Los tribunales certifican el desmoronamiento del imperio iDental

La irrupción policial en 17 clínicas odontológicas de iDental en agosto constituyó el prólogo de una muerte anunciada. Tras meses de impagos a trabajadores, denuncias de pacientes y el cierre de los establecimientos al público —además de una investigación de detectives privados que desveló una amplia red empresarial—, la Audiencia Nacional puso con esa macrooperación punto final a una trama sobre la que los tribunales estrechan ahora el cerco. Medio año después de estallar el escándalo, el magistrado José de la Mata avanza con la instrucción general por estafa y blanqueo de capitales, que este martes permitió la detención de los fundadores de la compañía; un juzgado de Gijón ya la ha declarado en rebeldía y la ha condenado por negligencia; y en los juzgados de lo Social sigue la batalla de los empleados que se quedaron en la calle.

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Beatriz Sanz, de 30 años, fue una de ellas. Cuenta que desde enero de 2016 trabajaba en la sede central de iDental, en Rivas Vaciamadrid (Madrid), como coordinadora del call center de atención al cliente y con un salario base de 1.082 euros. El 11 de junio de 2018, apenas dos meses antes de que todo saltara por los aires, recibió el breve comunicado de la empresa: no debía volver. "Fue de un día para otro", recalca esta graduada en Magisterio, solo unas semanas después de tener a su primer hijo: "Desde entonces, solo gracias a mi pareja estoy saliendo adelante". Porque los empleados quedaron atrapados.

"A todos dos los trabajadores le dieron un permiso retribuido. Es decir, se les eximió de ir a su puesto y se les prometió que se les seguiría pagando. Pero no se les abona nada desde entonces y, como siguen dados de alta en la Seguridad Social, no pueden acceder a otro trabajo ni a la prestación por desempleo", explica el abogado laboralista Juan Antonio Jiménez-Piernas, que representa a Beatriz Sanz, que aún no sabe tampoco si podrá recibir el permiso de maternidad. "Así que, por tanto, se encuentran en el más absoluto desamparo hasta un juez decida extinguir sus contratos", apostilla el letrado. Y van muchos meses de espera.

Las sospechas contra iDental comenzaron a tomar forma a principios de 2016. Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer habían fundado en 2014 en Alicante una red de clínicas que se extendía a una velocidad de infarto. Con cerca de 3.000 trabajadores, su facturación alcanzó los 125 millones en 2016, según informó el fondo de inversión Weston Hill, que la compró por 25 millones en 2017. Bajo el lema Dentistas con corazón, ofrecían tratamientos odontológicos a personas con escasos recursos, a las que ofertaba tratamientos con supuestos descuentos de hasta el 80%, que financiaba supuestamente la UE y la Junta de Andalucía. Pero esas subvenciones no existían, según explica Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas, que encargó entonces un informe a una agencia de detectives privados.

Ese documento, incorporado a la instrucción, desvela que habían tejido una red de más de cien empresas para "prevenir riesgos" —adquirían, además, implantes "de menor calidad" en Brasil para colocarlos en España y aumentar así su beneficio—. Un entramado que los gestores de iDental han querido reproducir otra vez, una vez intervenida la compañía por la Audiencia Nacional. El pasado octubre, De la Mata descubrió que trataban presuntamente de volver a montar un sistema similar a través de testaferros. "Cuando la Guardia Civil entró en los centros de iDental, se dio cuenta de que faltaban materiales y documentos. Se habían llevado cosas apresuradamente", detalla el presidente del Consejo de Dentistas, personado en la causa. Pretendían abrir 180 nuevas clínicas en todo el país mediante una nueva red llamada Institutos Odontológicos Asociados (IOA). También estaban intentando implantarse en Reino Unido.

Actualmente, "la prioridad absoluta es asegurar la salud de las personas. Para ello, es necesario garantizar la continuidad de los servicios odontológicos", insiste en un auto el magistrado, que también trabaja desde hace meses en precisar el número de afectados por esta presunta estafa, que acumula denuncias por lesiones y tratamientos abandonados a medias. En ese sentido, a través de una pieza separada, el juez tomó declaración como imputados a dos trabajadores de la empresa informática que almacenaba los historiales clínicos, que fueron borrados —según ellos, por impagos de iDental—.Y los Gobiernos autonómicos hablaron el pasado verano de 400.000 posibles afectados. "Pero ese era un dato estimatorio, en base a todos los pacientes que pasaron por las clínicas. Una vez hechas las primeras depuraciones, debe rondar entre 18.000 y 20.000", precisa Castro, que explica que ahora habrá que diferenciar entre los casos de fraude, mala praxis y delitos contra la salud pública.

Desviación de fondos

"También, quién se hace responsable", añade el presidente del Consejo de Dentistas, que recuerda que De la Mata envió a prisión a tres de sus directivos detenidos en la operación de octubre. Los fundadores, por su parte, no han sido detenidos hasta el pasado martes, acusados de desviar a su patrimonio personal cerca de 60 millones procedentes de fondos de inversores internacionales destinados a reflotar empresas en crisis.

Mientras tanto, iDental hace meses que no se presenta a los juicios. Por ello, el juzgado de Primera Instancia número 6 de Gijón, que ha condenado a la compañía a pagar 26.000 euros por los daños causados a una paciente, la ha declaró "en rebeldía". Y también, por ejemplo, el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid tuvo que suspender un acto de conciliación entre la sociedad y un trabajador.

"Es un proceso largo y tedioso", subraya Beatriz Sanz, que ya sabe que, en su caso, el juicio ha sido fijado para el próximo 30 de abril. Pero, entonces, comenzará otro arduo procedimiento. "iDental previsiblemente no se presentará y, en la práctica, si ganamos, esta se declarará insolvente para abonar los salarios que debe y las indemnizaciones. Por lo que, finalmente, tendrá que pagarlo el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), [dependiente del Ministerio de Trabajo]", explica su abogado, que concluye: "Así pasará con muchos trabajadores. Y hablamos de decenas de miles de euros que saldrán del dinero de todos".