“Me han dejado a medias tres implantes y no puedo comer”

“Confident… y no te dejes engañar”. El lema aún decora el escaparate de la clínica dental de Collado Villalba que cerró sin previo aviso el 15 de diciembre dejando en el aire los tratamientos de sus clientes. “Es una tortura pasar varias veces al día por su puerta”, asegura Cristina Chamorro, una afectada. La suya es una de las 15 denuncias que ha registrado la Guardia Civil por valor de 45.000 euros. Sin embargo, los agentes sospechan que el número de damnificados es superior. En el grupo de Facebook creado por los pacientes la cifra asciende ya a 70. “Mucha gente sigue sin saber lo que ha pasado porque aún no ha acudido a su cita”, subraya Chamorro.

Así se enteró ella: fue al centro para continuar su tratamiento y se encontró las puertas cerradas. Días más tarde los clientes se toparon en ellas con una dirección de correo electrónico. “Nos dijeron que habían tenido un problema y que reabrirían pronto. Hasta que descubrimos que estaban sacando el mobiliario y que habían puesto un anuncio en Internet para vender el material de la clínica”, relata Chamorro. Ella había abonado por adelantado los 1.080 euros de un implante, pero nunca se lo pusieron. “He tenido que ir a otro dentista y pagar otros 500 euros”.

Los dueños de Confident acabaron reconociendo ante los clientes que habían solicitado el concurso de acreedores y aseguraron que el juzgado se pondría en contacto con ellos para devolverles el dinero. Los propietarios de la clínica, el matrimonio compuesto por Adolfo G. y Blanca B., fueron detenidos el 27 de enero por un presunto delito de estafa. Al marido lo arrestaron en el aeropuerto de Barajas cuando regresaba de Sudáfrica y a ella en su domicilio de Torrelodones. El juez les retiró los pasaportes y los dejó en libertad con la obligación de personarse en sede judicial dos veces al mes. “En este país la presunción de inocencia no existe”, dijo Blanca B. a EL PAÍS. Ambos rechazaron dar su versión de los hechos.

“Había muchos cambios de dentista”

Los pacientes estudian realizar una demanda conjunta. “A algunos no nos merece la pena meternos en pleitos, pero queremos que los dueños reciban un escarmiento”, subraya Chamorro. Natalia Sánchez, de 26 años, es otra de las afectadas. Utilizó todos sus ahorros, 2.300 euros, para pagar por adelantado su tratamiento. Luego se quedó sin trabajo. “No es solo una estafa, es también un delito contra la salud pública. Me han dejado a medias tres implantes y no puedo comer”, explica la joven, que ahora no tiene recursos para acudir a otro especialista. Y asegura: “Me llamaban a menudo para hacerme más implantes. Noté que querían sacarme el dinero”. Olga Hernández tuvo la misma sospecha: “Había muchos cambios de dentista. A mí me trataron dos. Además, no dejaban pagar con tarjeta”. La mujer se queja de que el centro comenzó el tratamiento de su hija a finales de noviembre, “cuando los propietarios ya sabían que cerraban”.

“Ahora debo 6.000 euros por mi tratamiento y el de mis dos hijos, todos sin terminar”, se lamenta Hernández. Una preocupación que comparte con Cristina Alcázar, de 28 años. Le quedan 1.200 euros por pagar del crédito de 3.000 que solicitó. “Me pusieron unos brackets y ahora me he tenido que buscar otro dentista y volver a pagar”. Su financiera le ha confirmado que debe seguir abonando la cuota por el tratamiento que nunca le terminaron. Fracciona, la financiera de Evo Banco, que ya suspendió los pagos a los damnificados por las clínicas Funnydent, ha anunciado que contactará personalmente con sus seis clientes afectados en Confident “para que puedan completar su tratamiento con garantías”.  Mientras tanto, Evo Banco suspenderá el cobro de los recibos. Otras financieras de otros afectados, como Mare Nostrum, de Bankia, afirman que esa solución depende de la decisión de los administradores concursales de la clínica clausurada.

El caso de Confident no es el primero de este tipo. Uno de los más mediáticos tuvo lugar en enero de 2016, cuando las nueve clínicas dentales de Funnydent echaron el cierre de un día para otro sin dar ningún tipo de explicación a sus clientes. Solo dos semanas más tarde fueron detenidos el dueño y 12 directivos de Vitaldent por fraude fiscal y blanqueo de capitales. En abril de ese año los pacientes de Mi dentista, en el centro comercial Islazul de Madrid, también se encontraron las puertas cerradas al acudir a su cita.