El Gobierno aprobará el martes la ley de cambio climático que impulsa el coche eléctrico

La ley de cambio climático formaba parte de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el compromiso era remitirla a las Cortes durante los 100 primeros días de mandato. Pero la crisis de la covid-19 ha retrasado la aprobación del anteproyecto de esta ley. Finalmente, el Consejo de Ministros “previsiblemente” dará luz verde al texto el martes, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del Gobierno. Comenzará así su recorrido en el Congreso, donde el gran reto para el Ejecutivo será recabar los votos suficientes para poder sacar adelante una norma que pueda ser estable en el tiempo. El texto de partida apuesta por la movilidad eléctrica en un momento en el que los fabricantes piden ayudas al Estado que no dejen fuera a los vehículos de gasolina y diésel.

El objetivo principal de la ley es establecer las bases para la descarbonización del país en 2050, cuando el 100% de la generación de electricidad deberá ser renovable. Según el texto, servirá para “movilizar” 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década de los años veinte. Y supondrá un incremento del empleo neto de entre 250.000 y 350.000 personas para 2030.

La norma debe permitir que España cumpla los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París. El último borrador del texto plantea varios objetivos concretos: en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse en al menos un 20% respecto a las de 1990. En esa misma fecha, el 35% del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable (ahora ronda el 18%). En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.

En el trámite parlamentario que comenzará la semana que viene se prevé que aumenten estas metas. Fuentes de Unidas Podemos han señalado este viernes que han pactado con el PSOE que, durante esa tramitación, el objetivo global de recorte de emisiones para 2030 pase del 20% al 23%. Además, según ese acuerdo, el consumo final de energía de origen renovable para esa misma fecha deberá llegar al 42%, frente 35% que aparece en el anteproyecto. También el porcentaje de renovables en el sistema eléctrico se incrementará y pasará al 74%, según las mismas fuentes. Estas cifras son las que figuran ahora en el plan de energía y clima que el Gobierno ha enviado a Bruselas.

Pero el texto abre la puerta a que toda esta batería de objetivos puedan ser revisados debido a las obligaciones internacionales del país. Aunque “solo se podrá contemplar una actualización al alza de las sendas vigentes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, señala el borrador.

La norma no solo plantea metas para el sector energético, también se refiere a la movilidad y al sector del transporte, que es responsable ahora de alrededor de un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Por un lado, como estaba previsto, se establece el objetivo de que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté libre de emisiones directas de dióxido de carbono. Para ello, el anteproyecto apunta a que “se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km”. En la práctica, establecer que todos los vehículos sean de emisiones cero supone cerrar la puerta a los vehículos de combustión e incentivar los eléctricos.

La aprobación de este anteproyecto llega en un momento en el que España, al igual que la Unión Europea, intenta diseñar los criterios con los que se ayudará a los sectores clave de la economía. Uno de esos sectores, el de la automoción, está presionando para que el Estado ponga en marcha un plan de ayudas directas a la compra de vehículos que no discrimine entre tecnologías, es decir, que también financie la compra de coches de diésel y gasolina.

El secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, en un acto convocado esta semana por la patronal de fabricantes de vehículos de España Anfac, se alineó con las tesis de los constructores. Y abogó por la puesta en marcha de un plan de ayudas directas a la compra de vehículos con "neutralidad tecnológica”, es decir, que también incluya la compra de coches diésel y gasolina. Sin embargo, el último borrador del anteproyecto de la ley de cambio climático que se prevé aprobar el martes no va en esa línea. Apuesta claramente por la movilidad eléctrica, por ejemplo, con la obligación a las gasolineras de instalar puntos de recarga. Se fijan varias exigencias para los municipios de más de 50.000 habitantes, que deberán poner en marcha zonas de bajas emisiones como tarde en 2023, además de planificaciones específicas de movilidad que incluyen el fomento de los vehículos eléctricos, el transporte público y la bicicleta.

Desinversiones en combustibles fósiles

Los combustibles fósiles ―los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero― están en el punto de mira de esta norma. Por un lado, se regula el veto a las nuevas explotaciones de hidrocarburos a partir de la aprobación de la ley y de la controvertida técnica de la fractura hidráulica. Por otro, se apuesta por un plan de desinversión estatal, aunque sin fechas claras ni un calendario concreto. El objetivo es que “la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil”.

La norma también centra una parte importante en la adaptación y apuesta por definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático para guiar las políticas y planes públicos. En la planificación urbana, se introducen modificaciones para que los Ayuntamientos tengan en cuenta el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Además, se imponen restricciones y limitaciones a las concesiones en dominio público marítimo terrestre en un intento por contrarrestar la reforma de la Ley de Costas llevada a cabo por el PP en 2013.