La Superintendencia de Salud prorroga por un año la intervención de la Nueva EPS

La Superintendencia de Salud ha anunciado este jueves que prorroga por un año más la intervención de la Nueva EPS, la Entidad Promotora de Salud (EPS) más grande de Colombia. Según el organismo estatal, encargado de vigilar y fiscalizar el funcionamiento del sistema sanitario, se mantienen los problemas financieros y de prestación de servicios que lo llevaron a tomar el control de la empresa mixta en 2024. Asimismo, la Superintendencia ha señalado que aún persisten las carencias de información contable. “Se hace un llamado a esta EPS para que prontamente ponga al día sus estados financieros”, se lee en un escueto comunicado.

La Nueva EPS, de participación accionaria público-privada, está en el centro de la preocupación por la crisis del sistema de salud. Es la aseguradora más grande, con 11 millones de afiliados, y tiene una población más envejecida que la media. Es, además, la que más dinero adeuda, según un estudio de marzo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que agrupa instituciones públicas y privadas. “Tiene una deuda con el sector prestador de 5 billones de pesos [unos 1.200 millones de dólares]. Esto requiere de una atención especial del Gobierno; creemos que es necesario que la intervención a esa entidad se acompañe de una capitalización urgente para equilibrar su funcionamiento”, señala el informe.

La crisis de la Nueva EPS está lejos de resolverse, tras un año de administración definida por el Ejecutivo. Los datos de la Superintendencia muestran que la tasa de peticiones, quejas y reclamos por cada 10.000 afiliados ha ido en aumento tras la intervención: pasó de 21,3 en marzo de 2024 a 35,2 en enero de este año. Sus afiliados han sido especialmente afectados por la falta de medicamentos, tras las decisiones de laboratorios y gestores farmacéuticos de restringir el suministro por deudas acumuladas. El Gobierno defiende que necesita de más tiempo para mostrar resultados. “Cuando intervenimos una EPS que está en malas condiciones, no podemos esperar que los resultados se vean de inmediato”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una entrevista con El Tiempo en diciembre.

El presidente Gustavo Petro considera que la corrupción y los malos manejos financieros en las EPS son la principal causa de la crisis que atraviesa el sistema. Por eso, apostó gran parte de su capital político en una reforma a la salud que les quitara funciones. Cuando esta se hundió en el Congreso, en abril del año pasado, optó por intervenir las que EPS tienen más dificultades. Eso implicó remover de sus funciones a los gerentes y las juntas directivas, designados por sus propietarios, y nombrar interventores elegidos por la Superintendencia. Sin embargo, tres de las intervenidas están en el centro de un nuevo escándalo de corrupción: S.O.S., Asmet Salud y Emssanar.

Ha pasado un año desde las intervenciones y la reforma a la salud vuelve a estar en el centro de la agenda política del país. Tras aquel fracaso de abril de 2024, en el siguiente mes de septiembre el Gobierno presentó un nuevo proyecto de reforma, muy similar al negado por el Legislativo. Estuvo estancado hasta comienzos del pasado mes de marzo, cuando la Cámara de Representantes lo aprobó. Para que se vuelva realidad, aún debe pasar por la Comisión Séptima del Senado, la misma que archivó el proyecto hace un año y que hace dos semanas hundió la reforma laboral, otra de las grandes insignias del presidente Petro.