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La estafa de las clínicas dentales

El juez sale en auxilio de los afectados de iDental ante las entidades financieras

De la Mata suspende las reclamaciones por los créditos impagados y obliga a sacar a los perjudicados de los ficheros de morosos

Afectados por el cierre de iDental protestan frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, el pasado julio.
Afectados por el cierre de iDental protestan frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, el pasado julio.EP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha salido este miércoles en auxilio de las decenas de miles de afectados por la estafa de Idental en toda España. El magistrado ha suspendido de manera cautelar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales emprendidas por una decena de entidades financieras para cobrar los créditos suscritos por los clientes de las clínicas para sus tratamientos odontológicos, que quedaron total o parcialmente sin realizar. El juez ordena a los acreedores que cesen en sus reclamaciones y que retiren de los registros de morosos a aquellos perjudicados que dejaron de pagar sus créditos.

La decisión del magistrado busca “evitar mayores perjuicios a los denunciantes” que estaban obligados a abonar las cuotas de los créditos concedidos por las financieras “a sabiendas de que el tratamiento odontológico no les será administrado”. El juez entiende que la continuación del pago o la ejecución de los créditos complicaría todavía más la situación de los afectados –casi todos personas de escasos recursos-. Los perjudicados, explica,  “se ven incluso imposibilitados de acudir a un nuevo tratamiento que trate de resolver su caso, o completar el tratamiento que, en muchos casos, ni siquiera ha sido, aparentemente, iniciado por iDental”.

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El juez argumenta en su auto que el incumplimiento, por parte de iDental, que cerró sus clínicas en junio de 2018, de sus obligaciones con los pacientes implica la resolución del contrato de préstamo que iba vinculado a aquellas. El magistrado aclara que la medida busca garantizar eficazmente los derechos del consumidor y evitar que durante la tramitación de la causa judicial por estafa, que se prevé prolongada, los afectados sigan expuestos a una situación injusta.

En su resolución, el juez ofrece a las entidades financieras distintas soluciones. En los casos en los que el tratamiento no ha llegado a iniciarse el magistrado plantea cancelar los contratos o la devolución de los créditos, después de que un dentista realice una evaluación de la parte del tratamiento no prestada. Otra alternativa es que las entidades financieras proporcionen a los afectados continuar los tratamientos en otras clínicas dentales que consideren oportunas.

El requerimiento del magistrado se ha cursado a las siguientes financieras: Sabadell Consumer Finance SAU, Banco Cooperativo Español SA, Evo Finance, Santander Consumer Finance, Banco Cetelem SAU, Banco Pichincha, Uno-e-Banka, BBVA Consumer Finance, Finanmadrid SAU, Pepper EFC y Montjuic EFC SA.

La Asociación de Consumidores FACUA, que ejerce la acusación particular y representa a numerosos afectados, valora de forma positiva esta medida cautelar. La organización va más allá y reclama sanciones para las entidades que han incluido en los registros de morosos a perjudicados por el fraude. FACUA ha denunciado ya a algunas de estas financieras ante la Agencia Española de Protección de Datos por llevar a cabo esa práctica y ante Consumo a las que seguían reclamando los pagos por los tratamientos, en muchos casos inacabados o sin empezar.

María García, madrileña de 57 años, se encontró con la boca desdentada y con una deuda de 3.000 euros cuando las clínicas de iDental cerraron el 14 de junio de 2018. Como no podía hacer frente a los pagos de los créditos, EVO la incluyó en la lista de morosos. "En la encía de arriba tengo la dentadura provisional, con heridas porque es de mala calidad y abajo solo los tornillos para los implantes", describe. Recibe la noticia de la decisión judicial con alegría, pero recuerda que hace unos días le llegó un correo electrónico de la financiera en la que le pedían que se pusiera en contacto con ellos "para evitar papeleos y juicios". 

Una de las letradas del despacho Themis, que representa a afectados de Madrid, Valencia, Valladolid, Sevilla y Málaga, explica que han demandado a las entidades financieras, además de por mala praxis, "porque es una intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen que los nombres de los afectados aparezcan en ficheros de morosos". La abogada asegura que los perjudicados reciben sms, correos electrónicos o cartas de reclamación. "A las personas mayores les mandan cartas y con los más jóvenes utilizan las nuevas tecnologías", relata. 

Hay que tener en cuenta que, una vez incluidos en el listado de morosos, es más complicado que reciban otros créditos para poder finalizar los tratamientos "porque las financieras consultan esos datos", aclara. Ella representa a personas que no han podido acceder a otras líneas de crédito por ese motivo y que no cuentan con los recursos para costearse otro tratamiento. Son afectados que continúan sufriendo daños que van a más, "porque padecen degeneraciones de huesos o infecciones o les han colocado prótesis mala de mala calidad", enumera. La letrada hace especial hincapié en el "daño psicológico". "Veo como viene la gente y como se ponen la mano discretamente delante de la boca al hablar, es tremendo".

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