El dueño de Funnydent ofrecía tratamientos gratis a sindicatos y funcionarios
La empresa cerró sus nueve clínicas por sorpresa en enero dejando a 3.000 pacientes en la estacada
Cristóbal López, dueño de las clínicas dentales Funnydent, en libertad provisional por un presunto delito de estafa, ofreció rebajas y tratamientos gratis a organizaciones sindicales y de funcionarios para “reflotar la empresa”, según un exdirectivo. Se reunió con sindicatos, policías, bomberos y representantes de los trabajadores de los Ayuntamientos de Alcobendas y Fuenlabrada en conocidos restaurantes. Según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, les ofreció tarjetas oro por valor de 5.000 euros y de plata (1.500) para usar en sus centros, aunque todos aseguran que no las aceptaron.
"El objetivo [del ofrecimiento de las tarjetas] era reflotar las clínicas" y que los empleados viesen "que se estaba trabajando en ello", explica una exdirectiva de la cadena, que cerró en enero sin previo aviso y dejando a unos 3.000 pacientes en la estacada. Cristóbal López, administrador único de la sociedad, está acusado de un presunto delito de estafa por valor de 8,8 millones. Se encuentra en libertad provisional desde el 21 de marzo.
El dueño de Funnydent y su equipo ingeniaron una fórmula, basada en la entrega de tarjetas gratuitas a cientos de funcionarios y sindicalistas, para llevar a cabo su plan. Existían de dos tipos: las llamadas oro, cuyos titulares se beneficiarían de tratamientos gratuitos, y las plata. Los poseedores de estas últimas tenían derecho a descuentos en sus tratamientos de hasta un 80% del precio total.
La primera de las reuniones que mantuvo Cristóbal López con colectivos se celebró el 9 de septiembre de 2015. Según un documento interno de la sociedad, además de López, otras siete personas representaron a Funnydent en esa reunión: el director financiero, el responsable del departamento jurídico, el director de márketing, la subdirectora de recursos humanos, el jefe de marca, el jefe de conductores y el delegado en Cataluña, donde la empresa tenía dos de sus nueve clínicas. Al otro lado de la mesa, el secretario general de UGT en el corredor del Henares, Jesús la Roda, y su secretario de Acción Sindical. Hubo una comida en el restaurante Casa Grande, de Torrejón de Ardoz, y allí el dueño de Funnydent acordó entregar a los sindicalistas 25 tarjetas oro para los miembros de su directiva, otras 10 para familias desfavorecidas, "que UGT seleccionará", y 500 tarjetas plata para afiliados.
"Estamos muy orgullosos de cerrar este primer acuerdo, que sin duda será el primero de otros muchos que conseguiremos cerrar en breve y que contribuirán al crecimiento de la empresa", reza el documento interno de Funnydent.
Jesús la Roda, secretario general de UGT Este, confirma que la reunión existió, pero rechaza haber firmado ningún convenio. Además, sostiene que ningún miembro del sindicato se ha beneficiado de los privilegios ofrecidos por el administrador de los centros dentales. "Casi llegamos a un acuerdo, pero vimos que era una milonga. No nos gustaron las formas de ese señor, que nos obligaba a rellenar unas fichas con nombres de nuestros afiliados, cosa que no podíamos hacer por la Ley de Protección de Datos", explica el dirigente sindical.
Aviso del servicio jurídico
Una semana más tarde del encuentro, afirma La Roda, el servicio jurídico de UGT les avisó de que una empleada de Alcalá de Henares había demandado a Funnydent porque llevaba desde agosto sin cobrar su nómina. Días después, fueron los clientes de Torrejón de Ardoz los que requirieron la ayuda del sindicato para denunciar que no estaban recibiendo el tratamiento contratado. "Eso terminó de convencernos de no seguir adelante". Aún así, La Roda sostiene que "nunca" habría permitido a su ejecutiva usar esas tarjetas y que lograr el acuerdo no dependía de él ni de sus dirigentes, ya que "existen órganos provinciales y regionales que deben dar el visto bueno".
El mismo día de su encuentro con UGT, el 9 de septiembre de 2015, Cristóbal López se reunió con dos miembros de la Policía Nacional a instancias de una dirigente del cuerpo en Alcalá de Henares, según el informe de la empresa. En ese encuentro esbozaron "un acuerdo que consistirá en 25 tarjetas Funnydent oro para los altos cargos y 700 tarjetas plata para el resto de componentes" [del cuerpo]. Según el informe, ese acuerdo se unía al alcanzado con los bomberos de la zona norte (Torrejón-Alcalá de Henares), que comprendía 15 tarjetas oro para la directiva y otras 400 para el resto de miembros del cuerpo. Este periódico no ha podido obtener la versión de las autoridades, pero en los documentos internos a los que ha tenido acceso se aporta fotografía de dos tratamientos de agentes policiales: uno por valor de 5.500 euros, que con la rebaja queda en 1.500 y el segundo de un importe de 700 euros que finalmente se fija en 250.
El día 10, cinco cargos de las oficinas centrales de Funnydent (incluido el dueño) y tres dirigentes de la clínica de Alcobendas se reunieron, según el texto de la empresa, con dos personas "muy relevantes en la zona norte de Madrid, una de ellas un alto cargo del Ayuntamiento de Alcobendas". El documento vuelve a dar relevancia al hecho de que este tipo de encuentros reportaría "grandes beneficios" a Funnydent, en torno a 4,8 millones de euros.
Dádivas prohibidas a funcionarios
El 11 de septiembre de 2015 el dueño de Funnydent acudió al Consistorio de Fuenlabrada para "cerrar un acuerdo con la plataforma de trabajadores del Ayuntamiento". López se reunió con África Martín, secretaria general de este sindicato, formado por funcionarios y personal eventual. Le ofreció 20 tarjetas oro para los directivos (100.000 euros) y otras 500 plata para el resto de trabajadores (750.000). Martín confirma el encuentro y la foto que ilustra el documento, aunque afirma que la realizaron "sin su consentimiento". Asegura que nunca rubricó el convenio.
A Juan Jiménez-Piernas, abogado de varios trabajadores despedidos de Funnydent, le parece "obsceno que el administrador del grupo comprometiera tratamientos gratuitos completos, cuando la mayoría de trabajadores llevaban cobrando menos del salario mínimo desde hacía al menos cuatro meses". Y añade: "Tanto el Estatuto del Empleado Público como el Código Penal (artículo 422) prohíben que los funcionarios puedan recibir dádivas o regalos".
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