Los servicios sociales necesitan 1.300 millones para igualar la inversión previa a los recortes
Un informe revela las desigualdades entre las comunidades: Madrid es la peor valorada y Castilla León, País Vasco y Navarra, las mejores
En España aún no se han recuperado los niveles de inversión pública en servicios sociales previos a los recortes. El año pasado habría hecho falta inyectar 1.300 millones de euros para igualar los valores de 2010, antes del tijeretazo, según el índice DEC, que evalúa la situación de este pilar del Estado de bienestar, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este lunes en Madrid. Hace nueve años, las Administraciones destinaron el 1,68% del PIB al sector, frente al 1,57% de 2018. En términos absolutos, la cantidad de 2010 se ha superado. Pero el PIB ha aumentado en este tiempo, y el porcentaje para servicios sociales, no. De haberse igualado, los 18.871 presupuestados el año pasado se habrían elevado hasta 20.180. El estudio dibuja además un panorama de grandes desigualdades entre las comunidades autónomas. Madrid es la peor valorada. Castilla y León, País Vasco y Navarra son las mejor situadas.
“Esta legislatura que termina ahora ha sido buena para los servicios sociales, casi todas las regiones han mejorado, pero el último año muestra cierto estancamiento”, explica Gustavo García, coordinador del índice DEC 2018. A principio de la legislatura se constata una mejora del marco normativo, al igual que un incremento de financiación desde 2014. Y a partir de 2015 se aprecia una “leve mejora” de la cobertura de prestaciones. Sin embargo, la asociación alerta de un riesgo de involución hacia formas “asistenciales” con trabajadores tan sobrecargados por la cantidad de procedimientos existentes que corren el peligro de convertirse en meros verificadores de los requisitos para acceder a las ayudas. “Oficinas de checking social para clasificar a los ciudadanos”. Por ello reclaman recursos y más capacidad para poder dedicarse a prevenir e intervenir ante situaciones o riesgos de exclusión.
“Hay dos grandes atascos que impiden que los servicios sociales se desarrollen más. El primero, la infrafinanciación de la dependencia, que ha llevado a las autonomías a un límite. Hay que exigir que los partidos cumplan el pacto de Estado por la dependencia, por el que se comprometieron a revertir los recortes”, expone Gustavo García. “El otro gran atasco es la inexistencia de una ley estatal de garantía de rentas. Esto es preocupante. Nos pasamos el día tramitando ayudas, el bono eléctrico, la vivienda, alimentos… sería más lógico disponer de un sistema que englobe todos estos puntos. Esperamos que en esta legislatura que empieza no se pierda la oportunidad de, al menos, abrir el debate”, sostiene. “Las comunidades no se ponen de acuerdo ni en el nombre”, añade.
Para David Escudero, vallisoletano de 33 años, se llamó renta garantizada de ciudadanía. Él y su mujer la pidieron después de que en 2010 se quedaran en paro. Y tras sufrir un desahucio. Entonces tenían una hija. Ahora dos. “No teníamos nada. Era nuestra única opción. Tardamos seis meses en cobrarla. Eran 594 euros”, cuenta. “No daba para vivir, pero ayudaba. Pude hacer un curso gracias a la Fundación Secretariado Gitano y ahora trabajo como cocinero. Mi mujer también se formó y tiene un empleo fijo”, relata.
Rkia Ouinais no ha tenido esa suerte. Esta mujer de 40 años y origen marroquí vive en la Comunidad de Madrid. “Mi marido me maltrataba psicológicamente”, recuerda. Así que en 2015 cogió a sus dos hijas y se fue de casa. Ha pedido la renta mínima de inserción dos veces. La primera, en 2016. No le fue concedida. La segunda, en 2017. Ahora ha encontrado trabajo a tiempo completo en un restaurante. Pero su trayectoria ha sido “muy difícil”, plagada de empleos parciales y precarios. Ha acumulado deudas, favores, ayudas de toda clase. “El problema es que al principio no conocía mis derechos. No sé leer ni escribir. No quiero que nadie pase por esto”, prosigue.
