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Engaño y falta de control

La exigencia de responsabilidades no debe limitarse a quienes han engañado y se han lucrado con el fraude de iDental

Afectados por el cierre de iDental protestan frente al Ministerio de Sanidad en Madrid.
Afectados por el cierre de iDental protestan frente al Ministerio de Sanidad en Madrid.

El cierre de las 25 clínicas de la cadena iDental ha hecho emerger un fraude a gran escala que venía operando desde 2014 sin que se hubieran activado los mecanismos de control que deben garantizar tanto los derechos de los pacientes como la calidad de las prestaciones sanitarias. El hecho de que la salud bucodental solo esté mínimamente cubierta en las prestaciones de la Seguridad Social ha hecho que muchas personas con pocos recursos económicos fueran víctimas de una publicidad engañosa que presentaba a iDental casi como una ONG — Dentistas con corazónera su eslogan—, lo que hace más abominable el fraude.

En apenas cuatro años estas clínicas han atendido a más de 200.000 pacientes. Se desconoce cuántos de ellos han sido víctimas del engaño y de las malas prácticas, pero de momento son ya más de 8.500 las reclamaciones presentadas en las oficinas de consumo de las comunidades autónomas. La fiscalía instará la persecución penal, pero la exigencia de responsabilidades no debe limitarse a quienes han engañado y se han lucrado con este sistema de franquicias combinado con un negocio de créditos al consumo. La estafa y los daños no hubieran alcanzado este volumen si las administraciones implicadas no hubieran fallado en su misión de vigilancia y control.

Hacía tiempo que se venían presentando reclamaciones por malas prácticas, falta de esterilización de los instrumentos y engaño, a pesar de lo cual las clínicas siguieron operando. Esta falta de diligencia in vigilando podría dar lugar ahora a reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado. El cierre de las clínicas ha dejado a miles de pacientes con secuelas graves y tratamientos inacabados, sin poder disponer siquiera de sus historias clínicas. Es preciso que las nuevas autoridades sanitarias y de consumo extremen la vigilancia de las cadenas de servicios sanitarios y se pongan a disposición de los afectados para apoyarles en sus reclamaciones.

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