El juez procesa a la cúpula de iDental por fraude de 23 millones a la Seguridad Social

El caso de las clínicas de IDental, en el que decenas de miles de personas, generalmente con escasos ingresos, vieron como sus tratamientos odontológicos quedaban total o parcialmente sin realizar después de haberse endeudado con diferentes entidades bancarias para costeárselos, cerró este viernes la primera y menos conocida de sus ramas. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata concluyó la investigación contra la cúpula del entramado empresarial de IDental -y de su sucesora Institutos Odontológicos Asociados (IOA)- por 24 delitos contra la Seguridad Social con carácter agravado.

El magistrado atribuye a siete de los responsables del entramado, entre ellos Luis Sans y los hermanos Juan y José María Garrido, el supuesto impago fraudulento de cuotas de los seguros sociales de sus trabajadores por valor de 23,62 millones de euros –intereses incluidos– entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018. De la Mata, en una resolución notificada hoy, da por terminada la investigación y abre la vía para juzgar a los siete imputados. El Código Penal castiga este tipo de delitos con penas de entre dos y seis años de prisión y multa de hasta seis veces la cuota defraudada.

El magistrado recuerda que el grupo IDental era una estructura empresarial compleja formada por hasta 55 sociedades –clínicas y talleres odontológicos, sociedades de servicios…- pero que funcionaban de una manera unitaria. Las clínicas, recuerda el magistrado, funcionaban como una “estafa piramidal”. A medida que los clientes –pacientes con problemas bucodentales- reclamaban los servicios médicos por los que se habían endeudado con las entidades financieras, lo que suponía un gasto para la sociedad, era necesario captar nuevos clientes que dotaran de tesorería al sistema.

Parte de los fondos que se iban logrando se desviaban después a cuentas corrientes de Sans Huecas y los hermanos Garrido, según la investigación judicial. Los principales responsables de la trama tampoco dudaron en repartir dividendos anticipados millonarios mientras “despreciaban sus obligaciones de pago” a la Tesorería de la Seguridad Social, señala el magistrado, que abrió esta pieza separada el pasado 12 de marzo.

De la Mata señala que IDental “elude conscientemente” el pago de las cuotas de las empresas que se iban quedando sin trabajadores ni actividad. Además, sus responsables solicitaron de manera “torticera” aplazamientos de los pagos para así paralizar o suspender embargos de cuentas y terminales de pago de tarjeta. Mientras, dirigían buena parte de los fondos a sus cuentas e inversiones particulares o de sus testaferros. Uno de las personas interpuestas para evitar el control, José Luis González, tiene al menos 19 reseñas policiales, seis de ellas por estafa, según el auto. Además del dinero que obtenían por los pacientes, el grupo defraudó supuestamente 54 millones de euros a Bankia.

Listo para juicio

El magistrado ve indicios para juzgar a los primeros administradores del grupo, Vicente Castañer y Antonio Javier García Pellicer, así como a los posteriores propietarios, Luis Sans Huecas y los hermanos José María Garrido López y Juan Garrido López. También a otras dos personas que colaboraron con ellos, José Luis González y Domingo Bejarano Calabuig.

El juez distingue dos etapas en el fraude de iDental, una primera en la que se acumularon 8,5 millones de deuda y una segunda en que los impagos alcanzaron los 16,6 millones. A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir la estafa con el Instituto Odontológico Asociados, en el que dejaron de abonarse 1,7 millones.

En una primera etapa, estando al frente de las 55 empresas del grupo iDental Castañer y García Pellicer, el auto concluye que los impagos acumulados "en distintos periodos de los años 2015, 2016 y 2017 suman 8.514.927 euros de deuda principal". En un segundo periodo, la responsabilidad en estos actos defraudatorios recae en Sans y los hermanos Garrido López, mientras que González habría cooperado como testaferro.

Sans vivió la etapa en la que, según el juez, "la realidad es la inexistencia de financiación y el hecho de que, la que se utilizó, provenía de inversores externos en otro grupo de clínicas dentales (IOA) que los mismos responsables desviaron a iDental". A estas cifras, De la Mata añade los impagos de las empresas del grupo IOA, que suman 1,7 millones de 2017 a noviembre de 2018, de los que el juez responsabiliza a Sans, a los hermanos Garrido y al presunto testaferro Domingo Bejarano Calabuig.