Un informe desvela una red de más de 100 empresas creadas en torno a iDental

"Implantes que se caen, dentaduras destruidas, tornillos salidos, miles de tratamientos a la mitad...". Con absoluta indignación, Benito Lupiañez enumera la historia de los cientos de afectados por el caso iDental, una red de clínicas odontológicas que cerró la pasada primavera sin previo aviso y que ha sacado a la luz presuntas irregularidades, según denuncian partidos, profesionales del sector y asociaciones de consumidores. Un caso que Sanidad y varios Gobiernos autónomos ya han puesto en manos del ministerio público.

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"El modelo empresarial es idéntico o muy parecido al de Vitaldent", subraya un informe encargado a una agencia de detectives por el Consejo General de Dentistas de España. Este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe el entramado societario que había detrás de esta red de 25 clínicas. "El conjunto de mercantiles —más de un centenar— que conforman iDental ha sido configurado para prevenir y minimizar posibles riesgos. La responsabilidad de las distintas compañías está muy delimitada gracias a la compartimentación de empresas", dice el texto, encargado por el consejo ante las sospechas de irregularidades. El informe explica que creaban sociedades según su función dentro de la cadena de trabajo y en las distintas localidades donde aterrizaban. Un "entramado" que los consumidores temen que les impida ahora adjudicar las responsabilidades patrimoniales para resarcir a los afectados.

El Consejo de Dentistas encargó en 2016 este informe después de que el sector viviese un escándalo mayúsculo. En febrero, la policía detuvo a la cúpula de Vitaldent por constituir "un grupo para eludir impuestos y blanquear dinero" procedente de los pagos en metálico en sus clínicas. La investigación sigue en la Audiencia Nacional y su fundador permaneció en prisión provisional más de un año.

Pero, de momento, el caso iDental no ha adquirido tal dimensión y sus protagonistas lo limitan a una presunta estafa. El informe de las agencias de detectives establece similitudes entre ambos casos por el modelo de negocio low cost: "Con la salvedad de que en Vitaldent eran clínicas franquiciadas y en iDental son participadas por acciones". Ambas compañías se dirigían a clientes con escasos recursos económicos. "Se interesaban por los servicios de iDental por las excelentes condiciones económicas, con descuentos que en algunos casos llegan a superar el 80% del precio inicial. Se le ofrece una financiación a su medida a través de préstamos personales suscritos con entidades financieras", reza el documento.

Fue el caso de Lupiañez, de 52 años, que preside la asociación de afectados de Sevilla. Cuando acudió a la clínica, solo ingresaba una prestación para desempleados de poco más de 400 euros. Según relata, a través de "un marketing muy agresivo y publicidad engañosa", le presupuestaron un tratamiento de más de 20.000 euros, pero le dijeron que aplicarían un descuento del 90% gracias a las subvenciones que afirmaba recibir de la UE y de la Junta de Andalucía. "Pero esta cadena, que obviamente es una empresa privada, no tenía subvenciones", insiste Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas. Este organismo habla de la existencia de más de 100.000 perjudicados.

"Lo que realmente sucedía es que supuestamente inflaba el precio de los tratamientos para luego aplicar grandes descuentos", añade Castro. A ese punto se refiere también el informe de los detectives, que apunta que iDental adquiría los implantes en Brasil: "Materiales muy económicos y posiblemente de menor calidad, pero que cuentan con las homologaciones y certificaciones". Eso sí, añade el texto, esto "les deja un margen de beneficio muy elevado".

Las actuaciones iniciadas

Las denuncias de irregularidades no quedan solo en los pacientes. La consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, reveló que en esta comunidad se han registrado más de 3.000 reclamaciones contra iDental y se han puesto en marcha 35 procedimientos sancionadores por valor de más de 1,2 millones de euros. El Gobierno regional trasladó también a la Fiscalía las presuntas irregularidades detectadas en las clínicas de Sevilla y Córdoba ante la posibilidad de que puedan constituir un "delito de estafa o contra la salud pública".

Además, la asociación de consumidores Facua, que aglutina ya a más de 3.000 afectados, subrayó que la Dirección General de Consumo andaluz le impuso a la compañía una multa de 100.000 euros en 2017, pero denunció que se le permitió en 2015 abrir un centro en la capital hispalense pese a que contaba con un informe en contra de la inspección sanitaria.

"Estamos ante una supuesta estafa que afecta también a otras comunidades. Por tanto, es un asunto del que podrían derivarse responsabilidades penales", ha apuntado también la consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, que se ha reunido con el ministerio público. Y la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha instado a las entidades bancarias a que suspendan los créditos que concedieron a los pacientes para sus tratamientos.

"Desde 2015 se han ido produciendo reclamaciones de mala praxis, prestación irregular de servicios, tratamientos interrumpidos o sin empezar", enumera la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha dado apoyo a los afectados y que no considera un caso aislado el de iDental. "Estamos ante una dinámica extendida en el sector —como demuestran ejemplos anteriores de empresas como Funnydent, Vitaldent o Dentaly—, que evidencia un modelo de negocio a base de franquicias que se aprovecha del hueco abierto por las débiles prestaciones públicas en la salud dental", remacha.