Los servicios sociales atienden cada año a unos ocho millones de personas, según la asociación. Para elaborar el informe, han valorado 25 indicadores relacionados con el reconocimiento y la cobertura de derechos y con el esfuerzo financiero —desde el gasto público, a plazas en residencias o cobertura de las rentas mínimas de inserción o el sistema de dependencia, por ejemplo—. Esta es la segunda ocasión —de las seis ediciones que lleva este estudio— en que España consigue superar el cinco en la calificación. En 2018 obtuvo un 5,22, un aprobado raspado. En 2015, a principios de legislatura, había sacado un 4,54. Este es el motivo por el que la evolución de los últimos cuatro años es aceptable globalmente. No obstante, apuntan que se detecta un cierto estancamiento.
La asociación da una puntuación a cada región y califica su sistema de servicios sociales en una escala que va desde la irrelevancia a la excelencia. Castilla y León, con un 7,45 y una calificación de “medio”, País Vasco (7,20) y Navarra (7,15), ambas con un sistema puntuado como alto, son las mejor paradas. La Comunidad de Madrid, con un 3,20, es la peor valorada y además la que mayor deterioro registra. Obtiene la calificación de “irrelevante”, que comparte con autonomías como Andalucía, Murcia, Canarias o la Comunidad Valenciana. En el índice se destaca, no obstante, el esfuerzo de las autonomías, especialmente Canarias y la Comunidad Valenciana, que eran las dos regiones con menor desarrollo y en los últimos años han mejorado, aunque continúen en una situación de debilidad.
El estudio dibuja grandes desigualdades. Así, en el País Vasco las Administraciones destinan 703 euros por habitante y año a servicios sociales, frente a los 297 de Murcia. El porcentaje del PIB regional que Extremadura dedica al sector es del 2,49%, frente al 1,01% de la Comunidad de Madrid. En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes, una carga que se multiplica por diez en Madrid, hasta llegar a un trabajador por cada 8.354 personas. En Castilla y León esperan para recibir la ayuda por dependencia el 1,6% de las personas que la tienen reconocida, frente al 29,6% de Canarias. Las rentas mínimas de inserción alcanzan en el País Vasco a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra, a dos de cada tres (66,1%), mientras que en Castilla-La Mancha solo llegan al 2,1%.
La asociación precisa que las diferencias no solo se deben a la “extrema disparidad del gasto”, sino que se explican en clave organizativa: gastar más no significa necesariamente ofrecer más prestaciones y servicios. “Los territorios más eficientes coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales”, se explica en el informe. Comunidades como Extremadura, Asturias, Navarra o País Vasco presentan una escasa cobertura en relación al gasto. Otras autonomías como Andalucía, Galicia o Castilla y León tienen sistemas más eficientes, con más equilibrio entre lo que gastan y los servicios que ofrecen.
Las comunidades, con competencia en la materia, han sostenido el sistema. En 2018 aportaron un 62,4% del gasto, frente al 25,1% de las entidades locales y al 13,5% de la Administración General del Estado, el “único nivel que no se ha recuperado tras los recortes”. La asociación destaca que el Estado ha mantenido “sin duda la política más dura respecto al gasto público” en el sector. Cita, por ejemplo, los recortes en dependencia, que aún no se han recuperado. La asociación insta por ello a alcanzar el 2% del PIB de inversión en servicios sociales durante la próxima legislatura, en especial, con el incremento de la aportación estatal.
Entre las recomendaciones de la asociación destaca la incorporación de los servicios sociales como derechos fundamentales de ciudadanía en la sección primera del título 1 de la Constitución o el desarrollo de una ley estatal de servicios sociales. Y que se reviertan los recortes. José Manuel Ramírez, su presidente, insiste: “Es fundamental para salir de este estancamiento”.
Un sistema público de información
Entre las recomendaciones de la asociación figura que se desarrolle un sistema público de información. Tardaron dos meses en recopilar los datos para elaborar el informe y lamentan la mala calidad de algunos de ellos. El Ministerio de Sanidad ya ha anunciado que está trabajando en ello, aún en una fase inicial. “Estamos trabajando con las comunidades para fijar estándares e indicadores comunes sobre los que construir un sistema unificado”, explican fuentes del ministerio.
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