coló en estos hogares de mayores sin piedad y miles de personas perdieron la vida. Fueron unas 19.000, según un documento interno en el que el Ministerio de Sanidad reconoce que no se fía de la cifra porque cuestiona los datos de las comunidades. El temor a que se repita la tragedia está en boca de las familias, de los profesionales, de las empresas. Ante los rebrotes, nueve comunidades autónomas han prohibido o recomendado suspender las visitas o salidas de los mayores de estos centros en las zonas más afectadas. Expertos consultados apuntan que debe buscarse un equilibrio entre la contención del virus y salvaguardar los derechos de los ancianos. Hay asociaciones de familiares que se plantean tomar medidas legales.
Las comunidades autónomas, competentes en servicios sociales, han regulado la vida en los centros para adecuarse a los nuevos tiempos. Después de que muchos mayores pasaran los meses más duros de la pandemia aislados en su habitación, llegó por fin la nueva normalidad que trajo consigo reencuentros de hijos con sus padres sin besos ni abrazos. Reuniones con mascarilla, gel hidroalcohólico y varios metros de por medio, conversando casi a gritos.
Pero ahora, a medida que se han ido conociendo los rebrotes, los Gobiernos regionales quieren evitar que el virus entre en los centros. No se trata de volver al confinamiento en las habitaciones, pero sí limitar el movimiento de los ancianos. Castilla y León anunció el viernes que se suspenden las salidas de los centros en la ciudad de Valladolid, dado que hay un brote. Los mayores podrán recibir visitas, pero no dar un paseo o salir a tomar algo con sus familias. La medida se aplicará en los municipios castellanoleoneses en que se registre un foco, y hasta que este se controle. Sigue la senda de medidas restrictivas adoptadas en otras autonomías.
Galicia también había prohibido visitas y salidas en A Mariña cuando impuso restricciones en la zona (ya se han levantado). En el área de salud de Badajoz no están permitidas. En Cataluña, en los municipios afectados por las limitaciones para contener el brote, no puede haber ni visitas ni salidas de los centros inferiores a tres semanas. En Aragón, en las comarcas que acaban de retroceder a la fase 2, los centros pueden recibir a familiares, pero los mayores no pueden salir a no ser que lo hagan por periodo de un mes. En Murcia, se han prohibido visitas en la capital, en Totana y en Cieza (en esta última localidad se han podido retomar a partir de este lunes). En Euskadi, se han limitado las salidas y restringido las visitas a una sola persona (en Gipuzkoa se han ampliado a dos personas). Pero además en Navarra recomiendan restringir al máximo las salidas; en La Rioja, suspenderlas si no hay personal que las supervise. Y la Comunidad Valenciana está estudiando adoptar medidas restrictivas.
En España hay más de 280 brotes activos y la incidencia acumulada de casos se ha triplicado en poco más de dos semanas hasta niveles de la desescalada. La mayoría de comunidades no ha informado de cuántos focos activos hay en residencias —en estos entornos, un caso ya se considera brote— y el Ministerio de Sanidad tampoco lo precisa. La situación difiere mucho de una comunidad a otra. En Extremadura, Murcia o Canarias, por ejemplo, no hay ningún brote activo en estos centros. En Aragón, alrededor de una veintena. En Castilla-La Mancha se han detectado 54 positivos desde la semana pasada. El virus sigue presente en algunas residencias. En la localidad leridana de Alcarràs hay un brote con 81 afectados.
Las empresas avalan las restricciones e incluso las han consensuado con las autonomías. “Sacar a un residente una hora al día es un riesgo muy grande. Fuera del centro, perdemos el control. Hay familiares que se saltan a la torera la normativa de la Generalitat”, asegura Vicente Botella, presidente de la patronal catalana Upimir. “Estas medidas de restringir salidas y visitas son sensatas y razonables, aunque generalizarlas no me parece oportuno. Yo las limitaría a donde hay transmisión comunitaria o alta incidencia. Antes de cerrar cines o restaurantes, hay que blindar residencias, que es donde está la gente más vulnerable”, apunta Jesús Molina Cabrillana, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.
Blindar las residencias
Entre los familiares hay división de opiniones. “El error monumental hace meses fue no haber blindado a las residencias para que no entrara el virus. Dependiendo de cómo sea el rebrote, se tienen que restringir las visitas y las salidas”, defiende Miguel Vázquez, presidente de la asociación Pladigmare, en Madrid, quien acusa al Gobierno regional de “descontrol”. En Madrid no se han tomado nuevas medidas, como sí han hecho otras comunidades, pero Vázquez critica que “hace semanas el Ejecutivo informó de que 44 residencias prohibían las visitas debido a la presencia de casos, que luego esta cifra se rebajó a 25, y que ahora no aclara cuál es la situación actual”.
Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias, opina en cambio que “otra vez se está ignorando que son personas con derechos” y que “se trata a las residencias como a guetos, como si vivieran al margen de la sociedad”. Por ello explica que están estudiando medidas legales. Algo que también valora la Coordinadora 5+1, con ámbito en la provincia de Barcelona. Su portavoz, María José Carcelén, asegura que los meses de confinamiento fueron durísimos para los mayores, que sufrieron un “enorme” deterioro físico y emocional. “La solución no es prohibir visitas y salidas. ¿Cómo vamos a infectarlos si nos vemos a una distancia de dos metros, con una mampara, usando mascarilla?”, apunta. “Ahora que empezaban a recuperar la alegría... No los están protegiendo, sino condenando a la absoluta soledad”, dice.
Asegura que irán a los tribunales. “Las medidas en Cataluña no tienen amparo legal. Para el resto de población se recomienda salir lo mínimo imprescindible, es lo que ha avalado un juez. Pero paralelamente se dicta una instrucción que directamente prohíbe visitas y salidas en residencias. Sin estado de alarma, no se puede restringir la libertad de movimientos”, se queja Carcelén. Dos expertos consultados indican que existe un “vacío legal” en este ámbito.
“Las comunidades están haciendo una interpretación expansiva de la legislación de salud pública”, sostiene Alberto López Barasaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. “No se trata de analizar si las medidas son razonables, sino si puede adoptarlas quien las está adoptando”, añade. “La única previsión que existe para restringir el derecho de libertad de circulación es el estado de alarma, de sitio o de excepción”, explica Elviro Aranda, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. “Urge una regulación por parte del Estado en una ley orgánica”, afirma.
El encaje de preservar la salud pública con medidas tan restrictivas y mantener la calidad de vida de los ancianos es complejo. “Después de lo que se ha pasado, se entiende mucho que haya que tomar decisiones drásticas. Es un conflicto ético importante. Hay que adecuar estas medidas a la situación epidemiológica y garantizar excepciones, como permitir las visitas en el caso de ancianos en el final de vida o personas con demencia o alteraciones conductuales a las que les hace bien ver a su cuidador”, concluye Marco Inzitari, presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña.
Cinta Pascual, presidenta de la patronal española Ceaps, admite que estas medidas impactan en los ancianos, pero sostiene que son necesarias. “No cerramos por gusto, es porque hay rebrotes en el exterior y las familias, en general, lo entienden porque también tienen miedo. Yo soy partidaria de hacer cierres puntuales y no generalizados porque son medidas que limitan las libertades de las personas”, apunta. Los mayores, admite, “lo viven con resignación y hay a quien no le gusta nada”. “A mí tampoco me gusta, pero he aprendido a pensar que lo importante es proteger a todos”, zanja. Carcelén, portavoz de familiares en Barcelona, se muestra muy crítica. “¿Quién puede sostener ocho meses aislados de sus seres queridos?”, se lamenta. “Queremos que tengan un nexo con la vida. Lo único que los mayores no tienen es tiempo”.
“Las restricciones tienen un impacto dramático en la gente mayor”
En el plano emocional, el encierro alienta “la ansiedad, síntomas depresivos, confusión e incluso alteración de la conducta”, sostiene Inzitari. La falta de movilidad por la prohibición de las salidas o los paseos fuera de la residencia también precipita la pérdida de masa muscular y aumenta el riesgo de caídas —“y el miedo a caerse”, agrega el geriatra—. “El hecho de no seguir estimulados, el perder rutinas, lleva a un empeoramiento, sobre todo, de las personas que ya tienen un deterioro cognitivo. Se genera un círculo vicioso: se mueven menos, no tienen estímulos, entonces se producen alteraciones de su conducta, hay que medicarlos para que se tranquilicen, luego pierden movilidad, tienen menos masa muscular, avanzan hacia un encamamiento, y se mueven mucho menos. Y así continuamente”, explica.
La solución para evitar o intentar sortear la contrapartida de las medidas que, precisamente, tratan de evitar el contagio, es acompañar los planes de contingencia de las residencias de medidas específicas contra estas situaciones. Por ejemplo, enumera Inzitari: “Cuidadores estables que mantengan el vínculo con estas personas, refuerzo de los planes dentro de las residencias para favorecer la movilidad, viodeollamadas a las familias con dispositivos móviles grandes para que puedan ver bien, mantener rutinas y fomentar actividades, como las musicales, para que estén más entretenidos”.
Con información de Virginia Vadillo, Lucía Bohórquez, Mikel Ormazabal, Ignacio Zafra, Eva Saiz y Sonia Vizoso.
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