Sanidad lleva al fiscal el cierre de una red de clínicas dentales que afecta a miles de pacientes

El cierre sin previo aviso de las clínicas iDental ha dejado a decenas de miles de pacientes con bocas desdentadas, tornillos metálicos de implantes sin acabar y encías con infecciones. El caso, que afecta a 11 comunidades, supone uno de los mayores escándalos sanitarios de las últimas décadas en España, afirma Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid. El Ministerio de Sanidad reunió el jueves a los directores generales de consumo de las regiones afectadas y remitirá a la Fiscalía la documentación para investigar si existe delito.

Los pacientes muestran con pudor los destrozos que les han ocasionado en sus bocas los tratamientos dentales inacabados, que les impiden llevar una vida normal. Son las secuelas que arrastran desde que la empresa iDental clausuró en los últimos meses sus 25 clínicas low cost, abiertas en 2015. El precio se convirtió en el principal imán para unos clientes, que en muchos casos carecen de recursos económicos. “Por eso fui yo allí”, cuenta Isabel Vergara, una madre separada con dos hijos que trabaja en una pizzería y cobra 1.000 euros. “Me abrieron el paladar y me pusieron la ortodoncia a finales de 2016 y sigo con ella y con unos problemas terribles de infecciones”, explica.

Desde que la clínica cerró ha iniciado un peregrinar por diferentes hospitales públicos de Madrid, donde le han recetado antibióticos. Ahora la atiende un maxilofacial y va “tirando”, aunque la solución es que le retiren los brackets. Para ello le piden un peritaje, “porque al cerrar la clínica no tengo ningún historial médico y eso supone 1.500 euros”, asegura Vergara. El tratamiento, que en su caso pagó sin financiación, le costó 3.200 euros.

IDental se presentaba como “un centro a la vanguardia en técnicas de odontología avanzada y con un marcado carácter social”. El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), Antonio Montero, explica que uno de los creadores de la empresa, Antonio Javier García Pellicer, “inventó el método fast and perfect, que consistía en quitar todos los dientes de un paciente para sustituirlos por cuatro implantes sobre los que ponían una prótesis de resina que decían que era definitiva, pero que realmente son temporales”. Un procedimiento que utilizaron para tratar a Asunción Pico, que muestra su desdentada boca, mientras narra cómo le sacaron todas las piezas y le colocaron ocho implantes (cuatro arriba y cuatro abajo). Como se lo han dejado a medias, tiene dificultades para alimentarse que, afirma, le afectan a su diabetes.

Miles de personas acudieron al reclamo del bajo precio. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, asegura que no puede dar la cifra concreta de afectados. La Asociación El Defensor del Paciente cifra en 350.000 las personas afectadas en toda España, pero ni el Ministerio de Sanidad ni la asociación de consumidores Facua cuentan con esos datos. “Es obvio que serán cientos de miles, pero con certeza solo lo pueden saber los dueños, aunque en Valladolid han confirmado 12.000 historias clínicas”, explica Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

El problema se multiplicó porque acudieron familias enteras, muchas de las cuales continúan pagando los créditos que iDental se encargaba de tramitar con diferentes financieras. Es el caso de Esther González, jubilada de 76 años, con la dentadura mal colocada y heridas en las encías. Continuará pagando 81,77 euros mensuales hasta 2019. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha instado a las entidades bancarias a que suspendan los créditos que concedieron a los pacientes para sus tratamientos. Desde su ministerio informan de que las comunidades continuarán informando y asesorando a los afectados.

Andrea García, abogada que representa a 35 afectados de toda España, asegura que las entidades financieras han paralizado los pagos a sus representados, a lo que están obligados por ley.

Montero explica que iDental cerró las clínicas por completo después de que los trabajadores realizarán una huelga por llevar meses sin cobrar. El presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid afirma que existen tres casos de ancianos con hepatitis C, que se sospecha que pudieran haberse infectado en las clínicas. Fue esta entidad la que puso en conocimiento de la Consejería de Sanidad de Madrid denuncias de los empleados que aseguraban que no se esterilizaba el material, añade. “Tenían constancia de que existían solo dos autoclaves (instrumento para esterilizar) para 80 sillones dentales cuando lo normal es uno para cada tres”.

Hepatitis C

Un portavoz de dicha consejería sostiene que no tienen constancia de que alguien se pueda haber contagiado de hepatitis C, lo mismo que las asociaciones de consumidores. La Comunidad de Madrid ha abierto 15 expedientes sancionadores en 2017 y 2018. Ayer, la Consejería de Economía abrió un expediente sancionador a la empresa “por infracciones graves y muy graves” por los perjuicios causados a los consumidores.

En Andalucía ha registrado ya 3.270 reclamaciones de afectado y ha levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas abiertas allí. Además, la Junta de Andalucía ha iniciado 35 procedimientos sancionadores, que implicarían una multa de un total de 1,2 millones de euros, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, no contestar hojas de reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios.

Sánchez, portavoz de Facua, indica que para ellos “es muy grave que las comunidades tuvieran abiertos expedientes y no hubieran trascendido, porque así se protegen más los intereses del defraudador que los derechos de los pacientes”. Recuerda que “hay gente a la que se les han causado daños irreversibles, por los que hay que reclamar a la Justicia”.