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Las comunidades hablan de más de 400.000 posibles afectados en la supuesta estafa de iDental

La Audiencia Nacional pide a los Gobiernos regionales que identifiquen a los perjudicados

iDental
Afectados por el cierre de clínicas IDental se manifiestan, en una concentración frente al Ministerio de Sanidad.

Representantes de 14 comunidades han aterrizado este jueves en la Audiencia Nacional en una jornada insólita en el órgano judicial. Por primera vez, un magistrado ha organizado una reunión con los Gobiernos regionales, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para coordinar la actuación durante el macroproceso que ha arrancado por la supuesta estafa urdida en torno a la red de clínicas iDental. Los Ejecutivos autonómicos hablan de más de 400.000 posibles afectados.

Entre otras cifras facilitadas durante la reunión, la Comunitat Valenciana calcula que suma más de 200.000 perjudicados; Andalucía, 90.000; Cataluña, 42.000; Murcia, 12.000; y Aragón, 12.000. Pero, de momento, son solo datos aproximados. "El juez ha dicho que la dimensión social y la complejidad del caso obligababa a una actuación de coordinación de este tipo", ha detallado Blas García, subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que ha añadido: "Lo primero que vamos a hacer es identificar a todos los usuarios afectados y se lo vamos a remitir al juzgado para conocer realmente la dimensión del caso".

El magistrado de Instrucción número 5, José de la Mata, ha decidido también crear una oficina específica para la causa iDental, desde donde se coordinará la información e investigación. Se destinarán así recursos específicos para este macroproceso. Y, según han especificado los miembros de las consejerías presentes en el encuentro, los Gobiernos regionales van a recabar ahora información de los expedientes individuales de los perjudicados para remitirla a la Audiencia Nacional.

De la Mata asumió esta causa el pasado julio e investiga los delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, lesiones, contra la salud pública, apropiación indebida, administración fraudulenta y falsedad documental. Según las primeras investigaciones, esta red de clínica dentales —que se valía de un entramado societario de más de un centenar de empresas— utilizaba técnicas de marketing muy agresivas para atraer clientes con escasos recursos económicos, a los que ofrecía créditos bancarios para costear sus tratamientos. Una vez que los cobraba, dilataba o anulaba las citas. Los pacientes han denunciado también lesiones y el uso de materiales de baja calidad.

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