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RENTA MÍNIMA

El Defensor del Pueblo reprende a Madrid por las rentas mínimas

La institución considera que los beneficiarios de esta prestación se encuentran en situación de "indefensión" ante la Comunidad y que se ven "gravemente" perjudicados

Manuela Cortés, en la casa que ocupa en Camarma de Estertuelas, en la Comunidad de Madrid.
Manuela Cortés, en la casa que ocupa en Camarma de Estertuelas, en la Comunidad de Madrid.

El Defensor del Pueblo considera que el procedimiento por el que la Comunidad de Madrid comunica las suspensiones de la renta mínima genera "indefensión" en las familias. Se trata de la prestación a la que pueden recurrir quienes ya han agotado el resto de ayudas sociales (entre 400 euros para una persona y 900 para una familia), el último colchón para amortiguar la pobreza. La institución señala que en "numerosas" ocasiones los beneficiarios reciben "resoluciones modelo" en las que se les informa de manera genérica, por lo que "es difícil que el ciudadano pueda saber con certeza por qué no cumple los requisitos". Una vez enviada la carta, el beneficiario solo dispone de 10 días hábiles para presentar alegaciones. El Defensor realiza varias recomendaciones a la Comunidad de Madrid para que mejore el sistema. Las asociaciones que presentaron la queja aseguran que los casos de "gestión irregular" han ido en aumento el último año.  

"Hay días que no tengo qué llevarme a la boca", cuenta Manuela Cortés, que tiene 47 años y dejó de percibir la renta mínima hace año y medio. "Hay un bar enfrente y cada dos días nos dan lo que sobra en la cocina, con eso tiramos", dice. "Tengo problemas de riñón, de corazón, diabetes, tensión alta, anemia severa... hace poco me hicieron una transfusión de sangre. Tengo depresión. No puedo valerme por mí misma", enumera al teléfono de su nuera, que se lo ha prestado. Ella no tiene móvil. Su historia es la de una mujer agotada, enferma, perdida entre la burocracia de la pobreza, que lleva a su vez a más pobreza. Ella, su marido y sus seis hijos vivían en una chabola hace 20 años. Sobrevivían gracias a la chatarra. Fueron reubicados en un piso de protección oficial en Alcalá de Henares. Entonces cobraban la renta mínima. "Podíamos llenar la nevera y pagar el alquiler", afirma. Años después, en 2010, fueron desahuciados. "La única opción que teníamos era ocupar", dice.

En 2017 recibió la carta. Le comunicaban que dejaba de percibir la renta mínima, aunque no explicaban bien por qué. Le dieron una horquilla de opciones. Finalmente se enteró: los datos del padrón no cuadraban con los de su residencia oficial. Ella seguía empadronada en su anterior domicilio. Intentó cambiarlo. Lo logró el día en que la desalojaban de la casa que había ocupado, pero no en los tres meses que le habían dado como plazo. Así que perdió la renta mínima. Volvieron a ocupar, esta vez en el municipio de Camarma de Esteruelas. Ahora vive con dos hijos —uno de ellos menor— y su marido. Ha vuelto a pedir la prestación, pero asegura que, de nuevo, tiene problemas con el padrón. "Me exigen pagar una deuda de agua. Pero yo no puedo pagar ni las medicinas que necesito para vivir. El último año he ingresado varias veces. Y ahora tengo el nuevo juicio para otro desalojo", dice. 

Su expediente fue uno de los que presentaron en mayo de 2018 una quincena de asociaciones —entre ellas el Movimiento ATD Cuarto Mundo España o Asociación Apoyo— en su queja al Defensor del Pueblo. Según datos oficiales, en 2017 se notificaron 7.150 resoluciones de suspensión, temporales o definitivas. El año pasado, la cifra ascendió hasta 10.040. De ellas, 4.710 se debían a la incorporación al mercado laboral. Más de 2.500, a falta de documentación. Entre otras causas, fuentes del Gobierno regional también enumeraban que los servicios sociales habían perdido contacto con el usuario o variaciones en la unidad de convivencia, por ejemplo. Estas fuentes aseguran que en 2018, cuando se otorgaron unas 33.000 rentas mínimas en la comunidad, emitieron más de 261.000 notificaciones a los perceptores y que la voluntad del Gobierno es que no se llegue a la suspensión. 

Pero la realidad es que se llega y que, según las asociaciones que presentaron la queja, hay "irregularidades" en la gestión de estas ayudas. El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid que pase a otorgar "razones concretas" en las cartas en las que comunica la suspensión de las rentas mínimas. También ha criticado que, en los casos en los que posteriormente el ciudadano demuestra que sí tenía derecho a percibir la ayuda, este no recibe automáticamente los meses que dejó de cobrar —lo cual "perjudica gravemente a los beneficiarios, que se encuentran en situación de precariedad económica y por ello en riesgo de exclusión social"—, por lo que insta al Ejecutivo a cambiar la legislación para que se proceda "de oficio al abono de los atrasos". La institución señala además que "se desconoce si existe algún caso en el que la Administración haya realizado el trámite de audiencia a la hora de suspender temporalmente una prestación de renta mínima de inserción". "Más bien, parece que en todo caso se prescinde de dicho trámite", critica el Defensor.

La renta mínima es subsidiaria, es decir, que quien la percibe debe acreditar que no se beneficia de otras prestaciones. La institución señala que en ocasiones "a pesar de que los interesados acreditaban haber solicitado una prestación ante el Servicio Público de Empleo Estatal, y que esta había sido denegada, se mantenía la suspensión por no cumplir el requisito de subsidiariedad" , por lo que "se desprende la necesidad de adoptar medidas que eviten estas situaciones". 

Pero las organizaciones sociales que presentaron la queja aseguran que durante este año han documentado aún más problemas con las rentas mínimas. "Personas de origen migrante que llevan años viviendo en España a quienes se exige un certificado que demuestre que no cobran prestaciones en sus países de origen, aun con sistemas de cobertura diferentes al español. O madres divorciadas a las que se deriva al fondo de garantía de pago de alimentos para que sufrague la pensión alimenticia que debería asumir el padre, al que se accede tras un proceso judicial que puede tardar años", explica Hontanares Arranz, portavoz de las asociaciones que acudieron al Defensor del Pueblo. Afirma que el próximo viernes presentarán una nueva queja ante la institución. 

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